Resulta muy ilustrativo y esclarecedor revisar las plataformas electorales que los candidatos deben entregar al Instituto Federal Electoral como requisito para su registro; sobre todo porque las campañas políticas están dominadas por la retórica que impone la mercadotecnia y no se logra desprender de ellas las verdaderas propuestas de cada uno de los candidatos en materia de política económica.
Con respecto a Josefina Vázquez Mota, postulada por el Partido Acción Nacional, como es de esperarse no hay una postura crítica con respecto al actual gobierno y sus resultados; más bien hay una defensa en muchos aspectos, principalmente en lo que se refiere a la lucha contra el crimen organizado y la estabilidad macroeconómica. Significa continuar con “más de lo mismo”. La política económica se supedita al “manejo responsable de las finanzas públicas” y mantiene como único objetivo del Banco de México la “estabilidad de precios”. Con ello, se renuncia a utilizar el presupuesto público y la política monetaria como herramientas para reactivar el crecimiento económico y el empleo. Es la propuesta que más insiste en promover una reforma laboral que genere un régimen laboral más flexible con “nuevas alternativas de contratación, jornadas flexibles, periodos de prueba y de aprendizaje o de capacitación inicial”, lo que significará terminar con las conquistas del sindicalismo y movimiento obrero y profundizar las ya de por sí precarias condiciones con que las empresas contratan en la actualidad a los jóvenes, principalmente. En el caso del sector agropecuario, aunque se pronuncia por el incremento en la producción de alimentos básicos para satisfacer la demanda interna, por otro lado plantea la necesidad de una “migración hacia cultivos de mayor rentabilidad económica” y el apoyo a “consorcios agrícolas de exportación, para facilitar el acceso a mercados de alto valor”; lo que significará continuar con el abandono en que el modelo neoliberal ha tenido a la economía campesina. Igualmente, se plantea alentar el sector turismo mediante la “reasignación de recursos en regiones con riqueza natural, cultural e histórica y la entrada de inversión extranjera en el sector”, lo que representa seguir despojando a comunidades y grupos indígenas de sus recursos y territorios.
En el caso de Enrique Peña Nieto, postulado por la coalición integrada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, se asume una postura crítica con respecto al “modelo neoliberal y la acción del libre mercado”, que justamente los gobiernos del PRI impulsaron con fuerza desde la década de los años ochenta. En el mismo sentido se postula que, ante las condiciones adversas de la economía internacional, se requiere de la dinamización del mercado interno y la recuperación del papel del Estado para generar crecimiento económico. La política económica tendrá como objetivo estratégico la “equidad con estabilidad”, mediante el “manejo responsable de las finanzas públicas”; aunque aquí se plantea la necesidad de incorporar el crecimiento como objetivo del Banco de México. Igualmente, se propone una reforma hacendaria integral que considere la eliminación de privilegios fiscales, un programa nacional de infraestructura, una política industrial que aliente las cadenas productivas, la seguridad alimentaria y energética, el impulso al turismo, una política laboral que permita la recuperación del poder adquisitivo mediante la actualización del marco legal, entre otras medidas. Los puntos críticos de esta propuesta son desde mi punto de vista los siguientes: hasta qué punto este candidato y su equipo estarán dispuestos a alejarse del modelo neoliberal que promueve como único objetivo las “finanzas públicas responsables”, cuando su partido ha sido el impulsor inicial de este modelo desde la década de los años ochenta, y que han continuado los gobiernos emanados del PAN. Por otro lado, hasta qué punto también estarán dispuestos y serán capaces de eliminar los privilegios fiscales que generan una gran elusión y evasión fiscal en los ingresos públicos, cuando es evidente su cercanía con los grupos de poder económico, tanto nacionales como extranjeros. Recordemos que el presidente actual reconoció esta situación cuando les solicitó públicamente que “por lo menos pagaran algo”. En este sentido, no hay un reconocimiento de la estructura oligopólica de la economía, en la que dominan unas cuantas grandes empresas y que provocan ausencia de competencia en los diferentes mercados, en detrimento de los consumidores que tenemos que pagar precios elevados; de esta manera, será poco menos que imposible lograr la “recuperación del poder adquisitivo” si continúan los privilegios hacia las grandes empresas y no se promueve realmente una mayor competencia. Finalmente, su propuesta laboral es ambigua, ya que no se especifica en qué consistirá la actualización del marco legal que se propone; si consideramos la política económica que en esta materia han impulsado los gobiernos de este partido, tendríamos que esperar la promoción de una mayor flexibilización de las relaciones laborales, tal como lo propone de manera explícita el Partido Acción Nacional.
El Partido Nueva Alianza, que propone a Gabriel Quadri de la Torre como candidato presidencial, inicia su plataforma electoral con un diagnóstico donde se puede desprender su postura y propuestas en materia de economía. Es el documento que más asume la globalización de manera acrítica, como una realidad a la que hay que sumarse sin más, entendiéndola como una economía posindustrial en la que el conocimiento y el cambio tecnológico constituyen su característica esencial. En este sentido, la productividad y la competitividad se concierten en los ejes transversales de toda política pública. De allí que en el ámbito de la educación la prioridad sea la calidad educativa, sin mucha preocupación por la cobertura; en el ámbito laboral, se debe “contar con una clase trabajadora y profesional capacitada en las nuevas herramientas del conocimiento”, de allí la necesidad de alentar una mayor flexibilidad laboral con “esquemas flexibles de trabajo ante problemas cambiantes”; en este sentido, coincide de manera explícita con la propuesta del Partido Acción Nacional.
El Movimiento Progresista, integrado por el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y el Movimiento Ciudadano, propone a Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial. En primera instancia, es la única propuesta que asume una postura crítica ante la globalización y sus “efectos perniciosos” que ha generado una mayor desigualdad entre regiones y países, deterioro ambiental y especulación financiara; en este sentido, se plantea promover una “globalidad alternativa” que tenga como objetivos a alcanzar: la paz, la democracia y el respeto a los derechos humanos por un lado; por otro lado, el desarrollo equitativo, incluyente y sustentable. En segundo lugar, también es la única propuesta que asume una postura crítica ante el predominio de los monopolios y oligopolios en la economía, que “sojuzgan al ciudadano, obstaculizan la competencia y el crecimiento económico”; y en el sistema financiero, donde prevalece el “carácter especulativo y usurero”. En este sentido, el eje de la política económica consiste en promover un cambio en el modelo de desarrollo, que recupere el papel del Estado como promotor del desarrollo, a través de políticas de crecimiento con desarrollo sustentable y equidad social; así como el fomento de la competencia en los diferentes mercados, transformar el sistema financiero en un agente de desarrollo y una “plena observancia constitucional del dominio de la constitución sobre los recursos naturales de la nación”. Por otro lado, se plantea mantener el equilibrio macroeconómico con una política económica que no aliente ni la inflación, ni el déficit público, ni el déficit externo y obtener recursos para alentar el desarrollo por medio de un gobierno austero y eficiente que tenga como principales medidas: disminución del gasto corriente, combate a la corrupción, eliminación de privilegios fiscales, no al incremento o creación de nuevos impuestos, y la eliminación del impuesto empresarial a tasa única (IETU). De esta manera, no se desprende de esta propuesta, como lo han señalado sus críticos, una postura contra la actividad empresarial o la iniciativa privada, tampoco un manejo irresponsable del gasto público que genere deuda, inflación y desequilibrios macroeconómicos. Sí se propone alentar el crecimiento y el empleo mediante una reasignación significativa del gasto público.
