Una de los retos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es garantizar los derechos humanos de los migrantes, tanto de los mexicanos que radican en el extranjero como los de no mexicanos que transitan por nuestro territorio con la finalidad de llegar a los Estados Unidos (EEUU).
Los mexicanos radicados fuera de su país tienen el ofrecimiento de AMLO de defenderlos a través de los consulados, que para este propósito se convertirán en procuradurías, que los ayudarán cuando esté en peligro su integridad física, social, económica y cultural. Los compatriotas con residencia legal en EEUU gozarán de defensa legal cuando sus derechos humanos sean violentados y los consulados apelarán a instancias internacionales en su defensa. En la frontera norte de nuestro país se instalarán oficinas para atender a deportados y habrá programas para una reintegración digna de éstos en nuestro territorio. Los migrantes internacionales que ingresen a México tienen la garantía de que no se violentarán sus derechos humanos y su tránsito por nuestro país será seguro y ordenado (Proyecto de Nación, 2018-2024, páginas 98-103).
También hay el compromiso de la actual gestión presidencial de revertir las condiciones sociales, económicas y políticas de las regiones expulsoras de migrantes, para que emigrar sea un derecho y no una necesidad; de regular la migración internacional a través de convenios bilaterales (México-Canadá, México-EEUU y México-Centroamérica); de combatir frontalmente la corrupción y abusos de autoridad de funcionarios públicos y de los cuerpos de seguridad pública, de facilitar la evaluación de la política migratoria por parte de la sociedad civil, y de hacer segura la frontera sur de México en función del interés soberano y con respeto de los derechoso humanos.
La estrategia definida por AMLO para atender la migración recoge añejas demandas de los mexicanos radicados en EEUU: la defensa de sus mancillados derechos, aunque solo sean los humanos. Tradicionalmente los consulados no atendían sus reclamos, tampoco las casas de los gobiernos estatales. Durante el gobierno de Barack Obama la limpieza étnica se magnificó y cada año de su gestión deportó cientos de miles de mexicanos (los eventos fueron 474 mil al año) sin que el gobierno mexicano asumiera su defensa o su integración a la sociedad mexicana. El maltrato y la discriminación sufridos por los connacionales en EEUU empequeñecen con relación a los que en México le damos a los migrantes centroamericanos: aquí sufren extorsión, trata, vejación, violación y secuestro. Ahora AMLO se compromete a respetar su dignidad y sus derechos humanos y a erradicar la corrupción y abuso de autoridad; su tránsito por México no solo será ordenado y seguro, sino que tienen el ofrecimiento de visa de trabajo por si desean residir en nuestro país.
Las acciones migratorias se multiplican y el presupuesto no solo es el mismo, sino que ha menguado por la estrategia de austeridad republicana. El ingreso a México por la frontera sur se estima en un millón de personas para este año, el triple de las que ingresaron en 2018; las solicitudes de asilo en la frontera sur para este año será de 60 mil, el doble que las registradas un año antes (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, La Jornada, 5/05/2019). La población nacida en México y residente en EEUU es de 12 millones y los consulados no tienen capacidad para gestionar sus solicitudes ni existe presupuesto para asesorarlos o defenderlos. Hay estrategias de alianzas con autoridades locales de EEUU, involucramiento de la sociedad civil y ayuda de organismos internacionales, pero el presupuesto de operación del año en curso no aumentó en función de la ampliación de las tareas. La concreción de los compromisos derivados de la política migratoria será lenta.
El déficit presupuestal de 2019 es inalterable, ha declarado AMLO, y no aumentará la deuda pública para fondear el gasto público, ni habrá nuevos impuestos ni incremento de los existentes. El aumento de la inversión procederá del combate a la corrupción y de la austeridad republicana, y la expectativa de crecimiento para este año será, en el mejor de los casos, igual que la del año precedente: no habrá incrementos espectaculares de la ocupación (menor a 2 por ciento) y los nuevos salarios mínimos en México (con mayor poder adquisitivo) siguen siendo 10 veces menores a los que los migrantes devengarían en EEUU, por lo que será muy limitada la retención de migrantes en tránsito (13 por ciento entre asilados y repatriados).
Los primeros años de gestión pública suelen ser más modestos que el último año de la gestión precedente: el crecimiento económico del primer año de las gestiones de Ernesto Zedillo y Vicente Fox fueron negativas; el crecimiento económico del primer año de la gestión de Felipe Calderón fue la mitad del último año de Vicente Fox, y el primer año de la gestión de Enrique Peña fue casi la tercera parte del crecimiento del último año de Felipe Calderón. Comparado con la economía en ruinas heredada de Enrique Peña Nieto, crecer entre 1.5 y 2 por ciento no es ineficiencia ni descalificación de gestión, mucho menos, cuando hay una mejoría en la calidad de vida de la mayor parte de la población.
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