Esta semana se renovarán 300 diputados federales y el contexto no augura una participación igual o superior a las elecciones similares de 2009 y 2003, en las que participó 45 y 41 por ciento, respectivamente, de la lista nominal de electores. La población censal de personas de 18 años o más registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y las proyecciones de la misma realizada por el Consejo Nacional de Población (Conapo) suelen ser menores a las generadas por el Instituto Nacional Electoral (antes IFE): las bajas por defunción en el padrón electoral no son muy dinámicas, y el éxodo de mexicanos hacia Estados Unidos sí se registra en los censos y conteos de población, no así el padrón electoral. Al 15 de abril del año en curso, el órgano electoral reportó un padrón de 87.2 millones y una lista nominal de electores de 83.5 millones de ciudadanos mientras que Conapo estimó, para mediados de este año, una población de 80.8 millones de ciudadanos.
La economía no avanza, como lo pronosticó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el prometido 3.7 por ciento lo ajustó en mayo de este año a 2.7 por ciento (intervalo de 2.2 a 3.2 por ciento); por su parte, el Banco de México pronosticó 2.5 por ciento de crecimiento real (intervalo de 2.0 a 3.0). Desde hace mucho que la economía mexicana no se mueve al ritmo de los requerimientos sociales: antes de la firma del tratado comercial con Estados Unidos, la tasa de crecimiento medio anual del Producto Interno Bruto (PIB) de México fue de 4.1 por ciento (años 1970-1993), después del mentado TLC, el crecimiento fue de 2.7 por ciento (1993-2015). La inversión pública decreció entre ambos periodos y la inversión foránea no siempre fue en actividades productivas y, cuando fue el caso, fue adquisición de activos ya existentes, no creación de nuevas fuentes de empleo. La publicitada inversión extranjera de 50 mil millones de dólares que generaría la privatización de los recursos energéticos no se ha observado.
El consumo se contrae por la disminución real de las remuneraciones y la ausencia de seguridad social de por lo menos seis de cada 10 personas ocupadas. En palabras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la distribución del ingreso en México en 2012 fue más regresiva que la existente en los años 1980: el 10 por ciento de los hogares más ricos detentaba 30.5 veces más ingresos que el 10 por ciento más pobre, cuando en los años 80 era de 22 veces esa proporción; esa misma fuente detalló que el ingreso medio del 10 por ciento más pobre en 2012 era menor al que tenía en 1984. La estrategia económica y las políticas públicas del último cuarto de siglo han sido favorables a la gran empresa transnacional y son causales de la debacle económica, de la pérdida de poder adquisitivo y de la privatización de los recursos de la nación. La situación económica en 2015 es más dramática: la población en condiciones de pobreza ha aumentado, el gasto público se recorta y los ingresos petroleros, tradicional fuente de financiamiento presupuestal han disminuido a la mitad.
Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía (2001) argumentó recientemente en la misma dirección: dos de cada tres personas de 65 años o más no tienen los recursos suficientes para una jubilación digna y la tercera parte restante vive en condiciones de pobreza (La Jornada, 7/05/15). No hay transferencias públicas suficientes para atender a 9 millones de personas seniles, al contrario, el gasto público ya se recortó y se ha prometido un ajuste mayor pasadas las elecciones. Se ha deslizado el inminente recorte de los pasivos laborales de los trabajadores del sector público, estimados en 82 por ciento del valor del PIB; de concretarse esa amenaza, las ya raquíticas pensiones se pulverizarán y se deteriora aun más la calidad de vida. Mirado el proceso electoral del lado de las finanzas y el bienestar social, no hay razones para votar, y de haberla, los destinatarios de las preferencias podrían ser sujetos y organizaciones alternas al bipartidismo.
La confianza y credibilidad en el órgano electoral es diferente a la existente en 2000, y la inseguridad pública ha permeado no sólo a las entidades norteñas fronterizas, sino a otras del centro, oriente y occidente del país. Además no hay credibilidad en los poderes de la unión y se percibe un distanciamiento ciudadano respecto al Ejecutivo federal, a quien se considera corrupto e ineficiente. Hay una generalizada desconfianza en los partidos políticos y en el sistema electoral y poca o nula identificación con la oferta de candidaturas. Hace seis años, con 18 por ciento de la lista nominal el bipartidismo tuvo tres cuartas partes del total de escaños en la Cámara de Diputados; ya electos, los representantes usurpan la soberanía y actúan al margen de sus representados; no hay segundas vueltas electorales ni un ombudsman electoral que vigile que las tareas legislativas tengan como referente las plataformas electorales registradas. Los representantes populares y los partidos políticos que los postulan se alejan de sus electores y es plausible que éstos expresen su inconformidad con las macro reformas aprobadas por la legislatura saliente y no acudan a votar o lo hagan por opciones diferentes. Un escenario probable es una votación de 32 millones de votos, que representaría 38 por ciento de la lista nominal.
