Votar es un derecho y un deber cívico fundamental en cualquier democracia, ya que permite a los ciudadanos participar activamente en la toma de decisiones políticas. Constituye una herramienta determinante para elegir a quienes tomarán decisiones en el gobierno. Si no se vota, se evade la responsabilidad de decidir por uno mismo, pudiéndose imponer intereses ajenos. Por eso, en la medida en la que se incrementa la participación electoral, se legitima a los gobernantes, evitando paralelamente que pequeños grupos concentren el poder.
La democracia, a través de procesos electorales, ha costado vidas humanas en contextos históricos donde el derecho al voto fue negado, desautorizado, menoscabado, reprimido y conquistado mediante luchas extremadamente violentas. En los siglos XIX-XX, en Europa y América, trabajadores y activistas fueron reprimidos e incluso asesinados por exigir el voto universal.
La Masacre de Haymarket (o Revuelta de Haymarket) fue un evento crucial en la historia del movimiento obrero internacional, ocurrido el 4 de mayo de 1886 en Chicago. Este suceso está ligado a la lucha por la jornada laboral de ocho horas y tuvo consecuencias dramáticas, incluyendo ejecuciones y persecuciones políticas. Dentro de los aspectos que se consideran “clave” en este suceso sobresale que los obreros trabajaban hasta 16 horas diarias y seguidas. El 1 de mayo de 1886, miles de trabajadores iniciaron una huelga nacional exigiendo “ocho horas de trabajo, ocho de descanso y ocho de ocio”. En Chicago, epicentro del movimiento, las protestas fueron especialmente combativas. El 4 de mayo de 1886 una manifestación pacífica en Haymarket Square fue reprimida por la Policía. Alguien (nunca identificado) lanzó una bomba explosiva contra los policías, matando a siete agentes. La Policía respondió con disparos, dejando decenas de heridos y muertos entre los obreros. Apresaron a un número importante de participantes; sin embargo, lo que marcó un hito en esta tenebrosa historia giró en torno a que ocho anarquistas fueron acusados sin pruebas directas del atentado y solamente por sus ideas políticas. Cinco de ellos fueron condenados a muerte: August Spies, Albert Parsons, George Engel, Adolph Fischer y Louis Lingg (este último se suicidó antes de la ejecución). En un acto conmovedor, August Spies gritó antes de morir ¡La voz que vais a silenciar será más poderosa en el futuro que todas las palabras que yo pudiera decir ahora! Y en efecto, este evento inspiró la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores el primer día de mayo en todo el mundo, convirtiéndose en el símbolo de la represión estatal contra movimientos sociales.
En nuestro país, México, entre los años de 1988 a 2000, protestas por fraudes electorales dejaron muertos, antes de lo que ya es considerada una verdadera transición democrática en la actualidad. Este periodo estuvo marcado por críticas y represión vinculadas a fraudes electorales y la lucha por el cambio, especialmente durante los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI); sin embargo, no existe una cifra oficial consolidada de muertes por esta causa, debido a la opacidad en la información por parte de las autoridades y a que muchos casos quedaron en la impunidad.
Varios líderes opositores y periodistas críticos fueron asesinados, dentro de los que sobresalen: Francisco Xavier Ovando, líder priísta disidente, en 1991, asesinado tras denunciar corrupción y fraudes electorales. Su caso nunca fue esclarecido completamente. Luis Donaldo Colosio (1994) quien fue candidato presidencial del PRI, asesinado durante un mitin en Tijuana. Aunque se atribuyó el crimen a un “asesino solitario” (Mario Aburto), persisten teorías sobre una conspiración política. José Francisco Ruiz Massieu (1994) quien era secretario general del PRI, asesinado en la Ciudad de México. Su caso llevó a la detención del hermano del expresidente Carlos Salinas, Raúl Salinas (libre después de diez años en la cárcel al ser absuelto del crimen), aunque las motivaciones políticas nunca fueron totalmente aclaradas.
Por otro lado, campesinos y líderes sociales en Guerrero, Chiapas y Oaxaca, durante los 90 fueron asesinados por sus actividades en el campo y su oposición al gobierno, especialmente en zonas con conflictos agrarios o por la presencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), tras un alzamiento armado chiapaneco en 1994.
Periodistas críticos fueron asesinados como Héctor Félix Miranda (1988) columnista del Semanario Zeta en Tijuana, acusador del gobierno y el narcotráfico, asesinado por guardias de seguridad vinculados a un empresario. Víctor Manuel Oropeza (1991), periodista de El Diario de Juárez, asesinado por sus investigaciones sobre narcopolítica. Jesús Blancornelas (sobrevivió a un atentado en 1997), cofundador del Semanario Zeta, blanco constante por sus reportes sobre el cártel de los Arellano Félix. Pablo Pineda Gaucín (1999) reportero de El Sol de Sinaloa, asesinado tras investigar corrupción local.
Muchos de estos crímenes quedaron en la impunidad o fueron atribuidos a autores materiales sin revelar los mandos intelectuales. Estimaciones de Organizaciones no Gubernamentales y periodistas de investigación estiman entre 500 y mil muertes relacionadas con violencia política en ese periodo, incluyendo asesinatos selectivos, masacres, represión y desapariciones. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) que en la actualidad ya perdió su registro nacional como partido político, documentó al menos 600 militantes asesinados entre 1988 y 2000, muchos de ellos en contextos electorales.
No hay un consenso histórico, pero cientos de personas murieron en México en la lucha por elecciones libres. La transición democrática (2000) llegó tras años de pesares, lágrimas, sangre, fraudes y resistencia.
La democracia no surgió de forma pacífica. Se construyó sobre luchas donde personas dieron su vida por el derecho a sufragar. Hoy, en reconocimiento a todos aquellos que combatieron por tener elecciones libres, el votar honra a su memoria y quienes buscan boicotear este derecho, son insensibles, indiferentes, pasivos o ignorantes quienes, en la más absurda de las conductas, plantean la inacción como un mecanismo de cambio. Aunque ningún sistema electoral es perfecto, la abstención solo beneficia a quienes prefieren que la ciudadanía no tenga influencia en el conjunto de decisiones gubernamentales. Si deseamos tener un país de primer orden, necesitamos ser también ciudadanos de primer orden.
