La dinámica del empleo y de las condiciones de vida de la población está determinada por las características del régimen de acumulación; es decir, por la manera en que el capital se reproduce e impone su lógica de obtención de ganancias. Es bastante conocido que durante el periodo neoliberal se configuró una estructura productiva que ha tenido como ejes a los sectores financiero e industrial, ambos mundializados. Para el caso de nuestro país, el predominio de las cadenas globales de valor (hegemonizadas por los capitales trasnacionales) y de los grandes consorcios financieros se ha sostenido desde fines de la década de los ochenta hasta ahora, generando una distribución del valor altamente polarizada y un empleo precarizado e informal.
Al respecto, podemos ilustrar cómo en México el sector financiero se apropiaba de 10.2 por ciento del PIB en 2003; en 2018, 13.1 por ciento, y en 2022 alcanzó 13.9; en tanto que poco más de 4 mil empresas se llevan más del 50 por ciento del valor generado en las industrias manufactureras. Lo anterior contrasta con el empleo que generan, que en el caso del sector financiero es solo de 1.6 por ciento y la manufactura de 18.6 por ciento. Así, es fácil comprender porqué nuestro país tiene una decena de mil millonarios y cerca de 60 millones de mexicanos en condiciones de pobreza.
La economía poblana ha seguido fielmente el régimen de acumulación neoliberal, de tal forma que el sector financiero en 2022 se apropiaba del 13.4 por ciento del PIB, pero, a diferencia de lo que acontece a nivel nacional, los Servicios Inmobiliarios tienen un mayor peso en dicho sector, apropiándose de 11.5 por ciento del PIB, esto debido a que la especulación financiera y las grandes empresas constructoras tienen una fuerte presencia en la entidad.
Predominio de la informalidad y fuerte desempleo
El mercado laboral mexicano se ha caracterizado desde hace varias décadas por su alto grado de informalidad, lo que implica bajos niveles de ingreso y pésimas condiciones de trabajo, así tenemos que para 2018 la tasa de informalidad laboral era del 56.5 por ciento y para 2023 fue del 55.2, para Puebla los datos son de 72.3 y 70.4 por ciento, respectivamente. En ambos casos disminuye ligeramente esta tasa, resultado de las políticas de empleo impulsadas por el gobierno federal; sin embargo, es claro que aún es insuficiente. Destaca la mayor informalidad en el caso de la entidad poblana.
En este contexto, contrasta que, de acuerdo con los datos oficiales, la tasa de desempleo sea muy baja: 3.3 y 2.8 por ciento en el país y 2.6 y 2.2 por ciento en la entidad poblana, para los años 2018 y 2023. Pero la realidad del desempleo es mucho más aguda; por ejemplo, para 2023 había 5.2 millones de mexicanos y 303 mil poblanos que estaban “Disponibles para trabajar”, pero que habían desistido buscar empleo por “considerar que no tienen posibilidades” de encontrarlo. Así, la tasa de desempleo en 2023 se eleva a 11.4 por ciento para el país y 12.1 por ciento en la entidad; es decir, 6.8 millones de mexicanos y 372 mil poblanos carecen de un empleo que les permita obtener un ingreso para subsistir. Situación que es mucho mayor para las mujeres, cuya tasa de desempleo es de 17.1 por ciento y 17.8 por ciento, respectivamente.
Precariedad del empleo
Uno de los indicadores que muestra la precariedad laboral es el ingreso, el cual en nuestro país ha sido muy bajo, hay que mencionar que las remuneraciones a los trabajadores tuvieron una brutal caída entre 1976-78 hasta mediados de la década de los noventa, de tal forma que el valor real disminuyó en más de dos tercios, este fue el resultado de las políticas económicas del estado neoliberal. En este contexto, los cálculos del Coneval mostraban que para 2018, 40.4 por ciento de la población nacional tenía un ingreso menor al costo de la canasta alimentaria, estaban en una situación de “pobreza alimentaria”, porcentaje que disminuye 37.5 por ciento en 2023, como un resultado de la política federal de recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo. Los datos para Puebla son de 48.6 por ciento y 43.8 por ciento para los años mencionados.
Otra dimensión de la precariedad es el derecho a la salud, un indicador de esto es el acceso a las instituciones que oficialmente prestan este servicio, para 2018 el 61.6 por ciento carecían de él y cinco años después era el 60.5 por ciento, nuevamente, para la entidad la situación es peor, para esos años 78.3 y 76.6 por ciento no tenían ese derecho laboral.
Enfocándonos solo en los trabajadores asalariados (que son más del 70 por ciento), encontramos que el derecho a la negociación colectiva es negado de manera sistemática. Baste mencionar que en el país, en 2018, 36.5 por ciento carecían de prestaciones laborales y 44.0 por ciento no tenía un contrato por escrito, cinco años después disminuyen ligeramente al 33.6 y 42.2 por ciento, respectivamente. Esta precariedad es más aguda para los trabajadores poblanos: para el año 2023 el 54.9 por ciento no tenía prestaciones y el 60 por ciento carecía de contrato por escrito.
Jornadas laborales agotadoras y mayor explotación
Otro aspecto que se evidencia a partir de los datos oficiales es que los asalariados tienen jornadas laborales por encima de lo legalmente establecido, para 2023, el 27.5 por ciento laboraba más de 48 horas a la semana, esto en el ámbito nacional, para el caso de Puebla es del 29.4 por ciento.
Por otro lado, se calcula que en el país 70 por ciento del valor que se genera se lo apropian los empleadores; es decir, se traduce en ganancias para los capitalistas, y solo el 30 por ciento es para los trabajadores. En Puebla, la situación es más aguda, pues podemos estimar que las ganancias representan cerca de 73 por ciento del valor que se produce.
Así, se concluye que lo predominante en el mercado de trabajo, tanto en el país como en Puebla, son: bajos ingresos (pobreza alimentaria), precariedad de las condiciones de trabajo, inseguridad laboral y escasas prestaciones. Características que sustentan la rentabilidad del capital y que son mucho más agudas en las mujeres (quienes son el pilar del trabajo de cuidados y de reproducción, que no son remunerados), en los trabajadores agrícolas y en los jóvenes. Hay que recalcar que Puebla tiene un peor comportamiento del mercado laboral.
Durante el periodo del gobierno federal actual, varios de esos indicadores han tenido una mejoría; sin embargo, dada la magnitud de ellos, se puede afirmar que aún queda mucho por hacer. Pero es necesario señalar que las reformas laborales a partir de los últimos seis años generan un contexto favorable para respaldar los derechos laborales fundamentales.
Lamentablemente ese contexto solo puede tener resultados positivos en la medida que los trabajadores logren su plena identidad como sujetos sociales que reivindican y defienden sus intereses. Un ejemplo de lo que aconteció con esas reformas son el pequeño número de contratos colectivos legitimados —en el país solo fueron 30 mil 526 y en la entidad 922— y la baja tasa de sindicalización -22.9 por ciento nacional, y 24.9 por ciento, Puebla. Además, hay que subrayar que la mayoría de las representaciones sindicales fueron ratificadas, aunque hubo luchas destacadas que desconocieron a las directivas por no defender sus intereses; la lectura de estos últimos resultados se resume en que el sindicalismo mexicano aún sigue dominado por el viejo corporativismo y las representaciones apatronadas.
Los retos en el ámbito laboral para el periodo sexenal siguiente son muy fuertes, requieren de políticas públicas federales y estatales que fortalezcan el cumplimiento de los derechos de los trabajadores y que aumente la cantidad de empleo bien remunerado; al mismo tiempo que los asalariados amplíen su capacidad de organización y resistencia frente a la ambición de los capitalistas.
Nota: los datos sobre empleo fueron obtenidos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI.
