Un Estado de Derechos

Normativamente la Carta Magna consigna el disfrute de algunos derechos humanos: educación, alimentación, salud, vivienda, niñez, medio ambiente, planificación familiar, cultura, agua y saneamiento, y cada vez son más los mexicanos excluidos de esos derechos. Los tres niveles del Poder Ejecutivo compiten para liderar estrategias y políticas que generan mayores desigualdades e injusticias sociales y, en sentido inverso, favorezcan el enriquecimiento de las empresas transnaciona- les. El agua es un recurso escaso y los recursos hídricos están sobreexplotados para favorecer un crecimiento económico depredador de los recur- sos naturales: un vacuno consume al día más de 100 veces la cantidad de agua que una persona, y las actividades primarias consumen nueve veces más agua que todo el consumo doméstico nacio- nal; sin embargo, el ajuste siempre es por el con- sumo doméstico y no en la agricultura y ganade- ría intensivas.

El agua es el derecho básico para acceder a los otros derechos, y es obligación del Estado garanti- zar su acceso en condiciones óptimas de cantidad, calidad y precio. Nadie puede ser excluido de su servicio por insolvencia económica, y privatizar ese servicio es garantía de lo contrario. En lugar de modificar la Ley de Aguas del estado de Puebla en la perspectiva de mejorar la calidad del servicio y garantizar su acceso a través de una dotación bási- ca que permita mejorar las condiciones de higiene y salud de la población (por ejemplo la gratuidad de 12 metros cúbicos de agua por familia al mes), se privatiza ese servicio y se da autonomía de ges- tión a particulares para que determinen a su libre albedrio las tasas y tarifas del servicio de agua y saneamiento. Si Pemex se privatiza, es pecata minuta privatizar el Sistema Operador de Agua Potable de los municipios, las vialidades públicas o los fondos de pensiones de los trabajadores.

La nueva Ley de Aguas recién aprobada por el Congreso local contraviene preceptos constitucio- nales y normas federales, por lo que proceden los amparos colectivos o individuales para impedir este atropello de los derechos humanos. Mejorar las con- diciones de vida de la población y no empeorarlas es lo que se espera de un gobierno, si no democrático, al menos sensible a su legitimidad. El crecimiento económico promovido por las grandes empresas trasnacionales no sólo es depredador de nuestros recursos naturales, sino también expoliatorio del patrimonio familiar y de nuestra dignidad; políticas redistributivas y proactivas es lo deseable para gene- rar empleos y mejorar el poder de compra de las mayorías, no la privatización de los bienes públicos.

 

· La imagen de nuestra portada es el cometa Ikeya-Seki, descubierto

en 1965. Fotografía obtenida con la Cámara Schmidt de Tonantzintla

Archivo Institucional INAOE