La reciente elección extraordinaria para elegir a 881 ministros y ministras; magistrados y magistradas y jueces y juezas del Poder Judicial nunca fue del agrado de los poderes fácticos que lo controlan o mantenían con él una relación de mutuo beneficio. Ambos boicotearon la reforma, descalificaron el proceso de elección y actualmente desconocen el resultado. En la primera edición de elección democrática de este poder participaron casi 13 millones de ciudadanos (13 por ciento de la Lista Nominal de Electores), poco si la comparación es con la elección presidencial de 2024 donde votaron 60.1 millones de ciudadanos (61 por ciento de participación), si el referente son los 128 senadores que tradicionalmente los ungían, el cambio es significativo. Los tres poderes podían proponer igual número de candidatos, y la ciudadanía los eligió mediante sufragio universal, libre y secreto. Se eligieron seis distintos cargos con paridad de género, y en dos de ellos, por especialidad, lo que hizo difícil el proceso de elección si no disponían de un apunte previo, aun así, los votos nulos (elección improcedente de género y/o especialidad) y los recuadros vacíos se ubicaron entre 20 y 25 por ciento del total de votos emitidos.
De los tres poderes proponentes, el Ejecutivo es quien goza de mayor credibilidad y confianza: en la encuesta nacional de vivienda de mayo de 2025, Enkoll ubicó a Claudia Sheinbaum Pardo con 83 por ciento de aprobación, ese mismo mes, Oraculus la registró con 78 por ciento, 24 puntos por arriba de Enrique Peña Nieto a ocho meses de su gestión, y 20 por encima de Vicente Fox Quezada para los mismos meses. El Legislativo es el poder más desacreditado: en la Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública de 2023 registró una calificación de confianza de 5.0 en una escala de 0 (ninguna) a 10 (mucha) y en la Encuesta de Mitofsky sobre Instituciones de 2020, en la misma escala, los senadores y diputados federales tuvieron 5.9 y 5.7 de calificación, respectivamente. El Judicial es valorado casi en los mismos términos que el Legislativo: la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2024 registró que dos de cada tres ciudadanos consideraron corruptos a los jueces y en una escala de 0 (nada) a 10 (mucha) la confianza en jueces fue 0.53 y la efectividad de su desempeño de 0.55. Con tan asimétrica autoridad moral, las propuestas del Ejecutivo se esperaba que fueran mejor aceptadas que la de sus pares, y así fue. El promedio de votos válidos de las tres elecciones de carácter federal, el Ejecutivo registró 39.2 por ciento; el Legislativo, 14.6 por ciento, y el Judicial, 10.9 por ciento; los ministros y magistrados en funciones tuvieron 16 por ciento y, en diversas combinaciones los poderes registraron 19.2 por ciento. Ni sumadas las probables fuerzas del Legislativo y Judicial podían superar el liderazgo moral, político y electoral del Ejecutivo, por esa razón no querían la reforma, no podían ganar legítimamente.
Los partidos que apoyaron las reformas judiciales y sus opositores tienen asimétrica presencia electoral. Los promotores fueron Morena, PVEM y del Trabajo, quienes gobiernan 24 entidades donde radica 73.6 por ciento de los ciudadanos en Lista Nominal de Electores; de 300 distritos federales electorales, esos partidos ganaron 256 el año pasado, donde vive 84.8 por ciento de los ciudadanos, los opositores gobiernan seis entidades donde reside 15.1 por ciento de los ciudadanos y ganaron 42 distritos federales electorales donde reside 14.5 por ciento de los ciudadanos. Entre los promoventes y los detractores la relación de votos es de 5:1, suficiente margen para que la dispersión del voto de los simpatizantes del Poder Ejecutivo no deviniese derrota.
El promedio de candidaturas para elegir un ministro(a) o magistrado (a) a la SCJN, o a la Sala Superior del Tribunal Electoral del PJF o al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) fue de 7.1, situación que conllevó a una dispersión de los votos: entre 43 y 46 por ciento de los votos válidos fue para 16 candidatos ganadores y entre 54 y 57 por ciento para 101 candidatos perdedores. En las entidades donde gobierna Morena o PVEM, el porcentaje de votos válidos para las candidaturas ganadoras fue entre 44 y 48 por ciento del total de votos válidos y en las entidades en que gobierna el PAN o el PRI, el porcentaje para los ganadores de la contienda osciló entre 40 y 42 por ciento. No todos los ciudadanos en gobiernos de Morena votaron por candidatos del Poder Ejecutivo ni entre los simpatizantes hubo consenso, pues existieron múltiples listas.
En las entidades donde gobiernan el PRI (Coahuila y Durango) y el PVEM (San Luis Potosí) fue más intensa la participación electoral, ya que se promovieron listas alternas a las del Poder Ejecutivo. Entre otras opciones de otras listas para ministras estuvieron Natalia Téllez, Fabiana Estrada, Marisol Castañeda, Jazmín Bonilla y Olivia Aguirre, en tanto que para ministros fueron reiterados Isaac de la Paz, Federico Anaya, César Mario Gutiérrez, Sergio Javier Molina y Ulises Carlin de la Fuente. Para magistradas y magistrados del TDJ, los más votados que no ganaron, pero estuvieron en más de una lista fueron Ariadna Camacho Contreras, Denisse de los Ángeles Uribe, Liliana Hernández, Jorge Alfredo Clemente Pérez, Gildardo Galinzoga Esparza y Juvenal Carvajal Díaz.
Solamente se eligió a un integrante por género para la Sala Superior del Tribunal Electoral del PJF y la magistrada sin corona fue Concepción María del Rocío Balderas, primera opción en Veracruz y Baja California y segunda opción mujer en 30 entidades, ganó el primer lugar en 42 distritos federales electorales (de 300 posibles), incluyendo 19 de Veracruz, siete de la CdMx y cinco del estado de México; Gabriela Eugenia del Valle fue la tercera mujer mejor posicionada. De los magistrados, Rodrigo Quezada Goncen fue segundo lugar en 267 distritos federales electorales, incluyendo 40 distritos del estado de México, 22 de la CdMx, 20 de Jalisco, 19 de Veracruz, 15 de Puebla; otras candidaturas tampoco ganadoras fueron impulsadas por el PAN, PRI, MC y PVEM, como las de Jorge Sánchez Morales, Rubén Jesús Lara Patrón y Jorge Emilio Sánchez Cordero.
La promoción del INE del proceso electoral fue parca e intensa la descalificación mediática; las redes sociales fueron canales de promoción; hubo intercambio epistolar de apuntes de votación, posicionamiento de intelectuales sobre la relevancia y pertinencia de la renovación del Poder Judicial y organizaciones variopintas que promovieron tanto la participación como su negación y descalificación. Ya hay las respectivas constancias de mayorías emitidas, salvo la de aquellos ganadores en urnas que no acreditaron alguno de los requisitos de la convocatoria; ya el tribunal electoral determinará lo procedente. La elección fue legal y los ganadores legítimos.
