La 4T tiene una deuda histórica con la actual juventud mexicana en general, pues como sector que fue sistemáticamente atacado, marginado, asesinado por el proyecto neoliberal, acudió en masa a votar por Andrés Manuel López Obrador, que proponía un proyecto nacional en el que la juventud sí tuviera oportunidades. Dicha deuda histórica se particulariza en las Universidades Públicas Autónomas, espacio que además de tener jóvenes azotados por las políticas de precarización laboral del neoliberalismo, fungió de bastión que irradió fuerza moral e ideológica en favor de la izquierda electoral. Sin duda el triunfo del 1º de julio de 2018 pisó fuertemente los patios de las Ciudades Universitarias de todo el país.
La importancia de las Universidades Públicas Autónomas para el proyecto nacional de la 4T se enfrenta necesariamente a que éstas han sido por lo menos desde hace 30 años y son todavía trinchera estratégica de los grupos más reaccionarios del país, pues el neoliberalismo para hacerse real en territorio nacional, tomó por la fuerza de sangre y fuego todas estas instituciones. La derecha está viva y es vigente en estas universidades, tiene las rectorías, las administraciones centrales, y maneja todo grupo de interés.
Esta contradicción de proyectos se concreta en quién ejerce el poder de definir la política de ingreso a las universidades públicas autónomas. En términos generales, la educación neoliberal cuyo objetivo es el fortalecimiento del mercado educativo, necesita hacer lo más pequeña posible la matrícula de la educación, la 4T por su lado, ha explicitado que su proyecto es abrir lo más posible la matrícula de estas. La política de ingreso, el aumento o disminución de matrícula es el indicador de una disputa viva.
Si bien ha quedado claro que la 4T tiene interés en las Universidades, no ha hecho claro el programa que propone, hay en cambio indicios que debemos seguir con la mayor tenacidad posible.
Los objetivos ya fijados por el gobierno federal se explicitan en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2024, aprobado por el Poder Legislativo el 27 de junio de 2019 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2019.
Veamos el lugar que ocupa la educación superior1:
De la sección “Epílogo: visión de 2024:
De tal manera, en 2024 el país habrá alcanzado el objetivo de crear empleos suficientes para absorber la demanda de los jóvenes que se estén incorporando al mercado laboral. Los programas de creación de empleos y de becas para los jóvenes habrán surtido su efecto y el desempleo será mínimo; la nación contará con una fuerza laboral mejor capacitada y con un mayor grado de especialización. Ningún joven que desee cursar estudios de licenciatura se quedará fuera de la educación superior por falta de plazas en las universidades y ninguno estará condenado al desempleo, al subempleo o a la informalidad.” (Subrayado del autor). Además, esto se concretó en la emisión de La Ley de Educación, en la que se establece el derecho a la educación superior y su gratuidad; lo cual presenta ya un gran reto.
Fuente: Elaboración propia con información de 1. Encuesta intercensal 2. http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior 3. https://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/Panorama_de_la_educacion_superior.aspx 4. https://sep.subsidioentransparencia.mx/2020/subsidio-ordinario/UPE
Por eso nuestro punto de partida es el último ciclo escolar del “neoliberalismo” y sobre el que AMLO ha iniciado el camino rumbo a ese 2024 prometido. En el cuadro 1 se presenta la matrícula de la educación superior y cobertura, para el ciclo 2017-2018, así como su sostenimiento. Las entidades federativas están ordenadas en función de su cobertura, de mayor a menor. La cobertura de educación superior resulta de dividir el número de matriculados en un programa de estudios sobre el total de jóvenes en edad de estudiar (18 a 22 años), considerando que en el país existen 10 millones 942 mil 853 jóvenes en edad de estudiar, de los que 4 millones 209 mil 860 están matriculados en un programa de estudios de licenciatura, lo que representa el 38.5 por ciento, es decir que el resto 61.53 por ciento de jóvenes mexicanos no tienen acceso a estudios de nivel superior.
Sin embargo, se observa que una parte de la matrícula es en instituciones privadas: 35.2 por ciento. Este parte se vería disminuida si consideramos que se ha postulado la gratuidad, la demanda de ingreso a las instituciones públicas se vería impactada tanto por los que han tenido acceso como los que abandonarían el sistema privado.
Así, el impacto total de las decisiones tomadas sobre el derecho a la educación superior y su gratuidad será muy alto, prácticamente tendría que triplicarse la oferta, si solo consideramos la educación pública. Esto es un fuerte reto para la 4T y que pone en cuestionamiento a las actuales Instituciones de Educación Superior.
La desigualdad es otro de los problemas que destacan en el cuadro, en un extremo está la Ciudad de México, con una tasa de cobertura de 94.7 por ciento, en tanto que en el otro extremo están las entidades que tienen indicadores de mayor pobreza como son Michoacán, Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
¿Cuál es el futuro de las universidades públicas autónomas en una 4T que no acaba de nacer y un neoliberalismo que no acaba de morir?
1 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
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