Profesores, investigadores, trabajadores y estudiantes de distintas Instituciones de Educación Superior (IES) se darán cita el próximo 24, 25 y 26 de marzo en el edificio Carolino de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), para reflexionar en torno a los desafíos que enfrentan las universidades públicas del país en el contexto de los cambios que se viven en México.
Organizado por el Instituto de Ciencias (ICUAP), el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” (ICSYH), el Instituto de Física, la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM) y el Centro de Estudios del Desarrollo y Social (CEDES), el foro Retos de la Educación Pública Superior tiene como finalidad, analizar, debatir y reflexionar sobre temas como la autonomía universitaria en el nuevo modelo de Educación Superior; docencia e investigación en la coyuntura actual; hacia una investigación conjunta SEP, Conacyt y Universidades Públicas; y ejes del conocimiento y los retos del nuevo Plan de Desarrollo.
Asimismo, la transición intergeneracional y renovación de la planta académica en la universidad; la vinculación con la Educación Media Superior; universidad y ciudadanía; y la responsabilidad social y cultural de las universidades públicas.
Francisco Vélez Pliego, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP, ahondó en entrevista para Saberes y Ciencias en algunas de las dificultades que enfrentan las universidades de carácter público y la necesidad de que el Estado mexicano defina políticas públicas, que tengan claridad de cuál es el papel de educación superior de carácter público en un modelo y proyecto de desarrollo del país y permitan una continuidad desde el punto de vista estratégico y financiero.
Las política de apoyo a la investigación,
inconsistentes
Un primer problema, señaló el catedrático, es que las distintas dependencias u organismos encargados de apoyar la investigación en nuestro país no tienen políticas congruentes ni consistentes, lo que significa que se carece de una visión unitaria entre las instituciones encargadas de fomentar esta actividad, Secretaría de Educación Pública (SEP), el Consejo Nacional de Ciencia y tecnología (Conacyt), sus símiles locales.
Detalló que existen diferencias entre las condiciones en que se desarrolla la docencia y la investigación en los Centros Conacyt y las universidades públicas, en estas últimas, los científicos desarrollan actividades para nivel licenciatura, tienen compromisos de renovación de contenidos de lo que se enseña, que no se circunscriben a la ciencia, tecnología y las humanidades vistas desde la perspectiva de Conacyt.
“Desde nuestro punto de vista, es evidente la necesidad de hacer un nuevo modelo de apoyo a la investigación, la docencia en posgrados, y que tanto SEP, Conacyt, centros de investigación, institutos y universidades públicas nos sentemos a tener una visión integral de lo que significa desarrollar estas actividades en el ámbito de las universidades públicas.
“Esto supone cosas como, ¿quién define los temas prioritarios a investigar? Hay una tensión creciente entre la idea promovida por Conacyt que los temas son aquellos de las publicaciones extranjeras indexadas, que en buena medida están definidos por intereses que son ajenos incluso, a las realidades nacionales, y más vinculados a procesos de gestión de saberes y conocimientos relacionados con grandes corporaciones, como la industria farmacéutica y la militar, por mencionar algunos ejemplos”.
Lo anterior, precisó, sin sacar del debate el conocimiento de frontera en esos contextos, y sí poniendo en la mesa, las necesidades desarrollo de infraestructuras tecnológicas propias en función de las condiciones particulares del país.
La participación de las universidades públicas
en los programas nacionales estratégicos
“Los grandes problemas a los que nos enfrentamos como país requieren que efectivamente las universidades discutan a fondo el modelo de desarrollo que sobrepasa los modelos económicos. Colocar en el centro de atención los modelos de gestión y de gobierno que hasta ahora han prevalecido suponen enfrentar la necesidad de rediseñar los Estados nacionales”.
Vélez Pliego consideró que la participación de las IES en los programas nacionales estratégicos de desarrollo requiere de diseñar mecanismos ágiles de colaboración interinstitucional que permitan abordar el debate de la interdisciplinariedad, la multidisciplinariedad y la transdisciplinariedad, que no son lo mismo; y que tampoco se resuelve administrativamente el que estas posibilidades diversas de colaboración entre disciplinas, entre saberes, desde el punto de vista epistemológico y metodológico, ni se pueden resolver solo por voluntad.
Para ello, ahondó, hay que construir las condiciones, los ambientes académicos, las infraestructuras de financiamiento para que alguno de estos modelos de colaboración efectivamente den los resultados deseados.
“Ese camino se ha buscado instrumentar de manera autoritaria, así ha ocurrido en el pasado a partir de forzar en el ámbito de la SEP, la existencia de cuerpos académicos que no son resultados de una experiencia de formas de organización propias de la educación superior y que son, como ha ocurrido en muchas de las cosas que se derivan del modelo neoliberal, de la instrumentación de la educación superior de carácter público que son imposturas, son formas de condicionamiento para financiar las actividades de investigación y docencia de los profesores.
“Hay resultados relativamente pobres, desde mi punto de vista, en el ámbito de la profundización los retos epistemologicos y metodológicos que supone la construcción de grupos de trabajo alrededor de problemas que consideramos prioritarios”.
La autonomía: patrimonio y libertad de cátedra
Cuál es la visión del gobierno actual alrededor de las universidades públicas de carácter autónomo, cuestionó el académico, en referencia a las iniciativas de todos los partidos que desde los congresos locales y también desde el Congreso de la Unión, ponen en entredicho el principio constitucional consagrado en la fracción 7 del artículo 3 referente a la autonomía de las universidades públicas.
“De manera limitada algunos legisladores piensan que el patrimonio universitario se circunscribe al subsidio, es una visión limitada de la idea y de la gestión del patrimonio. Las capacidades que tienen las universidades autónomas sobre éste están marcadas en la fracción (antes citada)”.
En lo referente al contenido se enseña, los temas de investigación, la formas en que se desarrolla –que suponen el respecto irrestricto a los principios de libertad de cátedra e investigación– son el núcleo fundamental para para que universidades estén en capacidad de coadyuvar con la sociedad, con los gobiernos, a resolver los problemas nacionales y regionales, definió.
“De otra manera se somete a (las universidades) a estar atadas a los intereses particulares de grupos de carácter político, económico, social; es esta libertad de enseñanza y contenido, lo que le da a la universidad efectivamente construir saberes, herramientas tecnológicas, conocimientos que coadyuven a propósitos de las instituciones, no solo de formación profesional, de recursos humanos, capacidades, habilidades, competencias, herramientas de promover a la sociedad para resolver sus problemas”.
Esto, pormenorizó, supone una redefinición de las formas de relación entre la universidad y la forma de regulación de las relaciones de la sociedad con sus actores, “desde el punto de vista neoliberal se ha querido circunscribir solamente una forma de vinculación entre las capacidades universitarias y los actores empresariales. Esto hay que sobrepasarlo. Los actores económicos y sociales de nuestras realidades nacionales no se circunscriben al empresariado”.
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