El Partido Revolucionario Institucional (PRI) es considerado el más corrupto de los organismos políticos electorales, es mayoría absoluta la ciudadanía que lo asocia a actos de autoritarismo, malversación de fondos públicos, deshonestidad, negligencia, nepotismo, enriquecimiento ilícito e impunidad; es el partido que registra el mayor porcentaje de rechazo, casi tres veces más alto que su porcentaje de aceptación.
La mayoría de funcionarios públicos emanados de ese partido han ofrecido, en el ejercicio de su función, reiteradas pruebas de corrupción e impunidad: sus bienes patrimoniales no corresponden a su biografía laboral, como son los casos los ex gobernadores Humberto Moreira, Javier Duarte, Roberto Borge, César Duarte, Jorge Herrera, Egidio Torres y Rodrigo Medina; en palabras de César Augusto Santiago, ex secretario de Acción Electoral del PRI, las derrotas sufridas por ese partido en las elecciones de 2016 en Puebla, Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Quinta Roo y Aguascalientes están asociadas a los gobernadores corruptos y dirigencias ineficientes (Proceso, 7/06/2016). Esas acciones son magistralmente ejecutadas por ejecutivos federales y municipales, dirigentes de organizaciones gremiales y parlamentarios locales y federales; las excepciones son garbanzos de a libra.
La gestión presidencial de Enrique Peña Nieto va de mal a peor, en el mejor de los casos el crecimiento del Producto Interno Bruto durante su gestión crecerá a una tasa media anual de 2 por ciento, décimas por encima del crecimiento poblacional. Al final del sexenio es probable que el peso se haya devaluado en más de 80 por ciento, la deuda pública aumente en casi 50 por ciento; la tasa de condiciones críticas de ocupación ronde el 20 por ciento y la calidad de vida registre un deterioro más alto que el actual. La ciudadanía ya dio acuse del deterioro de su nivel de vida y del responsable: 69 por ciento desaprobó la gestión de Peña Nieto en noviembre de 2016 cuando en diciembre de 2012 fue 35 por ciento quien así lo estimó (Consulta Mitofsky, Encuesta: Evaluación de 16 trimestres de gobierno de EPN. 29/11/16). Ni la globalización ni las reformas macro estructurales aprobadas durante la gestión de Peña Nieto mejoraron la calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos, tampoco hubo inclusión, justicia, o la equidad tan pregonada.
La corrupción pública ahora es más evidente y también lo es la indignación que éstas generan ante la connivencia de quienes las solapan y encubren. Un tema central de las campañas de elección de gobernador de 2017 (Coahuila, Nayarit y México) y de la presidencial de 2018 será la corrupción y la impunidad, y los partidos ya lo tomaron en cuenta: el PAN le retiró la protección a Guillermo Padrés Elías, ex gobernador de Sonora y el PRI hizo lo mismo con Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz. Por su parte, Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN trató de justificar el origen lícito de los ingresos que le permiten financiar la estancia de su familia en el extranjero, y el presidente Enrique Peña Nieto exhortó a sus correligionarios a ser positivos e íntegros en el ejercicio de gobierno.
Enrique Peña arengó a los priistas a no ser omisos ante cosas que indignan a la ciudadanía y habló de honestidad en la gestión pública y de no encubrir a quienes saquean al erario; ese mismo día, Humberto Moreira, ex gobernador de dudosa probidad y acusado de peculado, fue integrado al Consejo Político Nacional del PRI. El burro hablando de orejas, como si tales acciones no fueran una divisa de la gestión del Ejecutivo federal o práctica recurrente de la administración pública. No será suficiente una estancia temporal en prisión para quienes se han enriquecido ilícitamente o malversado fondos públicos, será necesario que los recursos robados sean devueltos, que de verdad se transparente la cuenta pública y se acote la discrecionalidad con que los Ejecutivos de los tres niveles contratan deuda pública y ejercen recursos superiores a los autorizados. Es oprobiosa la publicidad desplegada por Ricardo Anaya y Rafael Moreno Valle para posicionarse para ser candidatos a la presidencia de la República sin que hay una autoridad que regule y sancione dichos gastos y mucho menos, su origen; como tampoco lo hubo para para quienes fondearon (y se beneficiaron) las tarjetas Monex utilizadas en la campaña presidencial de Peña Nieto. La impunidad es inter e intrapartidaria.
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