Las caravanas de migrantes que proceden de Honduras nos obligan a reflexionar en torno a la añeja dinámica migratoria que México posee con América Central. Los flujos migratorios internacionales de la región centroamericana no representan un fenómeno nuevo, por lo que pensarlos de esa manera permite observar los cambios que han presentado en el tiempo, sus causas, su composición y de las también importantes transformaciones que se han dado en la normativa mexicana en dos cuestiones fundamentales: 1) la postura que nuestro país presenta con respecto a la migración indocumentada; y 2) su posicionamiento en términos del otorgamiento de refugio. Ambas transformaciones forman parte de la tendencia que busca garantizar el control y encauzamiento de la movilidad de personas a nivel mundial, bajo la forma de un régimen de control global de fronteras cuyos inicios se remontan a la década de los noventa del siglo pasado.
El primero de estos cambios se ubica en la postura que en la actualidad asume México en torno a la migración indocumentada de procedencia centroamericana. Ya desde finales del siglo XIX, llegaban a nuestro país trabajadores de origen guatemalteco para satisfacer la demanda de mano de obra agrícola en la región del Soconusco, sin que para ello les hiciera falta una visa o permiso de trabajo. Las principales actividades en las que en ese entonces y de manera posterior se han desempeñado en distintos momentos son la cosecha de café, de banano, de cultivos de ciclo corto y en la producción azucarera en los principales ingenios de la zona. La permisividad hacia la entrada de esos trabajadores migrantes, en una dinámica temporal y circular, se vio limitada a partir de ser regulada en 1994 con el denominado Permiso Laboral para Trabajadores Fronterizos procedentes de Guatemala, que a partir de 2008 se transformó en la Forma Migratoria de Trabajador Fronterizo. Esta última se encuentra en línea con los cambios que de manera más amplia fueron implementados por México en materia de seguridad interna, con fuertes efectos para las migraciones indocumentadas. Las discusiones sobre seguridad interna introducidas en el ámbito constitucional en el año 2004, fueron las bases para la creación Ley de Seguridad Nacional de 2005, en consonancia con la restructuración que en materia de seguridad había implementado Estados Unidos como consecuencia de los sucesos del 9/11 de 2001.
En el año 2011 se implementó la Ley de Migración en México retomando los argumentos antes mencionados. En ella, se hace explícita la idea de que para garantizar los esquemas de seguridad interna es importante mantener un amplio control fronterizo. La implementación de esta ley puede considerarse parte de los resultados de la Iniciativa Mérida, misma que implicó acuerdos de colaboración expresados en flujo de recursos monetarios y de cooperación técnica para solventar las “exigencias” que en materia de seguridad poseía el país. Parte de esos recursos fueron destinados al resguardo de la frontera sur y se reflejan en la implementación de acciones concretas como el Programa Frontera Sur.
En cuanto a los cambios que la política de refugio ha experimentado en el país, podemos hacer referencia a la manera en que, durante la mayor parte del siglo XX, México se caracterizó por ser receptor de refugiados de distintas nacionalidades: al final de los años treinta y durante los primeros de la década de los cuarenta, se refugiaron en nuestro país gran parte de quienes salieron de España a consecuencia del franquismo; posteriormente, en la década de los setenta, se recibieron refugiados procedentes del cono sur en el contexto de las dictaduras militares; y finalmente, en los años ochenta, se reconoció en situación de refugio a personas que huyeron de sus países debido a los conflictos armados que tuvieron lugar en Centroamérica.
En el contexto de las últimas ediciones de la Caravana de Migrantes esta política de recepción se está planteando una modificación, especialmente a través de la posibilidad de adoptar el rol de “Tercer país seguro”. Si bien esto aún no se ha concretado, las implicaciones que tendría dicho acuerdo para nuestro país serían las de asumir la responsabilidad otorgar seguridad a los solicitantes de refugio sirviendo como filtro de entrada para los Estados Unidos. Una expresión de esta tendencia se observa en la iniciativa del programa denominado “Estás en casa” que propone que los centroamericanos que formalicen una solicitud de refugio podrán acceder a un empleo siempre y cuando no salgan de las entidades de Chiapas y Oaxaca.
En los últimos años han aumentado de manera importante el número de solicitudes a condición de refugiado en México, según los datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). De enero a agosto del presente año se realizaron 14 mil 544 solicitudes de las cuales el 73 por ciento fueron de personas procedentes de América Central. De estas sobresalen las solicitudes de quienes son originarios de El Salvador, 3 mil 63 en total, y de Honduras, con 6 mil 523 solicitudes.
El despliegue de estas transformaciones en la normativa en torno a la migración indocumentada y la política de refugio tienen implicaciones no sólo para quienes transitan por nuestro país buscando llegar a los Estados Unidos o para aquellos que ven en México un posible lugar de destino sea o no por la vía de obtener la condición de refugiados. Su incidencia va mucho más allá y se refleja en la manera en que la narrativa detrás de esos cambios se disemina en un imaginario social plagado de contradicciones en el país. Esto se observa en las acciones y el discurso por parte de quienes rechazan, desde las redes sociales y hasta en manifestaciones públicas, la entrada y tránsito de los centroamericanos por el país, que en gran medida concuerdan con la actual tendencia de la política migratoria y de refugio. A las que, sin embargo, se oponen las acciones emprendidas por todos aquellos que se organizan para recibirlos montando albergues, centros de acopio para comida, ropa, artículos de primera necesidad, medicamentos, etcétera, o que lanzan un contradiscurso en las redes sociales reconociendo la dignidad humana que guía los pasos de la mayoría de quienes marchan en caravana.
Los centroamericanos han pasado por México desde hace muchos años, la gran diferencia es que hoy marchan juntos. Quienes caminan hoy en caravana, así como quienes lo han hecho en otros momentos, ponen de manifiesto que quieren decidir los destinos de sus vidas y de las de sus familias, unas vidas que son constantemente puestas a disposición a través del exacerbado uso de la violencia. La Caravana se presenta así como una estrategia para fugarse de una realidad violenta que hoy se experimenta no sólo en esa región del mundo sino en muchas otras latitudes. Con su recorrido, los caravaneros hacen evidentes los violentos contextos que enfrentaban en su país de origen, los que confrontan en el tránsito y los que desafían con su llegada a la frontera norte.
