La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) enviará a la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados una iniciativa de Reforma Electoral que en lo esencial reduce el financiamiento público electoral, fortalece la participación de la ciudadanía, cambia la manera de elegir a los diputados plurinominales y promueve una mayor fiscalización del gasto electoral. En el sexenio anterior hubo dos propuestas similares de Andrés Manuel López Obrador (AMLO, 2022 y 2024) en la que proponía, entre otras, reducir el gasto electoral, eliminar las representaciones plurinominales y disminuir el número de regidores y concejales; ambas fueron abortadas al no ser avaladas por los partidos coaligados (PVEM y PT); ahora es también Morena la que suscribe la iniciativa, pero al acreditar solo 253 votos de 333 necesarios (mayoría calificada), es plausible que la iniciativa no sea avalada en dos de sus propuestas centrales: reducción del gasto electoral y en la elección directa de diputados plurinominales.
La iniciativa electoral fue elaborada por la comisión nombrada ex profeso por CSP; para cumplir su encomienda, durante cinco meses organizó 63 audiencias públicas donde participaron 5 mil 294 ciudadanos y se recibieron 395 propuestas; finalmente en enero del año en curso presentó la propuesta, que plantea diez puntos: los 64 senadores uninominales se preservan así como 32 de representación plurinominal (la primera minoría en cada entidad); los 300 diputados uninominales continúan sin cambios y permanecen los 200 plurinominales, el cambio es en la forma de elección, ya no hay lista de partidos, todos los plurinominales deben ser elegidos por los ciudadanos (97 le corresponden a los candidatos no ganadores que hayan registrado las votaciones más altas por partido y circunscripción, 95 serán electos por los ciudadanos al elegir un hombre y una mujer por circunscripción, y cinco diputados serán electos por los ciudadanos mexicanos que radican en los Estados Unidos); se plantea reducir el gasto púbico electoral en 25 por ciento (reducción de salarios que exceden la norma constitucional y eliminación de gestiones administrativas duplicadas); regular el uso de inteligencia artificial en los comicios; iniciar el cómputo distrital al cierre de las casillas y no esperar 72 horas para hacerlo; mayor fiscalización del gasto electoral; que en las consultas populares y revocaciones de mandato de entidades y municipios se utilice el voto electrónico y reducir el tiempo en radio y televisión durante las campañas electorales.
La propuesta, no enviada el 3 de marzo como se había programado, refrenda la no reelección inmediata a partir de 2030, la prohibición de heredar cargos públicos y facilitar la emisión del voto en el extranjero. Los puntos de disenso de la iniciativa se concentran en la reducción del gasto y en la eliminación de la lista de diputados plurinominales. Desde hace varios decenios se considera excesivo el gasto público en elecciones: en la mañanera del 22 de febrero de 2024, el entonces presidente AMLO enfatizó el alto costo del sistema electoral mexicano, lo ubicó en 9.07 dólares por persona, cuando en Colombia fue de 2.7; en Brasil, de 4; en Argentina, de 5.6, y en Ecuador, de 6.1. Hace más de 20 años La Jornada de Oriente financió y publicó una encuesta telefónica aplicada (26-27 de marzo de 2004) a 575 ciudadanos residentes en el municipio de Puebla, en ella, 58.4 por ciento de los ciudadanos dijeron que debería acortarse el tiempo de las campañas electorales; 69.9 por ciento mencionó que los partidos políticos no deberían recibir dinero público, y 73.3 por ciento se manifestó por disminuir el número de partidos políticos. En otras encuestas telefónicas aplicadas en septiembre de 2007 en el mismo municipio, se ratificaron las anteriores respuestas y se agregaron mayor fiscalización hacia partidos políticos y disminución de la publicidad electoral en los medios de comunicación.
Los partidos políticos no tienen una buena reputación, por lo general las valoraciones negativas acerca de ellos en lo genérico y en lo particular superan las positivas y los ciudadanos que no se identifican con esos organismos políticos superan a los que sí se identifican con ellos: entre 1995 y 2015, tres de cada cinco ciudadanos del municipio de Puebla manifestaron no identificarse con los partidos políticos, valoración que se matiza en las campañas electorales. Cualquier reforma que disminuya el financiamiento público electoral; el número de legisladores, regidores y concejales; sus salarios; el tiempo de sus gestiones; la no reelección y el nepotismo, disminuya la publicidad electoral en medios de comunicación y garantice una mayor fiscalización del gasto electoral tiene el aval ciudadano. Pocos partidos tienen el privilegio de ser la primera causal en la emisión del voto; los candidatos y los programas a menudo son determinantes para que el ciudadano acuda a las urnas, negarse a avalar las reformas propuestas por CSP tiene un impacto evidente en la no aprobación del cambio constitucional y la plausibilidad de la coalición Haciendo historia en 2027, pero también tienen un efecto negativo en los opositores, al no reconocer propuestas sentidas de la mayoría de la población.
La política, los políticos y los partidos políticos son considerados entes, actividad y sujetos inescrupulosos, corruptos y traidores que no representan a los electores, no ayudan a la democracia ni promueven la organización política de los ciudadanos. Por lo general, los políticos no son referentes morales ni líderes de sus organizaciones, ejercen el control por cooptación, tráfico de influencias, reparto de canonjías e impunidad, lucran con el voto y negocian sus alianzas y coaliciones sobrevaloradamente. Se reciclan a través de las listas plurinominales y postulan recurrentemente a candidaturas a puestos de elección popular a aquellas que no prosperaron en sus respectivos partidos, las hacen suyas para inflar la votación, obtener mayores recursos públicos, más posiciones en el reparto de plurinominales y exigir mayor número de distritos uninominales, gubernaturas y secretarías. No son cercanos a los ciudadanos, no hacen trabajo territorial y son poco afines a campañas a ras de suelo; se oponen permanentemente a ser electos por el voto de los ciudadanos y a que éstos ejerzan la potestad de nominar a sus legisladores. La ascendencia electoral no es propiamente de las organizaciones políticas, sino de los líderes morales a quienes la ciudadanía les cree, les tiene confianza, ya sea porque han cumplido sus promesas de campaña, porque no los han traicionado, han sido congruentes en sus actos con sus dichos, han sido honestos y aplicados; quizá por eso las campañas negras no sean tanto contra la organización política, sino contra sus líderes morales y sus iniciativas de gobierno.
