30 años después del duro diagnóstico de Mario Ramírez Rancaño, quien describe a Tlaxcala como una tierra marcada por la pobreza y el atraso, los Planes Estatales de Desarrollo (2005-2027) confirman una realidad incómoda: los problemas estructurales siguen siendo fuertes y persistentes.
A pesar de que desde el año 2000 se destina más de 60 por ciento del presupuesto estatal a educación y salud, estos sectores siguen siendo los epicentros de la carencia y la desigualdad. La pobreza, el empleo precario, la baja calidad en el sistema educativo, las crisis sanitarias y el deterioro del medio ambiente no son casos aislados; son el patrón que define la realidad de Tlaxcala día a día. La pregunta clave es: ¿Estamos realmente lejos de las palabras de Ramírez Rancaño?
El problema que nunca desaparece
La pobreza en Tlaxcala no es algo pasajero, sino una condición estructural que afecta a todos los diagnósticos del gobierno. En 2014, casi 59 por ciento de la población vive en pobreza multidimensional, y tras la pandemia en 2020, esa cifra aumenta a 59.3 por ciento con un alarmante repunte de 211 por ciento en pobreza extrema.
Tlaxcala siempre está entre los cinco estados más pobres del país, solo por delante de Chiapas, Guerrero, Puebla y Oaxaca. Esta pobreza se nota con fuerza en diferentes regiones: mientras la ciudad de Tlaxcala muestra buenos indicadores de desarrollo, municipios como Ziltlaltépec o Atltzayanca tienen niveles de pobreza que superan 85 por ciento.
La desigualdad más marcada está en el acceso a la seguridad social, que en 2020 afecta a casi 65 por ciento de la población, lo que convierte el bienestar social en un privilegio, no en un derecho universal. Los planes de desarrollo reconocen este círculo vicioso, pero las políticas redistributivas no logran detenerlo. Hay una profunda brecha entre el gasto social y los resultados reales. Sin embargo, los datos del INEGI 2024 traen una luz de esperanza: la pobreza ha bajado, y ahora solo cuatro de cada 10 personas en situación vulnerable son pobres.
La ilusión de un trabajo digno
Ofrecer empleos dignos y bien pagados es una promesa incumplida durante más de veinte años. Los diagnósticos son claros: hay una alta tasa de informalidad —71.8 por ciento en 2021, uno de los mayores del país—, numerosos jóvenes en subempleo, y muchos salarios que no alcanzan para cubrir lo básico.
En 2014, el salario promedio en Tlaxcala es 20 por ciento menor que el promedio nacional, y en 2020 más de la mitad de los jóvenes que trabajan gana menos de dos salarios mínimos, mientras que 22.4 por ciento no recibe ingresos en absoluto.
Esta situación precaria hace que el desempleo sea uno de los problemas más percibidos por la población. Las micro y pequeñas empresas, que son el motor de crecimiento, enfrentan la falta de financiamiento y la competencia desleal de la economía informal como grandes obstáculos.
El modelo económico centrado en la industria y los servicios genera actividad, pero no una prosperidad compartida. Porque se tiene un mercado laboral dividido: un sector formal pequeño, con cierta estabilidad, y un sector mayoritario en la informalidad, sin derechos, sin protección y sin un futuro claro, perpetuando así el ciclo de pobreza que los planes siempre prometen acabar.
La inversión en desarrollo humano
A pesar de que más de 60 por ciento del presupuesto se destina a educación, esto no ha logrado mejorar realmente la calidad ni facilitar que más personas puedan avanzar socialmente. Los datos lo muestran claramente: en la prueba PLANEA 2015, Tlaxcala queda en el lugar 29 en Lenguaje y en el 28, en Matemáticas, a nivel de secundaria y preparatoria.
El problema no está en que no haya acceso a la educación, sino en que esa educación no responde a las necesidades reales ni resulta efectiva. Hay una gran diferencia entre lo que enseña el sistema educativo y lo que requiere el desarrollo de la entidad, lo que hace difícil que los estudiantes puedan conseguir un trabajo cuando terminan sus estudios.
Los propios planes de educación reconocen que la clave para mejorar está en formar mejor a los docentes y en mejorar las instalaciones escolares, pero la implementación de estas ideas es lenta y desigual. La inversión en dinero por sí sola no logra transformar la calidad de la educación.
En lugar de nivelar las oportunidades, la educación en Tlaxcala muchas veces reproduce las desigualdades existentes. El origen socioeconómico sigue siendo la forma de predecir quién tendrá éxito académico y profesional, lo cual va en contra de la idea de que la educación puede abrir puertas y permitir un ascenso social, que es lo que el Estado promete en cada nuevo gobierno.
Un sistema en crisis permanente
A pesar de la gran cantidad de dinero invertido, el sistema de salud en Tlaxcala enfrenta enfermedades que afectan su capacidad y calidad. Los informes oficiales señalan hospitales saturados, falta de medicamentos, equipos viejos y poco personal médico calificado.
Las enfermedades como diabetes, hipertensión y cáncer son las principales causas de muerte y reflejan que no se ha atendido bien un cambio importante en los problemas de salud. La pandemia agrava todo esto: entre 2018 y 2020 los servicios de salud dejan a más de 443 mil personas sin protección sanitaria.
En 2014 Tlaxcala ocupa el sexto lugar en mortalidad materna en todo el país, solo después de Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero e Hidalgo. Esta cifra es un indicador de las fallas del sistema. La salud, en lugar de ser un derecho garantizado, se convierte en un privilegio que depende de si alguien tiene o no seguridad social, excluyendo a gran parte de la población.
Los propios ciudadanos lo expresan: la salud es uno de los principales problemas que tienen, y aunque los planes de desarrollo reconocen esto, no logran resolverlo. La brecha entre las políticas públicas y la realidad diaria sigue siendo muy grande.
El costo del crecimiento desorganizado
Tlaxcala, con su pequeño territorio y gran cantidad de habitantes, enfrenta un impacto ambiental muy fuerte. Sus ríos, como el Zahuapan-Atoyac, están muy contaminados. La deforestación, la pérdida de especies y la mala gestión de los residuos sólidos son problemas que llevan mucho tiempo allí. Este deterioro va de la mano con una infraestructura pública que no es suficiente ni equitativa. El crecimiento urbano desordenado en la zona metropolitana de Tlaxcala y Apizaco crea asentamientos irregulares, falta de servicios básicos y largos tiempos de traslado.
La falta de una planificación adecuada convierte el desarrollo en un problema: la demanda de agua potable, drenaje y transporte supera lo que el Estado puede ofrecer. Los planes de desarrollo reconocen que se necesita ordenar el medio ambiente y mejorar la infraestructura, pero las acciones que toman son más reactivas que preventivas. Por eso, el entorno se degrada y esto afecta directamente la calidad de vida y la salud de las personas. En lugar de mejorar su bienestar, el progreso económico se convierte en una amenaza para el ambiente y la sociedad.
Entre la resistencia y la frustración
Treinta años después, las palabras de Ramírez Rancaño todavía tienen mucho que decir. Tlaxcala sigue atrapada en un ciclo donde se analizan los problemas, pero las soluciones los eluden. La excepción que él mencionaba —el cambio económico— no logra transformar la estructura social.
La tarea de las nuevas generaciones no es solo técnica, sino también moral y política. Se trata, al fin, de construir ese “Estado social” que los planes dicen querer. Uno que elimine la pobreza, asegure empleos dignos, ofrezca educación que transforme vidas, salud para todos y protección del entorno. Solo así los ecos de Ramírez Rancaño podrán ser silenciados, relegados a la historia porque ya se superó esa etapa. Hasta entonces, su diagnóstico será nuestro reflejo.
Referencia
Ramírez Rancaño, M. (1992) Tlaxcala, Sociedad, Economía, Política, Cultural, UNAM.
