Cualquier estrategia o política pública sería insustancial si no satisface las necesidades materiales y espirituales de la población de una manera digna y ampliamente satisfactoria, preservando la calidad del ambiente que posibilita la generación de los bienes y servicios consumidos. Es aberrante que, disponiendo de casi todos los suelos posibles, climas, agua y megadiversidad de flora y fauna, nuestros recursos naturales se encuentren en progresiva degradación por el uso irracional que de ellos se hace, y que uno de cada dos mexicanos viva en algún tipo de pobreza.
Hace apenas 14 años (11 septiembre), el entonces presidente Ernesto Zedillo signó la Declaratoria de la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán (RBTC). Siete días después se publicó en el Diario Oficial de la Federación, y desde entonces es el documento normativo para cualquier uso del suelo, subsuelo, agua, flora o fauna de 20 municipios de la entidad de Puebla y 31 municipios de Oaxaca. La superficie protegida es de 490 mil 186 hectáreas, de las cuales 193 mil 913 hectáreas se ubican en Puebla.
Los considerandos enunciados en el decreto RBTC son:
“Que los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas, así como la diversidad genética de las especies silvestres, conforman el patrimonio natural que el Estado tiene el deber de proteger para beneficio de los mexicanos, ya que su aprovechamiento sustentable y su conservación hacen posible la supervivencia de los grupos humanos;
“Que el desarrollo industrial, agropecuario, urbanístico y turístico se ha realizado, en las últimas décadas, de una forma desordenada, y ha ocasionado graves daños al patrimonio natural, provocando que algunos ecosistemas sufran perturbaciones y que numerosas especies estén en peligro de desaparecer; esta situación amenaza la posibilidad de continuar obteniendo los beneficios y recursos que la naturaleza proporciona;
“Que las reservas de la biósfera son áreas biogeográficas relevantes a nivel nacional, en las que existen varios ecosistemas no alterados significativamente por la acción del hombre y en las cuales habitan especies representativas de la biodiversidad nacional, incluidas algunas de las consideradas endémicas, amenazadas y en peligro de extinción”
En el mismo decreto de la RBTC se señalan principios de regulación básicos:
“Artículo séptimo, “Los propietarios y poseedores de inmuebles o titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques, que se encuentren dentro de la superficie de la reserva de la biósfera «Tehuacán-Cuicatlán», estarán obligados a la conservación del área, conforme a las disposiciones que al efecto emita la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto y las disposiciones jurídicas aplicables” y en el Artículo décimo primero, “queda prohibido: I. Desarrollar cualquier tipo de actividad contaminante; II. Verter o descargar contaminantes, desechos o cualquier tipo de material nocivo; III. Tirar o abandonar desperdicios; IV. Interrum-pir, rellenar, desecar o desviar flujos hidráulicos”
Después de la promulgación de la RBTC, Vicente Fox y Felipe Calderón han otorgado concesiones mineras en una superficie de 162 mil 170 hectáreas en Puebla; 14 mil 284 de esas hectáreas se ubican en los municipios de Santiago Miahuatlán, Tehuacán, Tlaco-tepec de Juárez y Zapotitlán de Salinas, donde no está permitida la explotación minera ni las de cualquiera otra actividad que altere los ecosistemas. El maratón de concesiones mineras de los gobiernos panistas violenta la letra y el espíritu del decreto de la RBTH y daña el patrimonio natural, el cual está obligado a preservar el Ejecutivo federal.
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