Devaluación presidencial

No solo la moneda nacional se devalúa y concomitantemente disminuye su poder de compra en una economía globalizada, también Enrique Peña Nieto pierde credibilidad y confianza: sus acciones son desaprobadas por sus magros resultados, y su gestión es reprobada por más de la mitad de la población.

El crecimiento registrado en tres años de gestión presidencial es apenas la mitad del prometido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 bajo el supuesto de que no hubiera “reformas estructurales”; el crecimiento del producto por persona es apenas de uno por ciento anual mientras que la deuda pública ha crecido cuatro puntos del Producto Interno Bruto (PIB) cada año. El moderado crecimiento económico y el discrecional uso del erario  han generado más desigualdad y pobreza: cada hora hay en el país 114 pobres más y 63 en pobreza alimentaria, el ingreso por habitante en 2014 es menor al registrado en 2012 y, en esos mismos años, el salario perdió 10 puntos de poder adquisitivo. El ingreso monetario que permita adquirir en el mercado una canasta básica de alimentos para una familia equivale a 2.4 salarios mínimos generales, y si la remuneración laboral es equivalente al costo de la reproducción social del trabajador, el salario mínimo general debería ubicarse en 168 pesos diarios y no en el nivel actual de 70.1 pesos.

La meta de México en Paz ha sido lo contrario: la protesta social se ha criminalizado, hay mayor inseguridad pública, han aumentado las desapariciones forzadas y los asesinatos culposos; los derechos humanos permanentemente son violados por aquellos que tienen la responsabilidad de garantizarlos; la transparencia y anticorrupción prometidas se abortaron y se ejerce censura presidencial contra la prensa crítica. El México incluyente excluye de seguridad social a tres de cada cinco trabajadores; uno de cada tres habitantes no está afiliado a ninguna institución de salud y uno de cada cuatro personas de 60 años o más no goza de un sistema de pensión permanente. El México de calidad no garantiza movilidad educativa: la mitad de los egresados de nivel superior están desempleados; la cobertura universal en la enseñanza media superior se estancó en las dos terceras partes, la correspondiente a nivel superior, prometida en 45 por ciento se ubica apenas en 31 por ciento y, la inversión del uno por ciento del PIB en ciencia y tecnología está a la mitad (0.56). El México próspero, el de la estabilidad macroeconómica, en los hechos ha significado una devaluación de 28 por ciento de la moneda nacional, una merma en los ingresos públicos por la disminución de la producción energética, la caída del precio internacional de los hidrocarburos y la enajenación a particulares de los recursos naturales no renovables. El México con responsabilidad lo ha sido para el capital financiero y las grandes empresas transnacionales, a quienes se les ha obsequiado sin condiciones el patrimonio nacional; los reflectores internacionales se iluminan para la gestión presidencial no por su desempeño probo y eficiente, sino en la nota roja: corrupción gubernamental, impunidad, inseguridad pública, connivencia con el crimen organizado, violación de los derechos humanos, criminalización de la protesta social, regresión impositiva, desigualdad social y distribución regresiva del ingreso.

La gestión de Enrique Peña Nieto está a mitad de su periodo y este número de Saberes y Ciencias está dedicado a una valoración de la misma; colaboran compañeros académicos de varias instituciones educativas de nivel superior a quienes ocupa y preocupa los magros resultados de las políticas públicas. Agradecemos las valiosas contribuciones de Lilia Vélez Iglesias y Jorge Eduardo Morales Sierra, de la Ibero, plantel Puebla; de Miguel Ángel Vázquez Ruiz, de la Universidad de Sonora; de Benito Ramírez Valverde y Rosalío Valseca Rojas, del Colegio de Posgraduados de Puebla; de Héctor Bernal y Ricardo Pérez Avilés, del Instituto de Ciencias de la BUAP; de Susana Rappo Miguez, Ada Celsa Cabrera García, Germán Sánchez Daza y Eudoxio Morales Flores, de la Facultad de Economía de la BUAP.

 

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