Electo para presidir por un sexenio la presidencia de la República, a mitad de gestión se estableció constitucionalmente un refrendo, a petición de parte, para continuar o no en el cargo. El próximo 10 de abril será la consulta para definir si Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente legal y legítimo, continúa en la presidencia. Para ser vinculatorio, deben sufragar cuatro de cada 10 ciudadanos de la lista nominal de electores, situación difícil de lograr por la ausencia de prácticas democráticas para destituir a quienes no nos representan y/o han traicionado su ideario político y programa gubernamental, y a las condiciones adversas para emitir el voto: escasa difusión, insuficiencia de casillas (solo se instalará la tercera parte de las usuales en elecciones federales), boicot de los poderes fácticos al ejercicio, negativa del PAN y del PRI al refrendo por no serles rentable políticamente.
Hay una intensa campaña mediática para descalificar la gestión de AMLO y el proyecto de transformación que encabeza. Las empresas transnacionales que detentan nuestros recursos naturales y los explotan en condiciones de privilegios plasmados en normas emitidas por gobiernos neoliberales, son los principales opositores al gobierno de la 4T: se oponen a la iniciativa de reforma eléctrica cuyo objetivo es recuperar el papel estratégico del sector eléctrico, tener seguridad y soberanía energética, generar energías limpias y fortalecer a la CFE; se oponen también a la Ley General de Aguas que reglamenta el artículo 4º constitucional, donde se consigna el derecho humano al acceso y saneamiento del agua, los derechos de pueblos indígenas y afroamericanos a su territorio, agua, bosques, libre determinación y autonomía para la gestión del agua. También se oponen a la revocación de mandato por la legitimidad que tiene AMLO (seis de cada 10 ciudadanos apoyan su gestión) y por el resultado anticipado: refrendo de mandato.
En su ofensiva, los privilegiados de los gobiernos neoliberales enverdecen su discurso y son férreos defensores de los Acuerdos de París, de la Agenda 2030, de la producción intermitente de energía eléctrica, de una racionalidad ecológica en el uso del agua, de la sustentabilidad planetaria y la descarbonización del crecimiento económico. Al mismo tiempo, son defensores de las empresas que contaminan el planeta, monopolizan el agua, el litio y los hidrocarburos, envenenan ríos, destruyen humedales, expolian germoplasma, alteran ecosistemas y contaminan agua, tierra y aire en su afán desmedido por mercantilizar bienes esenciales para la vida y explotar irracionalmente nuestros recursos naturales.
Es probable que la producción de bienes y servicios por persona en 2024 sea igual a la existente en 2018, que la economía sólo haya crecido en la misma proporción que la población, pero la distribución del ingreso ha mejorado, no tanto por una mayor participación de los sueldos y salarios en el ingreso nacional, sino por el gasto social focalizado hacia las personas de mayores carencias y a un incremento del poder adquisitivo del salario. El gasto público se maneja con probidad y transparencia, se reconstruye el deteriorado sistema de salud pública y se reorganizan los cuerpos de seguridad con base en premisas ajenas a la corrupción y colusión de intereses con el crimen organizado.
El gobierno de la 4T es muy limitado en sus alcances y rehúsa a confrontarse con el capital; nunca se ha asumido como anticapitalista o postcapitalista o por lo menos de inspiración keynesiana. Sus principales postulados en política económica son monetaristas y no pretende el crecimiento económico o la ocupación plena, sino la estabilidad cambiaria y el control de precios. Aun así, comparado con los gobiernos previos de filia priista o panista, no es lo mismo, como gusta decir AMLO; vale la pena refrendarlo para que continúe sus transformaciones.
