· Río Quetzalapan, imagen tomada de: http://e-culturismo.com/2017/06/22/zacatlan-las-cascadas-quetzalapan/
Fue en Rio de Janeiro en 1992 cuando la Organización de las Naciones Unidas propuso que el 22 de marzo fuera el día mundial del agua. Con ese motivo, Audrey Azoulay, directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, pronunció un mensaje en el que enfatiza que la mitad de la población mundial (3 mil 600 millones de personas) vive en zonas donde el agua potable puede escasear una vez al mes; que el consumo mundial del agua (4 mil 600 km3) se aproxima al umbral en que el agua puede ser sostenible, y que 80 por ciento de las aguas residuales se vierten al ecosistema sin tratamiento alguno, lo cual degrada los ecosistemas.
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó que 2 millones 85 mil hogares (6.3 por ciento del total de hogares) en México no tenía acceso al agua en 2016; 8.4 millones de hogares (25.5 por ciento) tenía acceso no diario, y 22.4 millones de los hogares (68 por ciento) tenía acceso diario al agua. La extracción de agua en México, según esta fuente, había aumentado 24 por ciento entre 1993 y 2016, en parte por el crecimiento poblacional (71 por ciento), en parte por incrementos en el consumo (29 por ciento). No sucedió así con el acceso de la población al agua potable, cuya meta para 2018, según el Plan Nacional Hídrico 2014-2018, objetivo 3, era que la cobertura de agua potable atendiera a 94 por ciento de la población y sólo 68 por ciento de los hogares tiene acceso diario al agua (La Jornada, 21/03/18, página 35).
Globalmente hay cuatro grandes problemas en torno al agua, uno referido al suministro, a una menor disponibilidad de agua; otro referido a que las aguas residuales que no son tratadas cuando se vierten en los ecosistemas, generan múltiples problemas ambientales y de salud humana; otro referido al uso degradante que el capitalismo hace de este recurso y a la mercantilización de este bien público y, uno más, referido a los conflictos generados en torno a consumo en calidad y cantidad de este bien público. El agua, que es propiedad de todos, ahora es un bien privado que tiene dueño y su acceso está mediado por el precio que el concesionario disponga.
La gestión pública del agua es, por lo general, ineficiente, corrupta y clientelar; la solución privatizadora exacerbó esos problemas, además de negar el acceso universal al agua y comprometer la sustentabilidad de su manejo. En 2016, según Conagua, las aguas renovables en México fueron 447.3 km3 de las cuales 60 por ciento estaba concesionada. Del total de aguas superficiales en el país, 6.2 por ciento estaba contaminada por sólidos suspendidos en el agua, que dificulta la reproducción de la fauna acuática; 8.5 por ciento estaba contaminada por las descargas municipales (demanda bioquímica de oxígeno) y 32.4 por ciento estaba contaminada por descargas industriales de materia orgánica no degradable (David Vargas Castro.2017. Gestión Hídrica y Análisis de los conflictos por agua en Puebla. Puebla: BUAP). Las cuencas hidrológicas donde son más elevadas las densidades de población son las más contaminadas (Aguas del Valle de México, Balsas y Lerma Santiago Pacífico), lo que evidencia lo ya sabido: la naturaleza predadora del capitalismo y la negligencia de la gestión pública para regular y/o mitigar esas prácticas destructivas de la naturaleza.
En la entidad poblana disponemos de 11.5 km3 de agua renovable al año, la quinta parte de esas aguas estaban concesionadas en 2010; de los 19 acuíferos que nos abastecen, dos están sobreexplotados (Valle de Tecamachalco y Tepalcingo-Axochiapan), y los ríos Alseseca y Atoyac presentan descargas de metales pesados. A la contaminación industrial hay que agregar las generadas por la minería a cielo abierto y las actividades agropecuarias intensivas en agroquímicos y pesticidas, además de las descargas municipales de aguas no saneadas.
Los acuíferos del Valle de Puebla que proveen de agua al municipio de Puebla y municipios conurbados están sobreexplotados y los pocas cuerpos de agua superficiales disponibles están contaminados. 61 por ciento del abasto del agua de la ciudad capital procede de 140 pozos ubicados en el municipio de Puebla, el restante 39 por ciento es extraído de 53 pozos de nueve municipios conurbados. La deforestación y el cambio en el uso del suelo han disminuido la capacidad de recarga de estos acuíferos, no obstante, la extracción de agua aumentó de 94.8 millones de metros cúbicos (Mm3) en 1997 a 113.9 Mm3 en 2010; el déficit anual de agua hace ocho años se estimó en 27.6 Mm3 respecto a la demanda (Rafael López Z. 2014. Los servicios de agua potable y saneamiento en la ciudad de Puebla. Sujetos sociales, poder y módulo de gestión 1984-2010. Puebla: BUAP). Además del abatimiento de la capacidad instalada, la mitad de la red de agua potable tiene más de 25 años de haber sido instalada, lo que propicia fugas en la conducción, que agregadas a las de almacenamiento significan que 40 por ciento del agua extraída se pierda. Para solventar la ineficiencia administrativa y técnica del organismo operador de agua potable y el desabasto crónico se ha recurrido al sistema de tandeo y solamente 14 por ciento de los usuarios tiene acceso diario o continuo al servicio de agua potable, que dicho sea de paso, son aguas muy duras, excedidas en minerales.
El abasto del agua potable exigido por el capital inmobiliario se ha fincado en el desabasto de distintos sujetos sociales, a quienes se les ha privado del acceso al mismo y alterado sus consuetudinarias actividades económicas y desequilibrando los ecosistemas, situación que ha generado múltiples y variadas acciones de defensa de su territorio y agua, como lo fueron los movimientos de Nealtican, San Francisco Ocotepec, Cerro Tzapoteco y Atlixco.
De los conflictos socioambientales en México más frecuentes en los últimos seis años se ubican los relacionados con el agua. La mayoría de estos conflictos están relacionados con la cobertura y calidad del agua, eficiencia administrativa, transparencia en el manejo de los recursos, tarifas, infraestructura hidráulica, fuentes de abastecimiento, privatización del servicio y saneamiento de las aguas vertidas. La carencia de agua, la obsolescencia de la red hidráulica, el alto contenido de minerales en el agua, su no potabilidad y costo elevado para los ingresos de la mayoría de la población son fuente inagotable de conflictos, además de los relativos a la corrupción, autoritarismo y clientelismo de los organismos concesionados que han mercantilizado este bien público.
Un debate amplio sobre el manejo sustentable del agua es una reiterada necesidad. Requerimos una gestión pública transparente al respecto, una administración que sea confiable, eficiente, honesta y democrática, que entre sus funciones tenga administrar con criterios de sustentabilidad ecológica la distribución del agua; que garantice el acceso universal gratuito al agua en la cantidad y calidad necesaria para la reproducción de la vida humana y una tarifa de punto de equilibrio para el consumo de agua que exceda al mínimo vital pero que no exceda al máximo ecológicamente deseable, a partir de este punto, las tarifas deben ser progresivas, que desalienten el consumo irracional y al mismo tiempo permitan operar sin pérdidas. La red de distribución y almacenamiento de agua requieren ser renovadas para eliminar fugas y el suministro de agua debe ampliarse a través de mayor captación de agua. El saneamiento de aguas residuales vertidas debe mejorarse y los residuos industriales deben ser tratados por quienes la han contaminado. No es suficiente tener acceso cotidiano a la red de agua, ésta debe ser potable y accesible económicamente.
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