México no es precisamente paradigma de democracia en cualquiera de sus acepciones, ni la actual administración pública es emblemática en procuración de justicia, honestidad, seguridad pública y garante del ejercicio de los derechos humanos. El Ejecutivo federal no está para dar consejos a nadie, mucho menos cuando lo que priva en su gestión es el asesinato, las desapariciones forzadas y su connivencia con el crimen organizado: más que arreglar casas ajenas, Enrique Peña Nieto debería arreglar la propia.
En su momento, Felipe Calderón Hinojosa involucró a las fuerza armadas en el combate al narcotráfico; el ejército no tiene esa función, tampoco la preparación adecuada para tal fin ni el protocolo que norme sus tareas. Los abusos de autoridad de los militares (violación de los derechos humanos) y los daños colaterales concomitantes a su intervención (asesinatos, desapariciones forzadas) se multiplicaron y juntos con las policías de los tres órdenes de gobierno han sido señalados como presuntos responsables de homicidios intencionales y de los eufemísticos levantones. Los datos sobre asesinatos extrajudiciales varían según las fuentes: el relator de la ONU para tal fin la estimó en 70 mil para los años 2006-2012, otras fuentes ubican en 200 mil los asesinatos extrajudiciales acaecidos entre 2006 y 2017. Las desapariciones forzadas reconocidas por el gobierno mexicano, según el Alto Comisionado de la ONU sobre derechos humanos, fueron 26 mil durante la gestión de Felipe Calderón.
Mujeres, defensores de los derechos humanos, migrantes y periodistas son los grupos más vulnerables de esta ofensiva represiva y criminal perpetrada por el crimen organizado (trata, narcotráfico, secuestro) y las fuerzas de seguridad municipal, estatal, federal y el ejército mexicano. Una de las profesiones más peligrosas de ejercer en México es el periodismo, en particular aquella que tiene como centro de interés informar sobre actos de corrupción de funcionarios públicos, seguridad pública, crimen organizado y narco política. En México han sido asesinados más de 100 periodistas entre los años 2000 a marzo de 2017 (102 según Artículo 19: 123 asesinados en la versión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos), 22 de estas muertes sucedieron en Chihuahua.
Miroslava Breach Velducea, periodista desde hace 30 años fue asesinada el pasado 23 de marzo por sicarios: era la corresponsal en Chihuahua del diario La Jornada. Su muerte presuntamente fue ordenada por Carlos Arturo Quintana (El 80), capo de la sierra de Chihuahua y líder del grupo La Línea, que opera en esa entidad. Sobre este narcotraficante Miroslava ya había escrito su relación con los ayuntamientos serranos de esa entidad y su pretensión de nominar a su suegra (Silvia Mariscal Estrada) como candidata priista a la alcaldía de Bachíniva. Además tenía en curso una investigación sobre pozos clandestinos para irrigar tierras agrícolas serranas y había ya descrito el modus operandi del 80 con los ayuntamientos serranos, a los cuales exigía el control de las secretarías de seguridad y obra pública. Miroslava, al igual que el centenar de periodistas asesinados, fueron ultimados por los temas abordados, por la manera crítica de practicar su oficio, por ejercer un derecho constitucional de expresión; con estos crímenes se pretende cercenar la libertad de informar y ser informado, de tratar de ocultar una evidente relación de interés entre narcotraficantes, partidos políticos y funcionarios públicos. Si se pudieron robar una presidencia en 2006, comprarla con monederos en 2012, por qué no podrían ejercerla directamente en 2018, tal parece el mensaje de estos actos criminales y para ello, una prensa calladita se vería más bonita.
Twittear