Desde el arribo del actual gobierno se ha empleado un lenguaje que hace referencia a una distribución más justa de los recursos; el método elegido para hacer realidad esa redistribución fue incrementar el gasto público en desarrollo social. Esta sin duda es una forma de hacerlo, vía presupuesto, sin embargo, también existe otra alternativa, y esta es la vía del ingreso. Es decir, redistribuir desde el momento en que el Estado se hace de los recursos que integrarán el gasto público.
Esta otra vía, también ha sido adoptada por el actual gobierno, y lo ha hecho a través de las acciones que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) ha emprendido para el pago de las obligaciones fiscales. Entre las estrategias de recaudación se encuentra 1) aumentar la eficiencia recaudatoria mediante la identificación oportuna de omisiones o inconsistencias en el cumplimiento de obligaciones, así como actividades enfocadas en promover el pago de adeudos mediante acciones persuasivas e invitaciones a la regularización, 2) bajar la evasión y elusión empleando programas de fiscalización y 3) mediante el combate a la corrupción redoblando esfuerzos para detectar redes criminales, identificar la forma de operar de dichas redes y denunciando a los involucrados.
Estas estrategias han dado resultados positivos, solo por mencionar un ejemplo, con las acciones de recaudación, de enero a diciembre de 2022 se captaron 336 mil 634 millones de pesos más que en el mismo periodo de 2018, es decir, 80 por ciento más en términos reales en comparación con el último año de la administración anterior1.
Otra acción relevante por parte del SAT es la defensa del interés fiscal a través de los juicios que ha emprendido o a los que se les ha dado seguimiento para incrementar la recaudación. Por citar otro ejemplo, al término de 2022 el número de juicios favorables al SAT en sentencia definitiva alcanzó los 8 mil 434 casos, lo cual equivale al 43.9 por ciento del total, y a 120 mil 719 millones de pesos que ingresaron a la hacienda pública2.
Como se puede observar, los esfuerzos en materia de recaudación han sido importantes y han dado frutos, lo recaudado se ha destinado directamente a engrosar el presupuesto público y a financiar los rubros destinados a redistribuir por la vía del gasto, sin embargo, a pesar del mérito que significa cobrar mejor, no dejan de ser esfuerzos que tiene un límite. Con estas acciones, se podrá fortalecer la hacienda pública, pero no lo suficiente como para lograr un cambio sustancial en la distribución del ingreso y más aún de la riqueza.
La reconfiguración de la economía es un requisito indispensable para llevar a cabo un cambio de este tipo, y una reformulación de la estructura fiscal sería de gran ayuda. Una organización de impuestos que cobre progresivamente más a aquellos, que, gracias al modo de operación de la economía, han conseguido más beneficios, sea redistribuido por la vía del gasto, destinado a desarrollo social y económico, a aquellos en una situación menos favorecida. En efecto, se trata de compensar por el desarrollo y el crecimiento desigual, al mismo tiempo que se propician las condiciones para que las brechas entre quienes históricamente ganan y pierden se vuelvan menores, menos costosas y se avance hacia una economía que genere bienestar en la población bajo un principio de dignidad en la calidad de vida.
Si bien las adecuaciones técnicas y legales que ha emprendido el SAT han arrojado montos más altos de ingresos, la estructura impositiva, es decir, la forma en que se organiza el sistema tributario en nuestro país no ha modificado los tipos de impuestos, los montos, márgenes, las tasas impositivas, etcétera. Por eso a pesar de recaudar más estos se vuelven montos realmente menores debido a que la estructura fiscal se mantiene intacta. Esta inmovilidad, por ejemplo, permitió que en este país en 2021 hubiera contribuyentes con ingresos arriba de 500 millones de pesos anuales que apenas aportaron 0.03 por ciento de la recaudación total de impuestos3.
Una reforma fiscal es necesaria no solamente por su potencial recaudatorio, sino por su potencial redistribuidor. Una reforma fiscal es un elemento indispensable de justicia distributiva. Si continuamos apostando casi exclusivamente por la vía del gasto, nos tardaremos mucho más tiempo en subsanar los desbalances y las desigualdades imperantes, será costoso y tardado. Si optamos por una reforma fiscal altamente progresiva será incómodo (realmente molesto) para aquellos que vean tocados sus privilegios, pero la justicia fiscal se trata de equilibrar derechos y obligaciones tributarias, se trata de equilibrar los beneficios que este país, a través de su estructura económica les generó a unos, mediante los tributos que deben de pagar.
Lo anterior implica que las personas con mayores ingresos y patrimonio deben contribuir con una parte proporcionalmente mayor de sus rentas a través de los impuestos. Si este país es capaz de generar las condiciones para que uno de sus habitantes sea el hombre más rico de América Latina y concentre más riqueza que 65 millones de mexicanos juntos4, entonces esta misma estructura económica a través de su arreglo fiscal debe de ser capaz de hacerlo pagar impuestos por esa riqueza generada.
El objetivo principal de la justicia fiscal es garantizar que el sistema tributario sea equitativo para todas las personas y que la carga fiscal se distribuya de manera proporcional para financiar los gastos públicos y el bienestar general. Una reforma fiscal puede iniciar por arreglos o mejoras en las técnicas de recaudación, por modificaciones legales, por elevar a rango constitucional la prohibición de las condonaciones y de las exenciones de impuestos, como atinadamente se ha hecho, pero no puede parar ahí, una posibilidad para continuar avanzado es cobrarles a aquellos que aún hoy no pagan lo proporcional a su nivel de riqueza. Únicamente después de cobrarle a los ricos se podrían revisar los impuestos generales que pagamos todos.
Una reforma fiscal eficaz, progresiva, dirigida a las fuentes de ingreso más concentradas, permitiría que el Estado tenga recursos suficientes y redistribuya tanto al momento de recaudar (a quién le cobra, cuánto le cobra, por qué conceptos se les cobra) como al momento de gastar (a quién se dirige el gasto, cuánto se destina, en qué momento del ciclo de la vida se hace), se trata de modificar la estructura de oportunidades y de riqueza a través de los impuestos. Por lo ambicioso del proyecto, es posible pensar que tenga que hacerse por etapas en el tiempo, la primera de ellas puede que ya haya sido emprendida, pero no es suficiente, es necesario avanzar más, y para ello es deseable y económicamente justo apuntar hacia las grandes fortunas.
La reforma fiscal no solo debe de tener como objetivo recaudar más, sino recaudar para asegurar la prosperidad económica del colectivo a través de su poder redistribuidor. Porque a pesar de lo significativas que son las transferencias para el día a día de la población, nunca serán lo suficientemente poderosas como contar con bienes y servicios públicos de calidad, con sistemas universales de salud, educación, protección social, etcétera, que permitan disminuir el gasto de bolsillo de las familias, especialmente en tiempos de crisis. La reforma fiscal progresiva debería de entenderse como la condición necesaria para la distribución de derechos y obligaciones, porque al fin de cuentas, cuando los que más concentran no pagan los impuestos que podrían y deberían de pagar, quienes acabamos pagando el costo por no tener esos recursos disponibles para incrementar el gasto público, somos todos los demás.
Necesitamos hablar abierta y públicamente de una reforma fiscal progresiva. El primer paso ya se dio cobrando mejor, pero solo es eso, un paso; hay que hacer camino.
1 Sistema de Administración Tributaria, 2022. Informe Tributario y de Gestión. Cuarto trimestre 2022.
2 Ibid.
3 OXFAM México, 2023. ¿Quién paga la cuenta? Los mitos detrás de los impuestos a las grandes fortunas en México.
4 Ibid.
Referencias
OXFAM México, 2023. ¿Quién paga la cuenta? Los mitos detrás de los impuestos a las grandes fortunas en México
Sistema de Administración Tributaria, 2022. Informe Tributario y de Gestión. Cuarto trimestre 2022
