Secularmente los planes y programas de gobierno ubican el desarrollo integral del ser humano como su objetivo supremo, pero en la práctica privilegian la estabilidad de precios y del tipo de cambio y el equilibrio presupuestario como garantes del crecimiento económico. Las experiencias propias y ajenas han demostrado que las más ortodoxas de las políticas económicas de estabilidad de precios y desregulación del sistema financiero no significan crecimiento económico ni tampoco desarrollo. La estabilidad de precios está asociada a la degradación de las condiciones de vida de la población, a niveles crecientes de desempleo; a ritmos más lentos de crecimiento; a tasas más altas de endeudamiento público y a la pérdida progresiva de soberanía. Las políticas económicas deben reorientarse a la atención de los agudos problemas de pobreza, de desigualdad sociales; del desempleo generalizado y a mejores estándares de educación, salud, alimentación, vivienda y cultura.
Uno de los objetivos primordiales en las redefiniciones estratégicas es la educación: hay rezagos históricos en la cobertura en los niveles medio superior y superior; una insuficiente y deteriorada infraestructura en todo el sistema educativo; un presupuesto público mermado y orientado a cubrir solamente el gasto corriente; una concentración del gasto en el sistema educativo básico e insuficiencia del gasto para investigación y desarrollo experimental; además de los problemas propios de la calidad de la enseñanza en todos los niveles y modalidades. Se pregona el carácter integral del educando –artístico; deportivo; cultural; idiomas y nuevas tecnologías de la información y comunicación– como otro de los grandes objetivos de la reforma educativa en ciernes, así como los apoyos públicos para estimular una mayor asistencia y aprovechamiento escolar.
Lograr el cien por ciento de cobertura educativa significa que la matrícula escolar de preprimaria aumente en 25 por ciento; la de enseñanza media superior en 1.7 millones y la superior en 2.7 millones de personas. Actualmente hay 6.1 millones de becas para todos los alumnos del sistema educativo público, se requieren 22.7 millones de becas adicionales para que todos los alumnos matriculados en el sistema de educación pública –niveles básico y superior– tengan una beca para estimular su rendimiento y cumplimiento de tareas como alumnos de tiempo completo. Semejante esfuerzo no podrá lograrse si no hay las respectivas infraestructuras, personal académico, gasto que apuntalen estos objetivos y sobre todo, la voluntad política de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión para definir políticas de Estado que trasciendan las veleides sexenales. El actual gasto público en educación es de 5.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), muy por debajo de lo deseable para atender la actual oferta educativa e insuficiente a todas luces para garantizar el cien por ciento de cobertura educativa en un programa de largo aliento. Situación similar se observa en el gasto en investigación y desarrollo experimental, menor al 0.5 por ciento del PIB, esto equivale a menos de la mitad de lo necesario para cumplir con sus actuales encomiendas. El gasto público en educación debe ser modificado, en especial, el canalizado a la enseñanza media superior y superior.
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