Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hay aproximadamente 442 mil personas que ejercen la profesión de la abogacía. De este total, 60 por ciento son hombres y 40 por ciento, mujeres. Aproximadamente 41.2 por ciento de las y los abogados trabajan de manera informal, lo que indica una falta de acceso a prestaciones laborales y seguridad social.
La reforma al Poder Judicial en México no es solo un tema técnico o administrativo; es una necesidad histórica para democratizar la justicia y garantizar que el derecho sirva a las mayorías y no a las élites. Desde una perspectiva progresista, esta reforma representa la oportunidad de transformar un sistema que ha sido, en demasiadas ocasiones, inaccesible para el pueblo y complaciente con los poderes económicos y políticos.
El Poder Judicial ha sido, durante décadas, una institución que favorece la impunidad de los poderosos y perpetúa la desigualdad en el acceso a la justicia. Para las y los litigantes, esto se traduce en una burocracia asfixiante, un mercado de favores y una constante lucha contra la falta de transparencia en la toma de decisiones. La reforma judicial debe enfocarse en cambiar esta realidad, garantizando que los tribunales sean un espacio de equidad y no un coto privado de intereses.
Actualmente el Poder Judicial opera como una estructura vertical en la que jueces y magistrados son seleccionados con criterios poco transparentes y responden a redes de influencias. En junio de 2024, 75 por ciento de la población mexicana consideraba que los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberían ser elegidos por voto popular. Aunque este respaldo disminuyó a 44 por ciento en agosto, la demanda ciudadana por mayor transparencia sigue vigente.
Para garantizar un sistema judicial realmente independiente y comprometido con la justicia social es necesario avanzar hacia la participación popular en la selección de jueces y magistrados, con mecanismos de rendición de cuentas que impidan que las decisiones judiciales se tomen a puerta cerrada y al margen del pueblo.
El sistema judicial está estructurado de manera que favorece a quienes tienen recursos para litigar durante años. La enorme carga de trabajo que enfrentan las juezas y jueces federales genera procesos interminables que perpetúan la impunidad y desgastan a quienes buscan justicia. Según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2024, se reportaron 2 millones 190 mil 592 asuntos ingresados y 1 millón 377 mil 930 asuntos determinados y/o concluidos por los órganos jurisdiccionales de los Poderes Judiciales Estatales, en todas las materias.
La reforma debe garantizar que los sectores más vulnerables de la población tengan acceso a una justicia rápida y eficaz. Esto implica no solo la digitalización de los expedientes y la implementación de juicios en línea, sino también la ampliación de la asistencia jurídica gratuita para trabajadoras y trabajadores, comunidades indígenas, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad.
Uno de los principales obstáculos para la democratización del Poder Judicial es el entramado de privilegios que protege a las altas esferas del sistema. La falta de mecanismos eficaces para sancionar la corrupción judicial perpetúa la impunidad y socava la credibilidad de la justicia. En 2022 se publicaron 980 mil 283 sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales federales, de las cuales 2 mil 520 corresponden a la SCJN; 5 mil 257, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y 972 mil 506, al Consejo de la Judicatura Federal (CJF). En comparación con 2021, el total de sentencias publicadas por la SCJN y el TEPJF disminuyeron 19.0 por ciento y 58.1 por ciento, respectivamente.
Para que la reforma sea efectiva es fundamental la implementación de tribunales ciudadanos que vigilen y auditen la actuación de jueces y magistrados, asegurando que sus resoluciones respondan a criterios de justicia y no a intereses económicos o políticos.
Las y los litigantes enfrentan constantes riesgos, sobre todo quienes defienden derechos humanos, denuncian casos de corrupción o se enfrentan al crimen organizado. La reforma judicial debe incluir mecanismos de protección para abogadas y abogados que son amenazados por ejercer su profesión de manera honesta y comprometida con la justicia social.
Asimismo, es necesario dignificar el trabajo de las y los litigantes independientes, quienes frecuentemente se enfrentan a un sistema que favorece a los grandes despachos corporativos. Un Poder Judicial renovado debe garantizar que ninguna persona abogada se vea en desventaja por carecer de influencias políticas o económicas.
El sistema judicial ha sido cómplice del patriarcado y de la criminalización de la pobreza. La falta de una perspectiva de género y de derechos humanos en las resoluciones judiciales ha perpetuado la violencia contra mujeres, niñas, comunidades indígenas y personas en situación de vulnerabilidad.
Es imprescindible que la reforma judicial garantice la formación obligatoria en derechos humanos y equidad de género para jueces, magistrados y personal judicial, con mecanismos de supervisión que aseguren su aplicación efectiva en la toma de decisiones.
La reforma judicial no debe ser solo un ajuste técnico, sino una transformación estructural que coloque la justicia al servicio del pueblo y no de los privilegios. Es el momento de construir un sistema en el que la justicia no sea un lujo, sino un derecho garantizado para todas y todos.
La participación de la sociedad y de la comunidad jurídica es fundamental para evitar que la reforma sea secuestrada por los mismos intereses que han perpetuado la desigualdad en el acceso a la justicia. Solo con un Poder Judicial verdaderamente independiente, transparente y comprometido con la equidad podrá México avanzar hacia una democracia plena y una justicia social efectiva.
En toda reforma judicial, las y los abogados litigantes han desempeñado un papel clave en el debate público, expresando posturas a favor o en contra según la clase social a la que históricamente han representado. Aquellos que defienden a sectores populares, movimientos sociales, trabajadoras y trabajadores, suelen apoyar reformas orientadas a democratizar el sistema, ampliar el acceso a la justicia y reducir los privilegios de las élites. Por el contrario, quienes representan a grandes corporaciones, élites políticas o intereses económicos consolidados, tienden a oponerse a los cambios estructurales que puedan limitar su influencia en el sistema judicial. Así, las posturas jurídicas no son neutras, sino profundamente marcadas por las luchas de clase que atraviesan el aparato de justicia en México.
Instituto Nacional de Estadística y Economía. Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal. 2023 y 2024.
Instituto Nacional de Estadística y Economía. (2024). Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal. 2023 y 2024.
