Desde hace varios decenios, distintas organizaciones campesinas han refrendado el derecho de los pueblos a producir alimentos nutritivos e inocuos para su reproducción, según sus preferencias culturales. Nos han recordado lo absurdo de tener una balanza comercial agropecuaria deficitaria en granos básicos cuando disponemos de suficientes recursos arables y de fuerza de trabajo, además de ser conocedores de prácticas agroecológicas sustentables y de poseer una biodiversidad de semillas adaptadas a los diferentes ecosistemas del país. Es absurdo que millones de mexicanos padezcan hambre cuando es posible producir los alimentos necesarios y suficientes para garantizarle la ingesta de proteínas, calorías y grasas requeridas para una alimentación sana y nutritiva.
Lo expresaron el Plan de Ayala siglo XXI signado en 2012 y lo ratificaron en 2018: los pequeños y medianos productores agropecuarios pueden generar alimentos y al mismo tiempo conservar el equilibrio de los ecosistemas y de los suelos con sus prácticas agroecológicas que incorporan la biomasa a la tierra, preservan la biodiversidad, hacen un uso energético eficiente de los recursos y son más productivas que la agricultura empresarial. Demandaron una política agropecuaria ad hoc para aumentar la producción agropecuaria, generar empleos, preservar equilibrios de los ecosistemas, integrar a los pequeños y medianos productores y mejorar la calidad de vida de campesinos e indígenas; exigieron infraestructura, insumos, capacitación, incorporar valor agregado a los productos agrícolas, garantizar certidumbre en los ingresos de los productores, y respetar e impulsar las organizaciones de producción y consumo de los rústicos del campo. Dicho plan fue signado por Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial e incorporado en lo que será la política pública para el campo durante su gestión presidencial.
Las demandas de 100 organizaciones campesinas signantes del Plan de Ayala siglo XXI, versión 2.0, han sido incorporadas a la que será la política de desarrollo agropecuario de la nueva administración federal. Habrá un sistema dual de precios de garantía para el maíz: uno para el nativo (6 pesos el kilo) y otro para los híbridos (3.96 pesos por kilo); se creará una red nacional de abasto de productos básicos; se impulsará una oferta subsidiada de insumos agrícolas (biofertilizantes, energía, agua, semillas) y habrá créditos blandos para los pequeños y medianos productores. A los ganaderos se les proveerá con créditos públicos, asistencia técnica y con vacunos de doble propósito (carne y lácteos); se fomentará la pesca y acuacultura, y el atún y la sardina se incorporan a la canasta alimentaria básica; se sembrarán un millón de hectáreas con frutales y plantas apropiadas a los ecosistemas y se pavimentarán caminos rurales, además de crearse 2.3 millones de empleos para los jóvenes (18-29 años) y aumentar en un millón las pensiones para las personas de la tercera edad que vivan en zonas de alta marginación, inseguridad o pobreza. De ejecutarse tales acciones el producto a generarse tendrá un menor impacto ambiental sobre suelos, mantos freáticos y pérdida de biodiversidad, los alimentos serán inocuos y se incrementará el empleo rural y con ello el ingreso y el poder adquisitivo de los grupos vulnerables.
Un incremento en la masa de ocupados y en el ingreso generará mayores demandas de bienes de consumo final de la población rural, por lo que habrá que garantizar la elasticidad de la oferta de esos bienes a través de políticas de fomento económico, para lo cual es necesario reorientar la banca central a funciones de promoción del crecimiento, y definir una estrategia de sustitución de bienes de consumo no duradero, para que el mercado negro y la especulación no arrasen con el poder de compra incrementado.
