Organizaciones sociales, colectivos, comunidades urbanas y rurales de pueblos indígenas, sistemas comunitarios de agua, núcleos agrarios, cooperativas, universidades, académicos y colegios de profesionistas articulados en la Coordinadora Nacional Agua para Todxs y en las contralorías autónomas del agua denunciaron una aprobación apurada de la iniciativa en materia hídrica, sin revisión pública profunda, y el rechazo de propuestas surgidas de parlamentos abiertos y audiencias públicas. Los argumentos son claros: se empujan modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales (LAN), de carácter salinista, que no cambian de fondo su esencia de acumulación y sobreexplotación hídrica y una Ley General de Aguas (LGA), sin efectos exigibles, incompatible con el mandato constitucional de equidad, sustentabilidad y participación.
Como premisa constitucional: el artículo 4° reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento y ordena bases para un acceso equitativo y sustentable con participación social lo que no se tradujo en la sustitución de la LAN por una nueva LGA en tiempo y forma sino en esta mezcla en donde permanece la LAN y se aprueba una LGA pero sin aterrizaje claro, para ello la Comisión Nacional del Agua, Conagua, argumentó desde el 1 de octubre que en los 18 foros realizados para consultar la legislación habría habido un consenso de las y los participantes en continuar con la LAN y crear una LGA, lo que desde múltiples y diferentes organizaciones sociales y colectivos como los antes mencionados, no es verdad, ya que en esos 18 foros hubo participación tanto de la academia como de la sociedad que se manifestó por abrogar la LAN y generar una sola LGA, incluso con argumentos desde personas expertas en análisis constitucional, dada la necesidad de coherencia legislativa.
Además, las diferentes organizaciones hemos explicado que esta nueva legislación hídrica enuncia derechos y un marco filosófico con el que estamos de acuerdo, ya que expone el agua como un bien público, un bien común y un derecho humano y no como una mercancía, pero no fija obligaciones verificables ni mecanismos eficaces contra acaparamiento, sobreexplotación y marginación hídrica. Por lo que, sin deberes, controles y consecuencias, el derecho se debilita y persiste la “gobernanza” vertical y en donde las relaciones de poder sobre todo económico son las que cobran peso.
La participación social y comunitaria olvidada
Las organizaciones que hemos venido trabajando desde 2012 para elaborar la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Agua, ICLGA y que presentamos en 2020 con 200 mil firmas en la Cámara de Diputados a nivel federal y que luego participamos en un maratónico esfuerzo para preparar un predictamen de LGA que no avanzó en la Comisión de Recursos Hidráulicos, CRH de esa legislatura, sin justificación y que luego volvimos a presentar por segunda vez en ambas cámaras en la siguiente legislatura y que luego del 1 de octubre de 2025 en que se anunciara por Conagua, en la Mañanera del pueblo, los cambios a la legislación hídrica, presentamos por tercera vez, a través de diputados y diputadas tanto del Partido del Trabajo como de Morena, por supuesto, producto de un proceso continuo de trabajo colectivo y comunitario mejorando nuestra iniciativa ciudadana. Además, en esta ocasión propusimos a la CRH del Congreso que se desarrollara un proceso participativo escuchando y tomando en cuenta todas las iniciativas y propuestas ciudadanas lo que logró que comunidades y ciudadanía organizaran 16 foros de parlamento abierto (siendo el primero el 30 de octubre en el Congreso local de Puebla), y se presentaron más de 500 propuestas en audiencias públicas (norte-centro-sur). Aun así, dichas propuestas no fueron tomadas en cuenta.
Estas propuestas se resumen en siete puntos, los que como movimiento que trabaja desde los territorios por un buen gobierno del agua manifestamos e impulsamos durante este proceso de cambio legislativo, buscando aportar a lo que consideramos un proceso de interés nacional:
- Prohibir la privatización de obras hidráulicas y de sistemas de agua y saneamiento como el caso de Puebla, donde proponíamos la desprivatización a través de un artículo transitorio.
- Reconocer derechos de pueblos indígenas al agua en la LAN de manera clara y enunciativa.
- Consejos de Cuenca con representación real (pueblos indígenas, núcleos agrarios, comunidades afectadas, sistemas locales de agua, personas investigadoras y defensoras) lo que propusimos se nombrará Consejos Regionales.
- Tipificar la contaminación como delito y reformar el esquema inefectivo de la LAN, planteando la reparación del daño, lo que en el tema de la salud es fundamental y urgente.
- Extinguir volúmenes industriales y de servicios cuando no se hayan pagado derechos.
- Proteger a personas usuarias agropecuarias familiares ante extinción por no comprobar uso en dos años.
- Reconocer y proteger territorios y acuíferos kársticos por su vulnerabilidad.
Temas urgentes para abordar y que no
están considerados en la legislación aprobada
- Desmontar acaparamiento y sobreexplotación: que enfrenten sobreconcesionamiento a partir de un plan regionalizado y aterrizado con participación social y comunitaria.
- Garantizar derecho humano al agua: con obligaciones claras sobre manejo, presupuesto y prioridad a poblaciones con marginación hídrica con seguimiento y contraloría ciudadana.
- Ordenar concesiones: cambios no solo nominales del registro, democratizando su manejo con participación de Pueblos Indígenas, Sistemas Comunitarios de Agua y Núcleos Agrarios.
- Cerrar la puerta a la corrupción: con transparencia integral (listas por cuenca/acuífero, prelación, notificaciones, pagos y caducidad por adeudos, tecnologías y consejos con revisión).
Estos temas enfrentando que es necesaria la revisión de la configuración institucional del actual gobierno del agua, que dista mucho de ser bueno y efectivo, dadas las quejas y demandas a nivel de las delegaciones de Conagua y del sistema en su conjunto, por ejemplo, el hecho de que solo se ha estado cobrando alrededor de 20 por ciento de los derechos adeudados por usuarios industriales y de servicios, lo que de no plantear mecanismos de control abriría incentivos para prácticas corruptas.
Acciones inmediatas
La aprobación apurada de esta legislación hídrica y su publicación en el Diario Oficial el 12 de diciembre de este año, lleva a que en 180 días deba ser aterrizada en las legislaciones estatales, lo que implica que será necesario impulsar nuestras propuestas pendientes y urgentes a nivel estatal, lo que para el caso de Puebla requerirá desde el análisis que se ha estado realizando desde diferentes espacios sociales, colectivos y comunidades urbanas y rurales, académicos y de investigación:
La abrogación de la actual Ley de Agua en el estado, y el impulso de una nueva Ley de Agua a partir tanto de esfuerzos como el impulsado por la Asamblea Social del Agua, ASA, desde 2016, con la Iniciativa Ciudadana de Ley de Agua para el Estado de Puebla, que incluso ya ha sido presentada en el Congreso local en esta legislatura, como de lo que proponemos debería organizarse a partir de una comisión especial para tal caso, en una mesa de trabajo con participación amplia de diferentes sectores, entre ellos comunidades urbanas, rurales, pueblos indígenas, colonias y barrios urbanos, universidades, académicos, colegios de profesionistas, entre otros.
La necesidad de fortalecer y multiplicar la organización de las Contralorías Autónomas del Agua, tanto la estatal como a nivel municipal y local que vigilen y den seguimiento a la gestión del agua a nivel local, incluso para cuidar los diversos cuerpos de agua: ríos, manantiales, humedales, pozos, entre otros, lo que vaya definiendo la población en cada territorio, según sus necesidades y acuerdos comunitarios.
Es esencial que este proceso de corto, mediano y largo plazo se mantenga a todos los niveles fortaleciendo la participación y la organización desde los territorios, teniendo como horizonte la abrogación en lo nacional de la LAN y el fortalecimiento de una sola LGA en el país que garantice de manera cada vez más concreta y efectiva la construcción de un buen gobierno del agua que parta desde nuestras identidades, diálogo de saberes de manera inclusiva y justa, teniendo al agua-naturaleza como parte sustancial de nuestra vida y nosotros de ella.
