¿Quiénes son los sujetos sociales capaces de transformar las universidades? —preguntan los profesores y estudiantes a Imanol Ordorika, doctor en Ciencias Sociales y Educación (U. de Stanford), investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el marco de la conferencia “Los retos de la educación superior”, organizada por el Doctorado en Economía Política del Desarrollo, de la Universidad Autónoma de Puebla.
“En este momento son los estudiantes, sobre todo las estudiantes mujeres, más que los académicas, quienes están empujando más a las instituciones al cambio, en las formas de gobierno, las formas de coexistencia interna, temas centrales de las relaciones de poder; son las que han demostrado la capacidad de lucha para poner los temas y estar avanzando; aunque no necesariamente estén tocando los temas de evaluación y estructuración académica”, sostiene.
Son las formas de evaluación, los estímulos internos y del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) los que generan que las instituciones de educación pública no hayan dado ya saltos de creatividad académica, no hay vitalidad que permita que el sector académico sea promotor de un cambio profundo, porque incluso el sector más participativo, activista y luchador está cansado; es una forma de universidad que se impuso y que nadie se ha propuesto modificar, añade el académico.
Insiste en que la transformación de las instituciones de educación superior es responsabilidad de los universitarios, por lo que resulta peligroso que los cambios se dirijan desde afuera, porque los intentos han estado presentes desde algunas legislaturas locales para modificar las leyes orgánicas de las máximas casa de estudio —como el caso de Baja California Sur, estado de México y Nayarit—, pero completamente por fuera de las comunidades universitarias, y que lograron detenerse por el apoyo de la Subsecretaría de Educación Superior y de las comunidades universitarias correspondientes; sin embargo, se mantiene el peso de las autoridades unipersonales, órganos colegiados débiles y con composiciones poco representativas.
Estudioso del poder, política y cambio en la educación superior, Ordorika expone una radiografía del momento que atraviesan las universidades públicas a la luz del cambio político a partir de la elección de 2018 y de la epidemia de Covid-19.
Gobierno de la 4T, sin horizontes claros
“El énfasis de la política educativa en los últimos 30 años se puede resumir en: la contención de la oferta de educación superior pública, la ampliación de las posibilidades para instalar y expandir instituciones de educación superior privada, y los vaivenes presupuestarios para la inversión de la educación superior pública.
“La expectativa, con el cambio de gobierno en 2018, era que uno de los elementos de transformación que cabría esperar era un fortalecimiento de la educación superior pública”.
Sin embargo, detalla el miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, lo que se tiene hasta el momento son retos bastante complejos. Señala que en el centro del debate del artículo 3 constitucional, el debate sobre la autonomía universitaria, así como la gratuidad y obligatoriedad (plantean retos muy difíciles de alcanzar), tres ejes que finalmente quedaron establecidos.
“Un tema muy importante es el acceso. La constitución le da al estudiantado el derecho de que la educación sea gratuita y la educación superior, obligatoria.
“Cualquier persona que haya terminado el ciclo anterior en condiciones adecuadas está en condiciones de hacer un reclamo legal al Estado mexicano por un espacio en la educación superior; y si ha entrado a una de las universidades públicas, está en condiciones de reclamar —ya está ocurriendo en demandas jurídicas— no pagar la cuota porque está escrito que la educación es gratuita.
“Como no hay el fondo de gratuidad para apoyar a las universidades, entonces se está en un panorama de conflictos no solo jurídicos sino también sociales y políticos, entre el estudiantado que ya tiene un elemento constitucional para respaldar su reclamo de gratuidad”, explica el investigador.
Además, agrega, está toda la disputa por los recursos económicos que continúan año con año. En este momento está en proceso el presupuesto para el 2022, y seguramente vamos a tener (las universidades) una nueva disputa en este tema.
Por otro lado, puntualizó, la Ley General de Educación Superior hace enunciados muy generales, propósitos de formar a la gente con una nueva actitud ante la sociedad, aspiraciones loables pero que en realidad no son normas específicas y no hay forma de saber si realmente se están formando con un espíritu crítico, solidario, altruista, equitativo, respetuoso del género.
La legislación establece algunas formas de financiamiento “matizadas” en términos de la existencia de recursos suficientes y ha favorecido a las instituciones de educación privada, manifiesta Ordorika en su caracterización del momento que viven las instituciones de educación superior en México.
“Las políticas de financiamiento han sido y continúan con la tradición previa de los gobiernos anteriores llena de contradicciones e inconsistencias, apenas se ha logrado mantener el financiamiento (de 2018 más la inflación) y se plantean presiones y exigencias mayores para las universidades.
Lo que el Covid ha demorado y visibilizado al interior de las universidades
La epidemia de Covid-19 en el país ha desmovilizado a los estudiantes universitarios. Se mantienen disputas que habían arrancado antes del gobierno de la 4T pero que se exacerbaron durante 2018 y 2019, que de alguna manera se han acallado por el acontecer de la pandemia, que son de manera muy notable todos los temas de género en las instituciones de educación superior, que se han atendido más o menos.
Se mantienen los cuestionamientos por el funcionamiento antidemocrático y las luchas por democratizar las instituciones. “Esto está aplacado porque los estudiantes no están en las universidades, no tienen mucha capacidad de articularse, organizarse y plantear las luchas con estas demandas”.
Existe un nivel de abandono escolar del nivel superior desconocido: “no se tienen datos precisos, sólo estimaciones de que en 2020 se estaba atendiendo solo a una tercera parte del estudiantado que está registrado en la universidad.
Todo el acceso a la educación es en línea, esto plantea desde las dificultades de desigualdad de acceso a la tecnología, desigualdades económicas, cognitivas Se requiere una serie de habilidades cognitivas a nivel de magisterio para dar las clases”.
Profundiza la enorme desigualdad de género existente, en el ámbito estudiantil y magisterial: “Nuestras colegas académicas que tienen que impartir clase y al mismo tiempo atender que sus hijos reciban educación; haberse convertido en maestras de primaria al mismo tiempo que ser maestras universitarias han creado una condición de desigualdad profunda de género, pero también a nivel del estudiantado se prioriza que los hijos varones tengan acceso a los recursos, a las computadoras —cuando existen—, al uso del internet”.
“Ha habido desmovilización estudiantil, a pesar de eso, por ejemplo, en la UNAM, un largo paro de casi cuatro meses porque los estudiantes se fueron a paro apoyando a los docentes de asignatura que no recibieron pago, la UNAM dejó de pagarle a buena parte del profesorado de asignatura que es casi el 70 por ciento de la planta académica”.
Finalmente, resume el profesor investigador, los conflictos se han agudizado, las diferencias de distintos tipos de condiciones laborales —al pasar a funcionar a través de zoom, internet, sin ni siquiera tener la posibilidad de reuniones presenciales de consejos técnicos universitarios, que son de los pocos espacios medianamente colegiados de las universidades— lo que ha acentuado el centralismo y el autoritarismo en las instituciones y las desigualdades y violencias de género que están en el centro de los temas de las educación superior en México.
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