“La ley solo existe para los pobres; los ricos y los poderosos la desobedecen cuando quieren, y lo hacen sin recibir castigo porque no hay juez en el mundo que no pueda comprarse con dinero.” Marqués de Sade
El domingo 30 de marzo de este año dieron inicio las campañas de candidaturas a elección popular del Poder Judicial de la Federación, las cuales tendrán una duración de 60 días, concluyendo el próximo 28 de mayo. Siendo el 1 de junio en que las y los ciudadanos erigirán a las personas que ocuparan cada uno de los 881 cargos judiciales que se disputan, iniciando así una nueva época del Poder Judicial Federal en nuestro país, además, dicha jornada electoral marcará un hito a nivel mundial, pues hasta ahora, en ningún otro país ha existido algún ejercicio de igual magnitud.
Para gran parte de la población son desconocidas las razones de fondo de la reforma judicial y por ende, sus consecuencias. Sin embargo, muchas personas han padecido y sido víctimas del actual sistema de procuración, administración e impartición de justicia, el cual encuentra como parte fundamental de su columna vertebral al Poder Judicial Federal y poderes judiciales locales de los estados de la República; en los cuales la mayoría de sus miembros no se ocupan de procurar justicia para el pueblo, si no que son simples administradores de intereses diversos, principalmente económicos y políticos, salvo honrosas excepciones; sin embargo, lamentablemente estas últimas personas son minoría, y con poco margen de acción.
Ahora bien, regresando a la población, muchos desconocen del tema, no porque sean apáticos, ignorantes y mucho menos indolentes, o que no les importe lo que ocurre en nuestro país, como los califican los más acérrimos detractores de la reforma y defensores de la actual “Sagrada Familia del Poder Judicial de la Federación”; sino que la gran mayoría se encuentra ocupada en sobrevivir económicamente a este capitalismo salvaje, que poco tiempo les deja para descanso, diversión y análisis de la realidad actual; si esto no fuera poco, los “expertos” en la gran mayoría de las ocasiones han tenido un muy bajo nivel de debate —diciendo medias verdades o realizando una interpretación a modo de la letra constitucional, para así justificar sus posturas y pretensiones, de hecho han tergiversado descaradamente la constitución— han complicado todavía más el entendimiento de la reforma a las personas no conocedoras del lenguaje jurídico, pues sus posturas verdaderas se esconden detrás de palabras rimbombantes y altamente técnicas, para así aparecer ante la opinión pública como grandes intelectuales conocedores del tema y que lo que dicen es la verdad, dejando al pueblo en una gran incertidumbre a la interrogante de si ¿la reforma judicial, que hoy se materializa con estas primeras elecciones, le beneficiará o lo afectará todavía más?
Luego entonces, el Poder Judicial de la Federación es quien se encarga, en la letra muerta de la ley, de administrar la ¿justicia?, interpretar las leyes, proteger el orden constitucional; resolver las controversias que surjan entre particulares, cuando se trate de asuntos de competencia federal; intervenir en las controversias que se susciten cuando una ley o acto de autoridad viole garantías individuales, y resolver conflictos entre autoridades, de todas estas funciones, quizá la más importante sea la de interpretar las leyes, porque esto abarca también la interpretación de la constitución y los tratados internacionales que forman parte de ella.
Ahora veamos, según datos del Inegi al 2024, mediante el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal 2024, sabemos que está integrado por 54 mil 780 personas servidoras públicas, de las cuales 11 personas Ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 5 personas Magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 6 personas consejeras del Consejo de la Judicatura Federal; 852 personas magistradas; 757 personas juzgadoras, es decir, estos cargos son los que formaban parte de la burocracia dorada del PJF, siendo los ministros quienes tienen los sueldos más altos, ganando al año 5 millones 325 mil 949 pesos, según su salario bruto, estando este fuera de lo que establece la Constitución, pues esta dice que nadie puede ganar más que la Presidenta de México, quien anualmente percibe 2 millones 716 mil 303 pesos. Con esta pequeña muestra económica vemos que tanto resguardan y respetan el texto constitucional los ministros de la SCJN, cabeza del PJF.
Queda claro que para los representantes del PJF lo único que importa es el dinero y sus privilegios que el viejo régimen del amasiato PRI-PAN les concedió, y por ello, desde que inició —el 31 de diciembre de 1994, con reforma al Poder Judicial Federal del expresidente de la República Ernesto Zedillo Ponce de León— este fue funcional al neoliberalismo/globalización, pues si observamos con detenimiento, todas las privatizaciones de las empresas estatales que eran propiedad de la nación, el despojo de los recursos naturales por parte de empresas de gran capital, la expoliación y super explotación de la mano de obra mexicana, el incumplimiento de los derechos humanos económicos y sociales de los que la constitución dice que todos los mexicanos gozamos, el uso de la maquinaria del derecho penal para perseguir, encarcelar y hasta eliminar a luchadores sociales que verdaderamente defendían a sus pueblos, el desplazamiento y despojo de sus tierras a campesinos pobres para entregárselas a los industriales y desarrolladores inmobiliarios, el agandalle de la banca con las jubilaciones y pensiones, el lavado de dinero por parte de los delincuentes de cuello blanco, la responsabilidad de miles de asesinatos por la delincuencia organizada y un largo etcétera, que trajo el capitalismo en su versión de neoliberalismo/globalización, a ojos de este Poder Judicial y su Suprema Corte de Justicia, nunca fueron contrarios a la Constitución.
De lo anterior tenemos dos claros ejemplos: la Iniciativa Mérida, durante el sexenio de Felipe Calderón y el Pacto por México, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ambos proyectos reformadores, vinieron a cambiar casi todo el orden jurídico en nuestro país y prácticamente diseñado por distintas agencias extranjeras, como el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos Mexicanos, la Organización de Estados Americanos, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) señalada de propiciar varios golpes de estado a lo largo y ancho del mundo y financiar a los entes golpistas en America Latina, y ante ello, el PJF federal nunca se opuso, al contrario, lo aplaudió.
Es decir, ese Poder Judicial que refundó Zedillo y que finiquitó AMLO ya no tiene cabida en un mundo que se está desglobalizando, donde el domino de los Estados Unidos se está retrotrayendo a lo que se conoce como el mundo occidental, dando paso a la configuración de un nuevo orden tripolar, donde las naciones regentes son China, Rusia y Estados Unidos, y que, por lo que hace a nuestro país, el régimen neoliberal/globalista llegó a su fin con la llegada de la autodenominada cuarta transformación, que es partidaria de los regionalismos y proteccionismos económicos, como ahora lo está siendo Estados Unidos, y para ello, el actual régimen mexicano necesita que su superestructura estatal esté acorde con los nuevos tiempos, y es ahí donde encontramos una necesidad imperiosa de la aplicación de la reforma al Poder Judicial del año pasado.
Encontramos también, como una razón de fundamental importancia y urgencia para la implementación de esta reforma judicial en materia constitucional, el evitar que la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es parte de la fracción burguesa que perdió el poder ante AMLO y su proyecto de nación, realicen un golpe de estado mediante lo que actualmente se conoce como Lawfare, para muestra de esa intentona tenemos muchos ejemplos de varios políticos y empresarios que, antaño fueron beneficiados con los regímenes panistas y priistas y que hoy son desplazados por el régimen morenista que han llamado a levantarse en armas, a desconocer al actual gobierno federal y que hasta rezan porque Estados Unidos intervenga militarmente nuestro país y deponga al actual gobierno, esto no tendría nada de preocupante, si solo fueran simples peroratas, pero ya tenemos como además de poder económico, cuentan con poder de fuego, pues en no muy pocos casos, se ha exhibido la complicidad entre estos políticos y empresarios con bandas del crimen organizado, quienes según el periodista Tucker Carlson, cuentan con gran poder armamentístico, pues “un porcentaje enorme de las armas que envió el gobierno de Estados Unidos a Ucrania, se ha vendido a dichos grupos criminales nacionales.
Y si, como vimos, los propios miembros del Poder Judicial Federal que se oponen a la reforma fueron capaces de interponer mil 500 amparos, y dentro de los cuales diversos Jueces de Distrito de Amparo se atrevieron a resolver contra la Constitución, al otorgar 500 suspensiones, según las palabras de la magistrada Edna Lorena Hernández Granados, en la conferencia de prensa matutina del PJF de fecha 3 de diciembre de 2024; es decir, si para evitar perder sus privilegios y canonjías la burocracia dorada del PJF —y hago esta aclaración porque el personal de base, alrededor de 48 mil personas, es súper explotado, víctima de los malos tratos de algunos jueces, magistrados y ministros, y prácticamente sus derechos laborales, son la letra muerta de la ley— que nos haría creer, ¿que dicha burocracia dorada del PJF no avalaría un golpe de estado mediante técnicas del Lawfare?
Para terminar el presente, debo decir que al ser una reforma a la Constitución de un estado que en esencia es dominado y regido por las leyes del capitalismo salvaje, no debemos darle un voto de confianza a ciegas, pero sí el beneficio de la duda, pues al final de cuentas el derecho y las leyes son otro campo de batalla más en la interminable lucha de clases, y que como decía Lenin, que “lo que no usa el proletariado, utiliza la burguesía”, y aunque aún estamos muy lejos de concretar dicha frase porque nuestro país está dominado por el capitalismo; la batalla por un Poder Judicial que esté al servicio de los intereses del pueblo y alejado de los intereses del gran capital, se debe dar, sin olvidar que Engels y Marx nos ilustraron que “el derecho es la voluntad de la clase dominante erigida en ley”.
