- El contexto en el que se desarrolla el actual sexenio gubernamental es de una profunda crisis mundial: desde el punto de vista económico social, desde 2018 la reproducción del capital enfrentaba problemas para lograr su mejor valorización (expresada como una falta de crecimiento de la productividad laboral); a lo cual se agregó la pandemia desencadenada por el virus COV 2, que evidenció la fragilidad de los sistemas de salud en todos los países (causada por las políticas neoliberales impulsadas en los últimos treinta años). Además, hay que considerar el carácter depredador del capital, agudizado en las últimas décadas, y sus impactos ecológicos (calentamiento global, destrucción de la biodiversidad, etcétera). En su conjunto, se trata de una crisis de la modernidad capitalista, lo cual significa que son múltiples los retos que se tienen para los próximos años.
En particular en el caso del empleo, con una caída de la producción mayor al 5 por ciento en 2020 (según el Banco Mundial), la OIT calculaba que la pérdida de tiempo de trabajo se fue acelerando rápidamente en este año, de tal forma que en el primer trimestre equivalía 160 millones de empleos de tiempo completo, en el segundo había pasado a 495, disminuyendo a 345 en el siguiente y, pronostica que, al cuarto trimestre será de 245 millones; esto significó que el empleo cayó en un 17.3% en el segundo semestre y que para el cuarto semestre sería del -8.6%, en relación a 2019. Este último dato quizá será revisado, pues en estos últimos meses regresaron las medidas de restricción sanitaria. Se trata de una tragedia mundial, pues no solo son los fallecidos por la pandemia, sino también la enorme depauperización de los trabajadores desempleados y la disminución de los ingresos de los que conservaron su empleo. Además, el impacto sobre el desempleo es mayor en: mujeres, jóvenes y personas de más edad (es decir los extremos etáreos). Por su parte, Oxfam destacó que el trabajo de cuidado no remunerado se había incrementado, que es realizado fundamentalmente por mujeres, por lo que cerca del 50 por ciento de éstas se sentían más ansiosas, deprimidas y aisladas.
- En el caso de México, también el menor crecimiento de la producción y el empleo se había manifestado desde 2018, de tal manera que el PIB creció en este año 1.3 por ciento, al siguiente disminuyó en -0.7 por ciento y durante la pandemia (al segundo semestre) llegó a disminuir en 18 por ciento (cifras anualizadas), según cálculos del FMI la caída de 2020 será del 8.6 por ciento. Con este panorama productivo, el nivel de desempleo ha sido muy alto, si en el primer trimestre se calculaba 1.9 millones de desempleados, para el tercero se estima que hubo 2.7 millones, a lo cual habría que agregar 4.7 millones de subocupados, que se elevó a 8.7 en el tercer trimestre; es decir que si la tasa de desempleo en promedio era del 3.3 por ciento en 2018, al año siguiente fue de 3.5, en 2020 alcanzó el 5.1 por ciento en el tercer trimestre, en tanto que la tasa de subocupados para este último trimestre fue del 11.8 por ciento. Es decir, para el tercer trimestre de 2020 hubo un total de 11.4 millones de trabajadores que no tenían empleo o este era de tiempo parcial.
Si bien el reto para la administración federal, en el corto plazo, es elevar el empleo, los problemas que enfrenta tienen que ver con las características de la estructura productiva, pues ésta es conducida por las grandes corporaciones trasnacionales, que, a través de sus cadenas globales, dirigen el proceso de acumulación de capital —en los sectores automotriz, de las TICs, turismo, industria agroalimentaria, transporte, minería, financiero-bancario, entre los principales—; capitales y sectores responsables de la reproducción económica depredadora de la naturaleza y que busca su alta rentabilidad a través de los bajos salarios y la intensidad laboral, utilizando para ello las distintas tecnologías y formas de organización productiva a su alcance, entre ellas la robotización y la subcontratación. El proyecto de la 4T se encuentra en una disyuntiva, pues desde el ámbito económico se mantiene esa forma de acumulación, pero se han realizado modificaciones que pueden cuestionarla, ejemplo de esto son las reformas laborales.
- En este sentido, es pertinente recordar que una de las características del empleo en nuestro país es su alto grado de informalidad, que para septiembre alcanzó 54.2 por ciento de la población ocupada, este empleo está signado por sus bajos ingresos, tiempos de trabajo de menor duración, malas condiciones laborales y escasas prestaciones; se trata de un empleo de alta precariedad. De acuerdo con el INEGI, otro indicador de ésta es la tasa de condiciones críticas de ocupación, que para el mismo período fue del 23.8 por ciento de la población ocupada, que es el trabajador que labora menos de 35 horas a la semana (por razones de mercado) o que lo hace por más de 48, y que tienen ingresos menores a dos salarios mínimos. Estos dos indicadores nos ilustran claramente la extrema precariedad existente en el mercado de trabajo, resultado de una dinámica económica que es incapaz de absorber a la gran cantidad de mexicanos y mexicanas que requieren un trabajo para poder sobrevivir.
Sin embargo, el empleo precarizado está bastante generalizado, pues es precario no solo por el ingreso, sino también por las condiciones en que se realiza su labor. Si consideramos al total de trabajadores asalariados (que representan 68.6 por ciento del empleo nacional), encontramos que 59.4 por ciento no tiene acceso a las instituciones de salud, 32.8 por ciento no tiene prestaciones laborales, 41.3 por ciento carece de contrato por escrito y 9.3 por ciento lo tiene, pero es temporal, además de que 59.5 por ciento tiene ingresos menores a dos salarios mínimos. La precarización laboral es más una norma que excepción.
La administración de AMLO ha implementado varias medidas para enfrentar esto: la creación del INSABI, incrementos a los salarios mínimos, becas de capacitación, programas de apoyo al empleo, entre otros; sin embargo, se muestran insuficientes para lograr disminuir la precarización y modificar la dinámica del capital hegemónico.
- Uno de los logros laborales más importantes del proyecto de la 4T ha sido la aprobación de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que incluye la creación de los tribunales laborales —en sustitución de las nefastas y corruptas Juntas de Conciliación y Arbitraje—, la legitimación de los contratos colectivos de trabajo y procesos de democratización de los sindicatos. Estas reformas se están implementando, a la fecha se han legitimado 343 contratos colectivos, con 338 sindicatos registrados y 120 mil 446 trabajadores consultados. Es un pequeño avance (hay más de 80 mil contratos registrados), sin embargo, ya se han hecho cuestionamientos al proceso de legitimación; al respecto Manuel Fuentes menciona que la United Steelworkers ha señalado que puede existir simulación, pues existe una ausencia de compromiso real por parte de la autoridad laboral, además de que en grandes empresas los procesos se han hecho de manera apresurada y con deficiencias. Asimismo, la democratización sindical parece no efectuarse, los líderes impuestos y sus prácticas autoritarias y patronales continúan, lo cual ilustraría tanto la fortalece de esas prácticas como la eficiencia del clima intimidatorio prevaleciente en las relaciones laborales, así como la mediatización realizada por las empresas durante décadas (nos referimos a los discursos del individualismo, la identidad con la patronal y el emprendurismo, que han sido respaldados por los esquemas de remuneración por productividad individualizada).
La precarización laboral imperante y la depauperización de los trabajadores tienen ya un marco legal que posibilita su disminución, sin embargo, tales características laborales son sustento de la acumulación depredadora del capital, misma que sigue imperando en la economía nacional y que no ha sido tocada de fondo por las políticas económicas de la administración de AMLO, al mismo tiempo que esta promueve otras políticas que las contradicen. En el ámbito laboral, es claro que el marco legal establecido es insuficiente, se requiere de la activa participación de los trabajadores, de su organización para lograr un trabajo digno. Terminar con la precariedad y la explotación laboral no solo es un reto para la administración federal, sino que es un desafío para los trabajadores y sus organizaciones, además implica la transformación radical del modelo de acumulación del capital.
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