Roldán, Nayeli,
Mirian Castillo
y Manuel Ureste. (2018).
La estafa maestra,
graduados en desaparecer
el dinero público. México: Editorial Planeta Mexicana,
2018.
Rodolfo Francisco es conserje en una escuela rural de Villahermosa, Tabasco, y en su tiempo libre hace trabajos de plomería para sobrellevar su precaria situación económica. Lo paradójico es que Francisco también es el dueño de una empresa privada que ganó un contrato por 500 millones de pesos. Ésta es una de las estrategias que Pemex, Sedesol y la SEP, entre otras dependencias de gobierno involucradas en este fraude monumental, han utilizado para desviar más de 7 mil millones de pesos desde 2010. Cada semestre, la UNAM gasta 73 mil pesos por alumnos de licenciatura en promedio. El dinero desaparecido serviría para pagar la carrera completa de 26 mil estudiantes.
¿Cómo lo han hecho? Dependencias gubernamentales asignan presupuesto a universidades públicas, éstas otorgan contratos a empresas fantasmas, los servicios nunca se realizan y cantidades multimillonarias desaparecen.
El cinismo que aquí se asoma indigna en lo más profundo pues, hasta el día de hoy, después de dos gobiernos federales, miles de millones de pesos perdidos y una impunidad sin precedentes, esa maquinaria sigue funcionando.
Los autores profundizan y actualizan la investigación periodística que da a conocer uno de los más descarados fraudes en la historia de México.
Prólogo
Es probable que uno de los peores empleos que se pueden conseguir en el sector público sea el de Auditor Superior de la Federación, es decir, el responsable de fiscalizar el buen uso del dinero que gasta el gobierno.
Imagina: la mayor parte de tu año se va en revisar cuentas y facturas, supervisar cómo tal o cual funcionario público usó los recursos que le asignaron, tratar de entender si se gastó bien o mal el dinero, verificar si se hizo la obra que se debía hacer o si se contrataron a las empresas correctas… El Auditor, tres veces al año, tiene la obligación de presentar reportes, en los que resume sus descubrimientos. Ahí consigna desvíos de fondos, obras mal construidas, contratos con empresas “fantasma”, programas ineficientes. Y señala dependencias. Estados, fechas en las que ocurrió cada presunto acto de corrupción.
Pero todo este trabajo —en el que participan casi mil empleados al mando de Auditor— parece no importarle a (casi) nadie. O al menos eso dicen los números: En sus primeros 17 años de existencia, la Auditoría Superior de la Federación presentó 873 denuncias penales por mal uso de los recursos públicos (dinero desparecido o mal empleado). Apenas 10 denuncias terminaron con un funcionario o un particular sometidos a juicio. Y ninguno de ellos fue condenado en estos 17 años.
El problema no es que las denuncias hayan estado mal formuladas o que no hubiera pruebas suficientes. Simplemente la Procuraduría General de la República dice que “sigue investigando” los casos, aun cuando hayan pasado años y años. Les llaman “averiguaciones en integración”.
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Dos de los autores de este libro descubrieron —en 2011— lo que inicialmente era un “tímido” operativo para desviar recursos públicos. El cómo ha ocurrido puede explicarse en unas cuantas líneas, pero aquí están todos los detalles y recovecos que muestran cómo se opera hasta hoy.
En resumen, los funcionarios aprovechan un hueco en la ley que les permite entregar dinero a universidades públicas —sin ningún tipo de concurso o supervisión— para que supuestamente realicen obras o den servicios que necesitan las dependencias. Pero estas universidades, que cobran una jugosa comisión por participar en el fraude, en realidad entregan el dinero a empresas “fantasma”, que no debían recibir recursos públicos porque no tienen la capacidad o la personalidad jurídica para dar estos servicios o, simplemente, porque no existen. Por tanto, no se hacen las obras y el dinero desaparece.
Las (supuestas) empresas
Quien camina por la avenida Heriberto Enríquez, en la colonia Real de San Javier, en Metepec, estado de México, puede encontrar lo que necesite. Hay mueblerías, cocinas económicas, locales de ropa y puestos ambulantes con discos “piratas”. También está el transporte: combis y autobuses circulan a toda velocidad, y bicitaxis que cubren las distancias cortas.
En el número 354 hay una paletería con paredes moradas que ocupa dos locales que hacen esquina. Ésta es la dirección registrada por la empresa Bierika Consultores S.A. de C.V., supuestamente dedicada a “textiles, manufactura, comercialización, desarrollo de tecnología y comercialización de patentes”, de acuerdo a su acta constitutiva. La joven que atiende la paletería se sorprende cuando los reporteros le preguntan por la empresa. Aunque tiene poco tiempo en ese empleo dice que el negocio tiene más de 10 años ahí y nadie ha buscado antes a empresarios.
La compañía Bierika fue contratada por la Universidad Autónoma del Estado de México en 2014 para dar “soporte operativo y la mejora continua” del SuperISSSTE, un sistema de abasto con tiendas que es dependiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Estado (ISSSTE), según los documentos oficiales. En el contrato por 120 millones de pesos, además de Bierika, también estuvieron las empresas Evolution Software S. A. de C. V. —cuya dirección en la Ciudad de México es una casa particular— y Grupo Kensel S. A. de C. V., que está registrada en Chalco, estado de México, y que tampoco fue localizada.
Por lo anterior, cuando la Auditoría investigó este convenio, la Universidad no pudo entregar prueba alguna que confirmara el cumplimiento de los servicios, ni siquiera actas de entrega–recepción, que son requisito indispensable cuando se finiquita un contrato con el gobierno.
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El fondo de vivienda del ISSSTE tenía un presupuesto de 223 millones 87 mil pesos para “rediseñar” los procesos de atención a los derechohabientes, con el objetivo de simplificar los procesos burocráticos para obtener un crédito.
Para ello contrató a la UAEM, la que a su vez subcontrató a otras empresas porque no tenía capacidad para dar el servicio. Una de éstas es Interamericana de Negocios y Comercio, S. A. de C. V., la cual en realidad se dedica a la venta de zapatos en el centro comercial Plaza Fiesta Anáhuac en Monterrey, Nuevo León. También ocupó a Icalma Servicios y Consultoría, S. A. de C. V., Consolidación de Servicios y Sistemas Administrativos, S. A. de C. V., las cuales fueron investigadas por el SAT —desde octubre de 2016— por hacer operaciones irregulares. Tres compañías más de este caso ni siquiera están registradas en la Secretaría de Economía para operar legalmente.
* Roldán, Nayeli, Mirian Castillo y Manuel Ureste. (2018). La estafa maestra, graduados en desaparecer el dinero público. México: Editorial Planeta Mexicana, 2018.
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