El desarrollo científico y tecnológico es un eje central de la competitividad de los países, por un lado, incrementa la productividad, por otro, provoca generación de nuevos productos. En ese tenor, la política pública de los países tiene como uno de sus objetivos impulsar las actividades de Ciencia y Tecnología, en ese sentido, el Plan Nacional de Desarrollo en México incorpora en uno de sus objetivos “Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social”. Para cumplirlo se plantea al menos cinco estrategias, de las cuales sólo citaremos dos: 1) Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance un nivel de 1 por ciento del PIB; 2) Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las IES (Instituciones de Educación Superior) y los centros de investigación con los sectores público, social y privado (Poder Ejecutivo Federal, 2013a; PCTI, Poder Ejecutivo Federal, 2013b).
La primera estrategia es un paraguas para la mayoría de los países, donde un elemento trascendental es el gasto para la ciencia y tecnología. En su último informe de actividades Enrique Cabrero, director de Conacyt (2013-2018) apuntó que el porcentaje destinado a ciencia y tecnología dentro del sexenio de Enrique Peña Nieto se acercó al 1 por ciento, pero, habrá que subrayar que dicha cifra corresponde al gasto de total de actividades de ciencia y tecnología y no al GIDE (Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental), rubro estándar internacional con el cual es medida regularmente la participación de gasto en investigación y desarrollo tecnológico, respecto al PIB de cada país. En los países de la OECD el promedio del GIDE fue de 2.33 por ciento del PIB en 2016 (OECD, 2018); en el caso de México, dicho rubro en 2012 fue de 0.487 por ciento y en 2016 fue del mismo porcentaje (OECD, 2018). En Corea del Sur el porcentaje del GIDE fue de 4.22 por ciento en 2016 y en Brasil, con una estructura económica parecida a la de México, fue de 1.19 por ciento.
Para incrementar el GIDE no solo se requiere la inversión de gobierno, sino que el gasto privado es medular, debido a que, en principio, los inversionistas privados son los principales beneficiados al ser una herramienta que les permite competir; los países con una participación privada alta en el GIDE son los de mayor crecimiento económico y los de más alta competitividad: en 2015 China registró 74 por ciento de gasto privado como parte del GIDE, en Estados Unidos fue 64.2 por ciento y en Japón de 78 por ciento, por lo que el gasto de gobierno dentro del GIDE tiene menor participación que el privado (OCDE, 2015). Caso contrario es en los países como Argentina, donde el GIDE privado fue de 27 por ciento, en México fue de 20 por ciento en 2015, cabe mencionar que al inicio del sexenio de Felipe Calderón la cifra se encontraba en 45 por ciento, mientras que para 2012, se redujo sustancialmente a 24 por ciento, mostrando una tendencia a la baja (OECD, 2018).
Ante esto, la política que se persigue, según lo expuesto por Conacyt (2018), es que algunos de los programas como el de Estímulos a la Innovación (PEI) promueva una combinación de transferencias directas como de incentivos fiscales. Las transferencias estarían enfocadas a pequeñas y medianas empresas como a proyectos que incentiven el vínculo con las IES, mientras que los estímulos se enfocarían a grandes empresas. Una proyección del mismo Conacyt augura que para 2032, la relación del GIDE público y privado se invertirá, considerando que dichas políticas han tenido efecto en otros países. Sin embargo, no se muestra que el PEI estuviera impactando al GIDE total, no al menos al 2018. Otro programa que pudiera ser determinante en el bajo porcentaje del GIDE privado son los denominados Fondos Mixtos. Centrados en el desarrollo regional, esos proyectos benefician tanto a empresas públicas como privadas, sin embargo, las inversiones por su tamaño una vez que se han centrado en grandes proyectos, podrían desincentivar las inversiones de empresas privadas, una vez que se han cubierto desarrollos.
Un elemento que complementa la baja inversión privada en investigación y desarrollo es la competencia externa, que abona en desincentivar las actividades de I+D de agentes mexicanos. En México, en el año 2012, 12 mil 330 patentes fueron otorgadas, mientras que para 2017 se redujo a 8 mil 510, número que venía creciendo en el sexenio anterior (para 2006, 9 mil 632 patentes fueron otorgadas).
Además de la reducción de las patentes registradas, el patentamiento sigue siendo dominado por titulares de nacionalidad extranjera. En 2017, 92 por ciento de las patentes solicitadas eran de extranjeros (el resto, 8 por ciento por titulares mexicanos), casi un 50 por ciento sólo de agentes estadounidenses. El segundo país que más solicita patentar en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es Japón con un 7 por ciento, seguido de Alemania con 6 por ciento. El problema se agudiza cuando se consideran las patentes otorgadas, porque el porcentaje es menor que el de las solicitadas, sólo 5 por ciento de las patentes otorgadas en 2017 fueron a titulares mexicanos (aunque en 2012 fue de 2 por ciento) (IMPI, 2018). Un extranjero puede solicitar patente en México por la introducción de tecnologías que se comercializan o protejan en el país, o que algún desarrollo se esté llevando a cabo en el país por parte de una empresa extranjera, principalmente trasnacional. Si bien en México existe una creciente actividad de empresas transnacionales, parte importante de las actividades destinadas al desarrollo tecnológico se siguen focalizando en los países de origen, por lo que el gasto de dichas empresas en México no ha sido sustancial. Esto llevaría a que las derramas tecnológicas sean escuetas. En el otro extremo, si se analiza el registro de la oficina de patentes de Estados Unidos, 50 por ciento de las patentes se otorgan a titulares de ese país, en número, al menos se muestra una cierta independencia tecnológica de las empresas extranjeras.
Lo anterior tiene fuertes implicaciones, la introducción de tecnologías (procesos y productos) que dominan de forma importante el mercado nacional (en algunos casos regional e internacional) genera desincentivos para incrementar el GIDE privado y limitan la competitividad, creándose barreras a la entrada de los mercados tecnológicos. Si bien, las economías están imposibilitadas para vivir en autarquía tecnológica, el caso de México, la política pública ha tenido nulo impacto en la actividad de desarrollo tecnológico.
En ese tenor, la política pública enfocada a ciencia, tecnología e innovación no puede ser ajena a los efectos de la competencia internacional, donde las empresas extranjeras tienen una amplia capacidad de mercado. Ante este panorama, es posible observar que se ha favorecido mediante programas como PEI y FOMIX la investigación y desarrollo de empresas extranjeras, pero que no han tenido impacto en el GIDE, por otro lado, dichas empresas siguen cooptando el registro de patentes en México.
Bibliografía
Conacyt (2018). Avances en Política de Ciencia Tecnología e Innovación. Disponible en https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/planeacion-y-evaluacion/libros-e-informe-de-logros-2013-2018 acceso en diciembre 2018.
OECD (2018). Research and Development Statistics (RDS). Disponible en http://www.oecd.org/sti/inno/researchanddevelopmentstatisticsrds.htm, acceso diciembre 2018
IMPI (2018). IMPI en cifras. Disponible en https://www.gob.mx/impi/documentos/instituto-mexicano-de-la-propiedad-industrial-en-cifras-impi-en-cifras acceso diciembre 2018.
Poder Ejecutivo Federal (2013a). Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Disponible en http://pnd.gob.mx/, acceso de enero de 2019.
Poder Ejecutivo Federal (2013b).Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018. Disponible en http://www.siicyt.gob.mx, acceso de enero de 2019.
