La abrupta y extensa apertura comercial y el señorío del mercado no nos condujo al paraíso prometido: el crecimiento de largo plazo de la economía fue de 2.3 por ciento anual (1993-2017); perdimos productividad y competitividad internacional; somos más dependientes en lo económico, financiero, comercial y tecnológico; perdimos la propiedad de los recursos estratégicos y el poder adquisitivo de los ingresos se deterioró. Aun así, la organización empresarial y el Ejecutivo federal defienden la estrategia y la política pública que han vulnerado la soberanía y degradado la calidad de vida de la mayoría de mexicanos. Para el ejercicio fiscal del año entrante, han vuelto a bajar el gasto público para ajustarlo al deteriorado ingreso público y contener el déficit público en solo 2.5 por ciento del PIB en lugar de 2.9 por ciento esperado para este año. La ortodoxia fiscal de disminuir el gasto cuando hay disminución de ingresos es procíclica: no alienta el crecimiento de la demanda ni promueve la inversión y el empleo.
El gasto neto ejercido por la Federación en 2016 fue equivalente a 24.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), el aprobado por la Cámara de Diputados para ejercer en 2017 fue de 21.5 por ciento, y el programado por la Presidencia de la República para 2018 es de 20.7 por ciento del PIB; a menores gastos e inversión, menor crecimiento del producto y peor distribución del ingreso por disminución del gasto social y regresividad del impuesto.
El sector financiero dispone de los ahorros de los trabajadores (equivalen a 14.2 por ciento del PIB) y así fondea inversiones (privadas y públicas); la deuda pública interna es un componente importante de la deuda pública total, al subir los precios domésticos suben las tasas de interés y con ello, el costo financiero de la deuda suscrita en pesos. La devaluación de la moneda nacional y el incremento de las tasas de interés pagado a los poseedores de divisas en el extranjero aumentan el costo financiero de la deuda suscrita en dólares. La única partida del gasto público presupuestado que creció en términos reales en 2018 fue la destinada al pago del servicio de la deuda pública, lo cual contrae el gasto programable para contener el déficit público en 2.5 por ciento del PIB. El año entrante no sólo hay menor gasto público, sino una disminución aun mayor del gasto programable (gasto corriente, pensiones y jubilaciones e inversión).
El gasto público programado en educación del año entrante será menor en 1.8 por ciento al aprobado por la Cámara de Diputados para 2017. En el rubro de educación superior y subsidios a la educación la contracción será de 4 por ciento en términos reales. Si en estos momentos siete universidades públicas tienen problemas para cubrir la nómina y requieren de 4 mil millones de pesos para cerrar el ejercicio fiscal del año en curso (Morelos, Zacatecas, estado de México, Nayarit, Juárez de Tabasco, Benito Juárez de Oaxaca y Michoacana de San Nicolás Hidalgo), el año entrante pueden ser todas las instituciones de educación superior las que estén en esa situación: una de las causales es coyuntural, apoyos programados a pensión de trabajadores universitarios fueron canalizados para afrontar las consecuencias de los sismos de septiembre, la otra es estructural, los pasivos laborales de las universidades públicas se estiman en 331 mil millones de pesos y las instituciones contratantes no tienen los fondos para cubrir ese pasivo, las aportaciones que la Federación canalizaba para ayudar a cubrir esos pasivos fue del 4 por ciento a partir de 2002 pero en estos momentos no están más en el presupuesto de egresos de 2018 (La Jornada, 22/10/17, p 29; 29/10/17, p 5 y 30/10/14, p 11).
El problema de pago de pensiones y jubilaciones no es solo de las universidades públicas o del gobierno federal. En estos momentos solo cuatro de cada 10 personas ocupadas tienen cobertura de pensiones; las personas ocupadas hoy que carecen de un sistema de pensiones deberán ser atendidos en su vejez por la Federación, ese problema en 10 años estará generalizado y la población adulta que ya no esté en condiciones de generar un ingreso para su manutención será el doble que la actual. Los que en estos momentos tienen cobertura de pensión bajo el principio de contribución definida (cuentas individuales en Afores), es decir, aquellos que ingresaron a laborar en 1997 o después, cuando se jubilen solo dispondrán de una pensión equivalente a la tercera parte de su último ingreso a disfrutar durante los meses que puedan cubrir con lo ahorrado durante su vida laboral activa; tampoco los que hoy ahorran 6.5 por ciento de su salario tienen garantizada calidad de vida en su vejez.
Con el neoliberalismo los salarios de los trabajadores académicos universitarios se congelaron y su crecimiento en términos reales se gestó a través de bonos por productividad, éstos pueden ser hasta dos veces el monto del salario nominal. El acceso a los premios a la productividad no forman parte del salario; ante la imposibilidad de jubilarse con un simbólico sueldo tabular, los académicos suelen laborar aun cuando tienen la edad o la antigüedad para su retiro, esta situación es una presión para las administraciones universitarias, ya que no tienen fondos propios para garantizar las jubilaciones contractualmente pactadas; requieren ser rescatadas. En 2002 se aprobó un fondo público para ayudar a las universidades públicas a cubrir sus pasivos laborales que en ese tiempo se estimaron en 250 mil millones de pesos (Fondo para las Reformas Estructurales), la ayuda se materializó con una aportación anual equivalente al cuatro por ciento de esos pasivos; en 2017 la ayuda fue de 0.2 por ciento de los pasivos laborales, para el año entrante ya no existe, y es precisamente esa situación la que tiene en quiebra técnica a siete universidades públicas: los problemas estructurales generados por la estrategia neoliberal apenas empiezan.
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