La corrupción y la impunidad fueron priorizados como los principales problemas nacionales y a su combate se ha enfocado la gestión de Andrés Manuel López Obrador (AMLO): se suspendieron obras públicas fraudulentas de la anterior administración; se revisan contratos públicos gravosos para el erario; se denuncia mediáticamente enajenaciones patrimoniales fraudulentas; compras plagadas de corrupción, tráfico de influencias así como complicidades y encubrimiento de funcionarios públicos en tales actividades. Las actuales licitaciones se publican, se transparenta el gasto público y hay un manejo eficiente y probo del erario. La impartición de justicia y la seguridad pública son otras de las acciones en las que el Ejecutivo federal ha concentrado sus esfuerzos.
Una de las acciones más publicitadas por AMLO para combatir la corrupción fue el combate contra el robo de combustible: lo inició el 21 de diciembre del año pasado y desde entonces lo ha enfrentado a través del gabinete de seguridad pública y con estrategias de largo plazo que inciden sobre las condiciones de vida de la población (transferencias públicas a través de programas sociales, generación de empleos, precios de garantía para productos agropecuarios, apoyos para la producción agrícola familiar, incremento real del salario, red nacional de abasto popular). El resultado directo ha sido satisfactorio: de 12.9 millones de litros de combustible diario (mmld) que se robaron en el último mes de gestión de Enrique Peña Nieto, durante la gestión de AMLO (1 diciembre de 2018 al 21 de abril de 2019) se han robado 3.2 mmld. En los cuatro meses de gestión de AMLO, cada mes ha bajado el robo de combustible: en diciembre el robo fue de 8.9 mmld; en enero, 2.9 mmld; en febrero, 1.4 mmld; en marzo, 1.3 mmld, y del 1 al 21 de abril de 2019, 0.67 mmld. Expresado en dinero, en noviembre del año pasado el robo diario de combustible fue de 257.6 millones de pesos (mmp) y con AMLO ha sido hasta el 21 de abril, de 64.5 mmp al día. El pronóstico del Ejecutivo federal es que este año se ahorrarán 50 mil mmp por el no robo de combustible (Conferencia matutina del 23 de abril de 2019)
Pemex fue el principal patrimonio nacional durante varios decenios: financió buena parte del gasto público, proveía divisas para fondear las importaciones, fue garante de la autosuficiencia energética, además de ser la fuente del enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, líderes sindicales y dirigentes de partidos políticos. Hoy los pasivos de esa empresa exceden a sus activos, tiene balanza deficitaria, su producción apenas sostiene la demanda nacional y se ha privatizado la generación de hidrocarburos así como la renta petrolera. Pemex tenía el monopolio de extracción de hidrocarburos, distribución y procesamiento de combustible (diesel, gasolinas magna y premium, turbosina) y de otros productos petroquímicos; decenas de poliductos conectan las seis refinerías (Cadereyta, N.L.; Cd. Madero, Tams.; Salamanca, Gto.; Tula, Hgo.; Salina Cruz, Oax. y Minatitlían, Ver.) y el puerto de importación (Tuxpan) con los principales centros de consumo. La Fundación Heinrich Boll estima la extensión de los ductos en México en 68 mil 817 kilómetros, incluye oleogasoductos (transportan materia prima de la cabeza del pozo a una estación de bombeo y compresión o separación); gasoductos; oleoductos (transportan materia prima de la estación de bombeo a una planta de transformación) y poliductos (transportan productos procesados, como gasolinas y diésel). Pemex es dueña de casi toda la red de óleogasoductos, óleoductos y poliductos (9 mil 98 kms), y de 70 por ciento de los gasoductos. (cartacritica.org.mx)
El transporte de los derivados del petróleo se realiza por ductos, ferrocarril y carreteras. En el caso de los combustibles, tres cuartas partes del traslado son por poliductos. El ducto Tuxpan-Azcapotzalco, que es el que transporta más combustible, es el preferido para robo. En Puebla, hay tomas clandestinas en cinco municipios de la Sierra Norte (Ahuazotepec, Huauchinango, Jalpan, Venustiano Carranza y Xicopec), además tenemos el ducto Minatitlán-Estado de México, que es ordeñado por lo menos en 14 municipios del centro (Acajete, Amozoc, Coronango, Cuautlancingo, Domingo Arenas, Huejotzingo, Puebla, San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca, San Miguel Xoxtla, San Salvador el Verde, Tepeaca, Tlahuapan y Tlaltenango) y en seis municipios del oriente (Acatzingo, Esperanza, Los Reyes de Juárez, Palmar de Bravo, Quecholac y Tecamachalco) de la entidad.
A nivel nacional Pemex estima en 10 mil 363 las tomas clandestinas de ductos en 2017 y en 12 mil 581 en 2018 (Informes anuales). El volumen de la gasolina robada en el último año de gestión de Peña Nieto fue de 4.7 por ciento del total transportado por poliducto y el promedio del robo en lo que va de la gestión de AMLO (1 de diciembre de 2018 al 21 de abril de 2019) es de 1.3 por ciento del total transportado (Conferencia matutina de AMLO 23/04/19). El robo de combustible ha disminuido en 82 por ciento, y si solo consideramos el robo diario del mes de abril, la caída del robo de combustible es de 92 por ciento con relación al promedio diario de 2018.
En la entidad poblana había 815 tomas clandestinas en 2015 y en 2018 eran ya 2 mil 72. El total de municipios donde se ubicaron tomas clandestinas entre 2015 y 2018 fueron 25 (datos de Pemex publicados por la empresa gobiernofácil.com). El promedio anual de tomas clandestinas durante la gestión de Melquiades Morales Flores fueron 11: con Mario Marín Torres, 18: con Rafael Moreno Valle, 509, y con Antonio Gali Fayad, mil 755. Los últimos cuatro años de la gestión de Enrique Peña Nieto fueron de auge para el robo de combustible y la realización de actividades delictivas atentatorias a la vida humana, a la libertad personal y sexual, al patrimonio, a la familia y a la sociedad.
La lucha contra el robo de combustible tiene impactos no deseados en los municipios huachicoleros. En la entidad poblana, del total de homicidios dolosos sucedidos entre 2015 y 2018, 44.5 por ciento sucedieron en 25 municipios donde había tomas clandestinas de combustible. Las tasas más altas de homicidios dolosos en Puebla se registraron en tres municipios huachicoleros: Jalpan, Venustiano Carranza y Esperanza.
AMLO consideró 91 municipios de nueve entidades federativas como prioritarios en el combate al huachicol. Puebla registra siete municipios prioritarios en la Sierra Norte. En los años 2015-2018 el estado de Puebla fue el más violento de las nueves entidades consideradas prioritarias, con una tasa de homicidios de 25.4 por cada 100 mil habitantes; le sigue Guanajuato, con 23.9, y Veracruz, con 21.6 por cada 100 mil habitantes. En secuestros, la tasa más alta se registró en Veracruz con 2.0; le sigue Puebla, con 1.3, y México con 1.2 por cada 100 mil habitantes. Los municipios de Jalpan y Venustiano Carranza son los de mayor tasa de homicidios de los 91 municipios prioritarios, la tasa de homicidios durante los años 2015-2018 en Jalpan fue de 66.2 por cada 100 mil.
Con la globalización de la economía se aceleró la producción, la distribución y el consumo mundial del comercio de bienes y servicios, sean o no considerados legales. Una de las mercancías que registró súbitos incrementos fueron las drogas: el tradicional comercio de mariguana fue rebasado por el de cocaína y el de las drogas sintéticas. El control sobre la producción y comercio de drogas ilegales no ha estado exento de letales luchas entre los grupos que se detentan el liderazgo y los homicidios dolosos se han multiplicado. No todos los asesinatos son exclusividad del crimen organizado, pero buena parte de ellos están asociados al control de los territorios para actividades ilícitas y no solo de venta de estupefacientes, sino también para secuestros, extorsiones, robos.
La actividad delictiva entre 2015 y 2018 fue concomitante al auge del huachicol: los homicidios dolosos y feminicidios se duplicaron en México, las víctimas de los delitos contra la libertad individual (secuestro, rapto, extorsión) aumentaron 41 por ciento, las víctimas de los delitos contra la sociedad (corrupción de menores, trata de personas, pornografía infantil, prostitución de menores de edad, lenocinio) se incrementaron 27 por ciento y las víctimas de extorsión subieron 25 por ciento. En la entidad poblana también aumentó la violencia en esos años: las mujeres asesinadas por motivos de odio aumentaron 256 por ciento, las víctimas de homicidios dolosos se incrementó en 130 por ciento y las víctimas de delitos contra la sociedad aumentó 55 por ciento (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública).
Durante el primer cuatrimestre de la gestión de AMLO, los homicidios dolosos en México fueron casi 10 por ciento más altos que durante esos meses del año previo, sin embargo, difícilmente se pudiera sostener, con base en esa información, que el sexenio de AMLO será más violento que el de sus predecesores. Durante el mismo cuatrimestre de 2018, el incremento de los homicidios dolosos respecto al mismo cuatrimestre del año anterior fue de 22 por ciento; en el primer cuatrimestre de 2017 los homicidios dolosos aumentaron en 34 por ciento. Los incrementos de los homicidios son decrecientes desde 2018 y este año, el aumento durante el primer cuatrimestre fue la mitad con respecto al último año de la gestión de Enrique Peña Nieto.
Con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Segob, cada 15 minutos hay un homicidio doloso en México. Las víctimas de secuestros y de extorsión durante el primer cuatrimestre de la gestión de AMLO aumentaron en 36 por ciento y 41 por ciento respecto al mismo cuatrimestre de un año antes, dinámica no observada en los últimos años de la gestión de Peña Nieto: el combate al huachicol despertó el interés por otros ilícitos, como el secuestro y la extorsión. Las tasas de homicidios dolosos y de los feminicidios se duplicaron entre 2015 y 2018, la primera pasó de 13.52 a 23.21 por cada 100 mil habitantes en tanto que la de feminicidios aumentó de 0.66 a 1.39. La tasa de extorsión tampoco ha dejado de aumentar, aunque no en esa proporción: pasó de 4.19 a 5.14 por cada 100 mil habitantes.
En la entidad poblana los secuestros aumentaron 137 por ciento durante el primer cuatrimestre de la gestión de AMLO en tanto que las víctimas de homicidios dolosos aumentaron 19 por ciento respecto al mismo cuatrimestre del año anterior. Esa situación es un agravio nacional que requiere, para su confrontación y resolución, el concurso de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes de la Unión y un proceso un poco más largo que el de un trimestre para su disolución.
