La reforma energética de Peña Nieto (EPN) promulgada en 2013 concretó la apertura de la industria petrolera y eléctrica al capital privado. En su momento se afirmó que con la mayor competencia bajarían los precios de los recibos de la luz y el gas, aumentaría la inversión y para 2018 se incrementaría la producción petrolera de 2.5 a 3 millones de barriles diarios y la producción de gas natural pasaría de 5 mil 700 a 8 mil millones de pies cúbicos.
Para el gobierno de López Obrador (AMLO), la reforma de EPN causó un gran daño a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Por ello en septiembre de 2021 AMLO presentó la iniciativa de reforma eléctrica, cuyo objetivo es fortalecer a la CFE, garantizar la seguridad energética del país y brindar electricidad a mejores precios1. Por otro lado, con el Plan de Rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación (PRSNR) se han rehabilitado las seis refinerías, se construye la refinería en Dos Bocas y recientemente se adquirió la refinería de Deer Park (en Estados Unidos); todo lo cual busca revertir en parte los efectos de la reforma peñista en el sector petrolero.
En las líneas siguientes se reflexionará sobre los saldos de la reforma energética de EPN, comparando los periodos de gobierno de EPN (2013-2018) con el de AMLO (2019-2021).
Primero. Con la reforma energética de 2013 se elevó significativamente la inversión extranjera directa (IED) en los sectores eléctrico y petrolero. Entre 2014 y el tercer trimestre de 2021 la IED acumulada dirigida a las ramas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica; transporte de gas natural por ductos y extracción de petróleo y gas, fue de 27 mil 983 millones de dólares, representando el 11.10 por ciento de la IED global, para efectos comparativos, entre 1999-2013 la participación relativa fue de 3.07 por ciento (Secretaría de Economía, 2022).
Segundo. El impulso de la inversión privada en el sector eléctrico no ha contribuido al desarrollo económico. En materia de contratos, con la reforma de 2013 se obligó a la CFE a comprar energía eléctrica a las centrales privadas, con el objetivo de apalancar la inversión de los privados. También se extendieron permisos de autoabasto para que grandes empresas produzcan su propia electricidad, pero ello devino en un mercado paralelo, pues las empresas de autoabasto comenzaron a vender electricidad utilizando las líneas de transmisión de la CFE, sin cubrir el costo real del transporte (porteo). La CFE ha pagado más de 6 mil millones de pesos como certificados de energías limpias a 335 centrales privadas, por lo que al finalizar los contratos (a 20 o 25 años) se habría subsidiado el 50 por ciento de la inversión inicial de los actores privados (Secretaría de Energía, 2022). Agreguemos, la reforma eléctrica de AMLO busca cancelar dichos contratos y ello se ha desembocado en una fuerte oposición por parte de las empresas privadas involucradas y del gobierno de Estados Unidos.
Tercero. En contra de lo previsto por la reforma peñista, entre 2013 y 2018 se desplomó la extracción y procesamiento de crudo, lo que se tradujo en una abrupta caída en la producción de petrolíferos (gasolinas automotrices, turbosina, diésel y combustóleo) y petroquímicos. Como consecuencia, México profundizó su dependencia importadora en petrolíferos y pasó de ser superavitario a deficitario en el segmento de petroquímicos (cuadro 1).
Cuarto. Con el PRSNR se ha logrado revertir en parte los efectos de la reforma de 2013. Por un lado, entre 2018 y 2021 la extracción de petróleo crudo se elevó en apenas 54 mil barriles por día. Por otro, gracias a la intervención en las seis refinerías se ha logrado que su tasa de utilización se eleve de 32 a 50 por ciento entre 2018 y 2021 (Secretaría de Energía, 2021). Con ello, el procesamiento de crudo creció a una tasa acumulada de 41.20 por ciento y la producción de petrolíferos y gas licuado aumentó en 34.49 por ciento, mientras que el déficit comercial en dicho segmento se redujo de 934 mil a 361 mil barriles diarios (cuadro 1). Agreguemos, la reducción en la dependencia importadora en petrolíferos, particularmente gasolinas, también se explica por el combate al robo de combustible.
Quinto. A pesar del mayor número de participantes en el mercado eléctrico desde la implementación de la reforma energética de EPN, los precios de la electricidad han registrado una tendencia al alza (Enríquez, Ramírez y Rosellón, 2020).
Sexto. La inversión pública en el sector energético, baja per se, aceleró su caída al pasar de 2.24 por ciento (como parte del PIB) en 2013 a 0.94 por ciento en 2018. En el contexto del PRSNR en 2021 el coeficiente de inversión pública en el sector energético se elevó a 1.35 por ciento (Secretaría de Energía, 2022). Sobre tal aspecto, se ha señalado que el aumento en los precios de la electricidad en un contexto de aumento en la competencia en el mercado de generación se explica en parte por la creciente congestión en la red nacional de transmisión eléctrica, ocasionada por la falta de inversión en infraestructura en transmisión (Enríquez, Ramírez y Rosellón, 2020). Al respecto, se debe recordar que las empresas de autoabasto no cubren el costo real de porteo (ver punto dos) y con ello no contribuyen a generar fuentes de financiamiento público para la inversión en dicho segmento.
En suma, la reforma energética de EPN fue un fracaso. Entre otras cosas, la extracción y procesamiento de petróleo crudo cayeron abruptamente, se profundizó la dependencia importadora; la mayor competencia en el mercado de generación de energía eléctrica no redujo los precios de la electricidad, adicionalmente la CFE sostiene a las empresas privadas. El PRSNR y la propuesta de reforma al sector eléctrico del gobierno actual buscan revertir dichas tendencias, situando al sector energético como un asunto de seguridad nacional y bajo la rectoría del Estado. Más allá de temas puntuales en materia eléctrica como la transición a energías limpias y las implicaciones de la cancelación de contratos (temas que actualmente se discuten en el parlamento abierto), lo cierto es que con los procesos en curso se comienzan a asomar ciertos rasgos de un nuevo modelo de crecimiento en México. Será interesante seguir la capacidad de negociación del gobierno de AMLO con las empresas multinacionales afectadas, considerando que los últimos 40 años se han caracterizado por la subordinación al capital transnacional.
- La iniciativa de reforma eléctrica de AMLO propone: i) que el Estado recupere la conducción del sistema eléctrico nacional; ii) la CFE será el organismo del estado encargado de la administración y distribución de la energía eléctrica; iii) se elimina el sistema de mercado, pues se cancelarán todos los permisos de autoabasto, generación, contratos de compra venta de energía y los certificados de energías limpias; iv) la CFE despachará el 56 por ciento de la energía eléctrica del país; v) desaparece la Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía; vi) el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) pasará a formar parte de la CFE; vii) los minerales estratégicos como litio no serán concesionados.
Enríquez, A., Ramírez, J. C., y Rosellón, J. (2019). Costos de generación, inversión y precios del sector eléctrico en México. Investigación económica, 78(309), 58-79.
Secretaría de Economía de México (2022). Información estadística de flujos de IED hacia México por país de origen desde 1999. <https://www.economia.gob.mx> [31 de enero de 2022].
Secretaría de Energía (2022). Nuevo Esquema del Sistema Eléctrico Nacional
< https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/700083/Presentacio_n1.pdf> [31 de enero de 2022].
