Apenas transcurría el segundo día del gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando el dos de diciembre de 2012 se firmó el llamado “Pacto por México” (PM), un acuerdo político firmado por el titular del Ejecutivo y los dirigentes de los entonces principales partidos políticos: Gustavo Madero Muñoz, de Acción Nacional (PAN); Cristina Díaz Salazar, Presidenta del Revolucionario Institucional y Jesús Zambrano Grijalva, del Partido de la Revolución Democrática (PRD). El Verde Ecologista se sumó al Pacto el 28 de enero de 2013, con lo cual quedó sellada la conducción neoliberal del país, basada en la imposición de reformas tendientes a consolidar la economía de mercado sin regulación.
Dado que el PM se convirtió en programa de gobierno, el análisis del sexenio de Enrique Peña Nieto conviene hacerlo en sus propios términos, dejando de lado lo que hubiéramos querido que fuera.
El Pacto se ordenó mediante tres ejes: i) El fortalecimiento del Estado Mexicano; ii) La democratización de la economía y la política, así como la ampliación y aplicación eficaz de los derechos sociales y iii) La participación de los ciudadanos como actores fundamentales en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.
El propósito implícito de estos tres ejes fue el de eliminar la capacidad del gobierno para aplicar medidas regulatorias al mercado considerado por el régimen como el instrumento más eficaz para aplicar los recursos productivos y satisfacer las necesidades del productor y el consumidor; además se trataba de reforzar la idea de que la democracia representativa, en la que el ciudadano elige pero no decide, era la única posible; difuminar la política económica gubernamental y sustituirla por políticas públicas focalizadas y crear organismos autónomos, que terminan por debilitar la acción pública, por ejemplo, en materia de desarrollo que, para entonces, había sido abandonado por implicar la intervención del Estado en el proceso económico, que el PM tenía como propósito desaparecer, lo cual impidió el diseño de una política económica con objetivos sociales.
Los títulos y el contenido de los cinco grandes acuerdos contenidos en el Pacto son reveladores de sus propósitos neoliberales: 1. Sociedad de derechos y libertades; 2. Crecimiento económico, empleo y competitividad; 3. Seguridad y justicia; 4. Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción y 5. Gobernabilidad democrática.
Mediante el Pacto, signatarios y gobierno acordaron crear y fortalecer organismos autónomos que debilitaban la acción gubernamental; por su parte, los partidos se comprometieron a impulsar las reformas legislativas necesarias para el funcionamiento del mercado autorregulado, con el que se obtuvo, en el sexenio, un magro crecimiento de la economía, que rondó el 2 por ciento; además asumieron el compromiso de reforzar los mecanismos de la democracia representativa donde los partidos son los únicos protagonistas, aleja a los ciudadanos de la actividad política y permite a quienes se autodenominan “expertos” y profesionales que “si saben de política” y tienen los méritos necesarios para ser electos y tomar decisiones. Se trata de una política elitista y discriminatoria, donde el ciudadano “vota y se va”, para dejar a otros la gestión del poder, aunque organice “observatorios” y ONG de todo, lo que termina por simular una vida democrática inexistente.
El PM incluyó la reforma educativa impugnada por su carácter laboral punitivo y el impulso que ofrecía a una educación basada en la capacitación y el adiestramiento, dejando de lado el pensamiento crítico; además se dota de autonomía al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, se robustece la autonomía de gestión de las escuelas, que consistía en organizar a los padres de familia y a los maestros para buscar recursos privados destinados al mantenimiento de los inmuebles escolares.
Además, el Pacto se propuso “fortalecer la cultura como elemento de cohesión social mediante la protección y restauración de sitios arqueológicos y monumentos históricos, la renovación de infraestructura cultural.” Esta propuesta reforzó la idea de la estrecha relación entre la cultura y el turismo, es decir, la cultura banalizada al transformarse en espectáculo de consumo para que los turistas tomen fotos y videos. Los “Pueblos Mágicos” son la expresión de una renovación de los pueblos basada en el fachadismo que pretende ocultar, con pintura, la pobreza; es la cultura, por un lado, como espectáculo que desvirtúa su esencia y que, por otro lado, tienden a crear consumidores de mercancías culturales. De la misma manera, los recursos para impulsar la creación artística se basa en becas a la producción individual, pocos son los proyectos colectivos.
Una declaración retórica fue la de consolidar la vigencia de los derechos humanos a través de un Programa que nunca logró que las acciones policiacas y militares respetaran los derechos humanos. La memoria colectiva guarda muchas acciones repudiables e impunes de las fuerzas armadas. Adicionalmente, se crearon las Leyes de Reparación de Daño, que posibilitan a quienes disponen de recursos seguir el proceso judicial en libertad y aligerar la pena si reparan el daño causado; por supuesto, los pobres nunca estarán en condiciones de reparar ningún daño. Así es el derecho de clase.
El PM pretendió “establecer una política de Estado para que los indígenas ejerzan en la práctica los mismos derechos y oportunidades que el resto de los mexicanos”, sin embargo, jamás se consideró respetar sus formas de organización ni se apoyaron acciones para lograr el bienestar de acuerdo a sus propias visiones. La mayoría de la población originaria, forma parte de los mexicanos que viven en condiciones de pobreza extrema, que para ellos parce destino.
Otro de los acuerdos fortaleció la idea de la “libre competencia”, que en algunos rubros es sólo fantasía y economía vulgar, aunque se dio mayor importancia a la Comisión Federal de Competencia, otro organismo autónomo.
Para lograr lo que el PM llamó “garantizar el acceso equitativo a telecomunicaciones”, se reformó la Constitución para ampliar las oportunidades de inversión en este rubro a otros grupos de poder, total todos contribuyen a la enajenación colectiva, se reforzó la autonomía de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y se entregó la fibra óptica de la CFE al capital privado. Y si bien hubo más canales de televisión abierta, se mantienen, con pocas excepciones, los mismos contenidos alienantes.
También el Pacto se propuso desarrollar la ciencia y la tecnología, para lo cual se reforzó el financiamiento de proyectos de investigación individuales; además, tanto la ciencia como la tecnología se desarrollaron vinculadas a las necesidades de la industria, desconociendo las posibilidades de ambas en las alternativas de solución de los problemas sociales.
Ocurrió también que los propósitos para proteger el medio ambiente, fracasaron totalmente. La destrucción de la naturaleza provocada por los proyectos de muerte, la minería a cielo abierto, el uso de fracking para la extracción de gas, muestran la incapacidad de frenar la voracidad del capital
Pero la joya de la corona fue la reforma energética que, en poco tiempo, entregó la exploración y extracción del petróleo al capital privado y se ha colocado a Pemex en peligro de extinción; lamentablemente, México, además de importar la mayor parte de las gasolinas que consume, se encuentra en riesgo de convertirse en importador neto de petróleo; además, en este momento, buena parte de la electricidad que se produce en el país es generada por empresas privadas.
Un propósito más del PM fue la reactivación del campo mexicano, cuyas medidas no lograron combatir la intermediación o incrementar la productividad agropecuaria, mucho menos abatir la pobreza, los subsidios se entregaron a quienes no los necesitaban y se abandonó a los campesinos, pequeños productores y ejidatarios; el apoyo técnico nunca llegó al campo y el crédito fue usura, aunque si se modernizaron los distritos riego y el TLCAN obstruyó el funcionamiento de las cadenas productivas de valor, que en su mayoría fueron destruidas.
La estrategia para el desarrollo del Sur-Sureste, fue un fracaso, pues se basó en un capital privado que nunca llegó, y no se mejoró la infraestructura educativa y de salud, los polos de desarrollo industrial, turísticos, portuarios, agrícolas, pesqueros y de energías renovables previstos nunca se concretaron.
La política neoliberal de focalización se trasladó al Plan Nacional de Prevención y Participación Comunitaria, que focalizó en municipios con alto nivel de violencia, que no consideró la debilidad policiaca y terminó militarizando el combate al crimen organizado, ante el fracaso de constituir una policía eficaz y eficiente. En consecuencia, el sexenio de Enrique Peña Nieto se convirtió en el más violento de la historia del país, al registrarse, entre diciembre de 2012 y noviembre de 2018, según informó el Sistema Nacional de Seguridad Pública, un total de 124 mil 654 homicidios dolosos, mientras que, en el mismo lapso durante el gobierno de Felipe Calderón, se abrieron 102 mil 859 carpetas por asesinatos intencionales. Nada de lo que se hizo logró reducir la violencia.
En materia de transparencia y combate a la corrupción, poco o nada se logró y otro organismo “constitucional autónomo”, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), mostró su impotencia frente a la oleada de corrupción que inunda al país. El gobierno se manejó con una lamentable opacidad que permitió a la corrupción penetrar hasta los más altos niveles del gobierno federal, pero también a los gobiernos estatales y municipales. Asuntos como el de la “Casa Blanca”, que involucró al propio presidente de la República; la “estafa maestra”, en la que participaron funcionarios públicos (Rosario Robles y José Antonio Meade) y rectores de algunas universidades públicas o el presunto financiamiento de la campaña electoral de Enrique Peña Nieto con recursos provenientes de la empresa brasileña Odebrecht, por medio del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, muestran apenas la punta de iceberg de corrupción y la impunidad.
Los estados no se libraron y algunos ejecutivos estatales, tanto del PRI (Javier Duarte, en Veracruz; César Duarte, en Chihuahua) como (Guillermo Padrés Elías, en Sonora) del PAN, no podrían arrojar la primera piedra; son apenas una pálida muestra de cómo la impunidad, expresada por el propio presidente cuando le dice a Rosario Robles: “No te preocupes, Chayo”, es algo así como el tendido de un manto de protección que impide investigar los presuntos casos de corrupción consentida y estimulada por la impunidad.
En materia de gobernabilidad democrática, fue poco lo que se avanzó. Los partidos, bajo el principio de que “la democracia es cara”, reciben enormes recursos que poco abonan a la democracia, pues se insiste en que la política no es asunto de la ciudadanía, sino de los partidos y sus profesionales. Los recursos recibidos, que gastan los partidos en sus campañas y en sostener una numerosa burocracia, hacen cada vez más elitista la participación ciudadana en la vida política y en los partidos, la burocracia que los dirige no disputa por diferencias políticas o ideológicas o por percepciones de la realidad y el diseño de una línea política, sino por los dineros que el INE entrega. Todo esto ha dado lugar a propuestas, aún esporádicas, para que se permita el financiamiento privado de los partidos, propuesta peligrosa que puede alentar la intromisión del dinero proveniente del crimen organizado.
Pero, al mismo tiempo, esas han sido parte de las causas que han impulsado el cambio decidido por la participación ciudadana, que al emitir más de 30 millones de sufragios en favor de Andrés Manuel López Obrador impidió toda tentación de fraude —hay quien dice que lo intentaron, pero no les alcanzó por la magnitud de la operación que significaba modificar los resultados que fueron abrumadores—, surge como la posibilidad de sanear la política y constituir gobiernos democráticos y honestos, incorruptibles, en sus tres niveles. Esa ciudadanía que se activó en la campaña logró un Congreso Constituyente, una Constitución y un gobierno democráticos en la Ciudad de México.
Finalmente, los resultados del gobierno neoliberal de Peña Nieto para la población, que no para la oligarquía, resultan desalentadores: bajo crecimiento económico, mayor desigualdad social, concentración del ingreso, destrucción del campo mexicano, mayor dependencia del país hacia Estados Unidos, una errática política exterior, un sistema financiero que poco contribuye al desarrollo económico; pérdida de derechos colectivos y debilitamiento de las organizaciones sociales y de trabajadores de la ciudad y el campo.
