Reiteradamente se ha señalado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) la insolvencia financiera del Ejecutivo federal para garantizar el sistema definido de pensiones. Ya en 1997 se cambió dicho régimen a uno de contribuciones definidas (cuentas individuales) donde los fondos para el retiro y la vejez son únicamente aquellos que se generen durante la vida laboral de los contribuyentes. Secularmente la seguridad social estaba vinculada al régimen laboral y todo tipo de empleo debería incluir fondos tripartitas para garantizar una vida digna durante la vejez y un retiro decoroso del mercado de trabajo. Las políticas salariales y las reformas a la Ley Federal del Trabajo durante los últimos 30 años han permitido que el desempeño laboral no esté asociado a la seguridad social y, actualmente, seis de cada 10 personas ocupadas no gozan de fondos para el sistema de pensiones y, de aquellos que tienen 65 años o más de edad y ya están retirados laboralmente, siete de cada 10 carecen de pensión.
En los próximos 20 años se duplicarán las personas de 65 años o más y en 35 años serán tres veces más que los que existen hoy en día. Si hoy uno de cada cuatro personas económicamente activas está desempleada y de los que están ocupados, sólo cuatro de 10 tienen fondos para el retiro y vejez, compete al Estado garantizar una vida digna a las personas que ya no tienen edad para ser autosuficientes y/o exigirle a los empleadores el pago de sus contribuciones para el retiro y la vejez de los trabajadores y no permitir el empleo informal. Actualmente hay un régimen simbólico de pensión pública para aquellos personas de 65 años o más que no perciben ingresos: la federación cubre a 5.3 millones, y 1.5 millones es cubierto por los gobiernos estatales, el ingreso promedio recibido es la cuarta parte de un salario mínimo general, insuficiente para garantizar un reproducción digna en la vejez (Consar, Diagnóstico del Sistema de Pensiones junio 2015).
La esperanza de vida al nacer aumentó 33 años entre 1950-1955 y 2010-2015; hoy vivimos más y, con ese argumento, se han modificado contratos y normas laborales para aumentar la vida laboral hasta 55 años, con retiro a los 70 años de edad; pero también se ha aumentado la tasa de cotización del trabajador y el número de años cotizados, pero poco se ha realizado para bajar las comisiones cobradas por las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), o los bajos rendimientos pagados a los ahorradores, o la lentitud en que son entregados los fondos cuando se ha concluido la vida laboral. Además de la carencia de pensión, las personas de 65 años o más adolecen de un régimen de atención médica y dicha carencia es parcialmente financiada con fondos públicos. Si el Estado no tiene solvencia para afrontar las contribuciones de seguridad social no pagadas por los empleadores, no debería permitir la omisión de dicho pago, además debería establecer un salario mínimo general suficiente para atender la seguridad social de las familias, tanto en su vida laboral activa como en la pasiva. El régimen de contribuciones definidas registra una tasa de retorno de 70 por ciento o menos con relación al salario promedio devengado al momento del retiro; si en activo los salarios son insuficientes para una vida digna, un porcentaje de los mismos en la vejez (aun con cambios significativos en el gasto corriente), en condiciones de ingresos reales decrecientes y disminución del número de miembros de la familia complica tanto el financiamiento público de la vejez como el disfrute digno de la vida de las personas que ya no son autosuficientes. Hoy hay 29 millones de personas ocupadas en México que carecen de seguridad social, y no sólo es el trabajador quien omite la parte proporcional del salario para seguridad (1.125 por ciento del salario), sino los que omiten más son los empleadores (10.15 por ciento del salario) y el gobierno federal (6.3 por ciento del salario).
