El rescate de la cuenca del Alto Atoyac debió iniciar en las zonas más contaminadas; es decir, donde se concentran las industrias en la ciudad de Puebla, la zona conurbada, San Martín Texmelucan y Huejotzingo, por lo que se requieren correcciones al plan integral planteado por el gobierno federal, coincidieron en señalar Aurelio Fernández Fuentes, director del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Naturales (Cupreder) y Francisco Castillo Montemayor, exdirector del Sistema Operador de Agua Potable (SOAPAP).
Por separado, Gabriela Pérez Castresana, investigadora de la Universidad Ibero-americana de Puebla (Ibero), expuso que los procesos de inspección se deben realizar tanto en las descargas al río como al sistema de drenaje municipal, donde se permite que descarguen algunas industrias que son las que más contaminan la cuenca, al tiempo que cuestionó que no se vea como tal un plan integral, sino un conjunto de acciones desarticuladas.
En entrevista para Saberes y Ciencias, Castillo Montemayor subrayó que todos los diagnósticos coinciden en que la parte más contaminada de la cuenca se encuentra entre la presa de Valsequillo, el puente de México y cerca de la confluencia con el Zahuapan —en los límites entre la ciudad de Puebla y Tlaxcala— mientras que la otra parte que tiene concentraciones fuertes de contaminantes es la de Huejotzingo y San Martín Texmelucan, debido a que en ambos tramos se concentran las industrias.
“Si ese es el diagnóstico, es elemental que por ahí se debió de empezar, porque están los contaminantes, las sustancias tóxicas, las incidencias de enfermedades provocadas por la contaminación del río. Es ahí donde según los últimos estudios del Conahcyt se encuentra la gente que está muriendo por la contaminación del río, por enfermedades crónicas renales y leucemia”, destacó.
Consideró un error haber comenzado por donde hay menos contaminación que es en la parte alta, en el nacimiento del río, donde hay casi 30 plantas de tratamiento, muy pequeñas y con poca capacidad, las cuales descargan muy pocas aguas con altas concentraciones de tóxicos.
“Tienes que empezar donde se está muriendo la gente, donde el río está totalmente muerto. Donde está la concentración de la contaminación. La lógica era iniciar el saneamiento en donde la gente se está muriendo”.
Adicionalmente, sostuvo que es necesario que se vigile a los municipios que están descargando los mayores volúmenes de aguas contaminadas a través de Concesiones Integrales, ya que si la regulación inicia por ahí se inciden en el 80 por ciento de la contaminación. Adicionalmente, sostuvo que se debe revisar a las empresas que más contaminan y establecer sanciones ejemplares.
“Si no se aplican correctamente hay riesgo de que los 3 mil millones de pesos que se pretenden invertir en todo el sexenio se pierdan. Esos recursos se deben aplicar en terminar las plantas de tratamiento que hacen falta en toda la zona metropolitana y quitarle las plantas de tratamiento a Concesiones Integrales para que las maneje el SOAPAP o el Ceaspue”, indicó.
Especialistas proponen corrección del Plan: Aurelio Fernández
En octubre pasado, durante su participación en el IV Congreso la Gestión Integral del Agua, Aurelio Fernández Fuentes, director del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) de la BUAP, expuso que un grupo de especialistas propuso al gobierno federal una corrección al Plan de rescate del río Atoyac en el que se incluye la regularización urgente de las 100 descargas más contaminantes tanto en Puebla como en Tlaxcala, la conformación de un organismo operador de cuenca y la exigencia del cumplimiento cabal del contrato de Concesiones Integrales, empresa que realiza las cuatro quintas partes de las descargas al afluente.
Durante su ponencia en dicho foro, Fernández Fuentes destacó que en su plan hídrico el gobierno federal propone atender los efectos y no las causas del infierno ambiental que se vive en la cuenca.
El académico cuestionó que no haya un plan coherente, de nueva cuenta se plantea la construcción de plantas de tratamiento y lo que calificó como una “barbaridad” que es la propuesta de dragar el río, sin una propuesta clara respecto a dónde serán colocados los lodos contaminados de más de 200 años.
“Lo que estamos proponiendo es atacar las causas antes que los efectos. Estamos ante un desastre de lento impacto que tienen peores consecuencias que el que se vive en la Sierra Norte”, manifestó.
En su ponencia señaló que entre las acciones urgentes que se proponen para la rectificación del plan se encuentran la regularización inmediata de las descargas más dañinas que no son tratadas, que podrían ser entre 40 y 100.
Exigen el cumplimiento cabal del contrato de Concesiones Integrales en la lógica de que cuatro quintas partes de las descargas del Atoyac y Alseseca las hace la empresa. Expuso que se trata de aguas residuales que contienen metales pesados y otros contaminantes orgánicos.
“El río se sanearía muchísimo si se detiene a las empresas grandes y se obliga a la empresa a cumplir con el contrato. El río se sanearía muchísimo y se podría recuperar bastante. La vida es muy necia; por ejemplo, en Valsequillo hay gente que vive de pescar carpas”, manifestó.
También proponen la atención sanitaria inmediata, a través de la conformación de un equipo médico interdisciplinario que atienda de forma permanente las afectaciones a la salud pública derivado de los contaminantes que van desde problemas de la piel y respiratorios, hasta casos de cáncer y de enfermedades renales. La propuesta señala que el equipo médico se coordinará con asesores jurídicos encargados de actualizar la normatividad aplicable.
Expuso que también es necesaria la conformación de un mecanismo interinstitucional de participación social para que se coordinen las acciones de los gobiernos federal y estatales, y no se realicen acciones aisladas. “Es necesario un organismo de contraloría de cuenca, de carácter federal que coordine de manera efectiva las acciones de las distintas dependencias, que realice acciones de contraloría y supervisión, que evite la dispersión institucional, garantice la transparencia en el uso de recursos y asegure una auténtica participación comunitaria, valdría la pena del organismo operador de cuenca”.
Sostuvo que el punto más complejo, pero no menos importante es la creación de un Plan de Justicia Ambiental que contempla hasta la indemnización de los afectados.
Se deben inspeccionar descargas directas
y las que van al drenaje municipal: Pérez
En entrevista vía telefónica, Gabriela Pérez Castresana, investigadora de la Universidad Iberoamericana Puebla, afirmó que para que haya un verdadero saneamiento de la cuenca son necesarias una serie de acciones, entre las que destaca que los procesos de inspección se deben realizar tanto en las descargas al río como al sistema de drenaje municipal, donde algunas industrias realizan sus desechos.
“Las plantas de tratamiento municipales no tienen la capacidad tecnológica para remover esa amplia variedad de contaminantes. Esas aguas residuales que recibe el municipio se descargan en el río”, acotó.
Destacó que las normativas que regulan las descargas están desactualizadas. Por ejemplo, la relacionada con las que van al sistema de drenaje municipal fue elaborada hace 28 años, y solamente revisa nueve parámetros.
En tanto, la normativa que regula las descargas hacia los ríos es insuficiente porque únicamente mide 21 parámetros, pese a que las diversas investigaciones que se han realizado respecto de la contaminación del Atoyac ha identificado más de 100 contaminantes peligros para el ser humano, los cuales podrían resultar cancerígenos.
“No solo se deben fortalecer los procesos de vigilancia sino las normativas que son insuficientes. Debemos entender que el principal responsable de la contaminación de los ríos de nuestra región es la industria”.
Cuestionó que en el rescate del Atoyac no se ve un plan integral como tal, sino un conjunto de acciones aisladas en ciertas partes de la cuenca. Expuso que no se observa como tal una coordinación entre los 80 municipios por los que cruza el río.
“Es un problema de contaminación de la cuenca del alto Atoyac. Tiene que haber una coordinación entre las dos entidades federativas, Puebla y Tlaxcala, y los municipios para que se pueda reducir estos niveles de contaminación”, alertó.
