Durante los últimos seis años, la Normal Rural “Carmen Serdán” de Teteles de Ávila Castillo ha sido escenario de una tensión constante entre su comunidad estudiantil y los gobiernos estatal y federal.
Las alumnas, organizadas en su Honorable Consejo Estudiantil “Juventud Rebelde”, han denunciado reiteradamente que sus demandas históricas —infraestructura digna, respeto al carácter interno del plantel, condiciones de seguridad y fin de la criminalización— han sido ignoradas, postergadas o respondidas con actos de represión.
La Jornada de Oriente ha documentado, desde 2019, un ciclo continuo de promesas incumplidas, mesas de diálogo rotas unilateralmente por la autoridad y episodios de hostigamiento que han configurado lo que las estudiantes describen como “una estrategia para debilitarlas y desarticular su organización”.
El reciente encuentro promovido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal —y presumido en redes como una muestra de “diálogo y apertura”— fue calificado por ellas como un acto incompleto e insuficiente: no asistió el secretario Manuel Viveros y no se atendió ninguno de los puntos de fondo.
El saldo de este periodo, para las normalistas, es claro: un sexenio de omisiones, hostilidad institucional y decisiones que buscan transformar la naturaleza social, campesina e interna de la Normal Carmen Serdán.
Un pasado reciente marcado por la represión
Las tensiones no comenzaron en esta administración. Desde 2019, con el gobierno de Luis Miguel Barbosa, las normalistas denunciaron la presencia de operativos policiales y medidas de hostigamiento vinculadas a la seguridad estatal. Uno de los episodios más recordados ocurrió bajo la influencia política de Ardelio Vargas Fosado, excomisionado del Instituto Nacional de Migración y figura cercana al grupo morenovallista, a quien las alumnas atribuyeron acciones de persecución y presión en contra de su organización interna.
Vargas Fosado, con amplio historial en operativos de represión social —incluida la refriega contra campesinos de San Salvador Atenco en el sexenio de Vicente Fox— fue señalado en múltiples ocasiones por las estudiantes como responsable de estrategias de “amedrentamiento”, vigilancia y detenciones arbitrarias. Su presencia en el aparato de seguridad de la administración barbosista se mantuvo como una amenaza latente para la normal, que históricamente ha sido blanco de políticas autoritarias en distintos gobiernos.
Estos antecedentes reforzaron la desconfianza del Consejo Estudiantil hacia cualquier negociación en la que participaran mandos de seguridad, lo que repercutió en las posteriores rupturas de diálogo.
Promesas de apoyo incumplidas
Desde 2020, año en el que la pandemia profundizó la precariedad de las normales rurales en todo el país, la Carmen Serdán recibió múltiples compromisos por parte del gobierno estatal: adquisición de un nuevo camión para traslados, dotación completa de insumos académicos, mantenimiento de dormitorios e instalaciones, regularización de matrícula interna, fortalecimiento del modelo pedagógico rural. Ninguno de estos compromisos se ha cumplido a cabalidad.
El caso del camión, por ejemplo, se convirtió en símbolo del desdén institucional: año tras año se anunció su compra, incluso en reuniones con autoridades federales, sin que el vehículo llegara nunca al plantel. Lo mismo ocurrió con la entrega de insumos escolares, que llegó de forma fragmentada e insuficiente, provocando nuevas inconformidades.
La campaña de desprestigio y la propaganda negra por las novatadas
En 2022 y 2023, diversos episodios fueron magnificados en redes y medios para desacreditar a la comunidad estudiantil. Las normalistas denunciaron que existió una campaña sistemática para asociar su movimiento con prácticas violentas, tergiversando rituales de bienvenida —las llamadas “novatadas”— que en otras escuelas pasan inadvertidas o se presentan sin el mismo nivel de exposición mediática.
La narrativa criminalizante, señalaron, buscó justificar intervenciones externas y fortalecer el argumento de que la normal debía ser reordenada, vigilada o intervenida por la SEP.
El Consejo Estudiantil acusó que la administración estatal utilizó estos señalamientos para intentar imponer cambios contrarios al carácter campesino e interno del plantel.
El camión incendiado y la criminalización inmediata
El 1 de septiembre de 2025, la quema de un camión —un hecho cuya autoría no fue esclarecida— durante una protesta en Casa Aguayo fue atribuida de inmediato a las alumnas por autoridades y sectores políticos. La Jornada de Oriente registró que, pese a la falta de pruebas, la acusación fue utilizada para abrir carpetas de investigación y reforzar la narrativa de que la normal era foco de disturbios.
Las alumnas rechazaron categóricamente su participación, señalaron manipulación informativa y recordaron que los actos de violencia contra la escuela han sido históricamente utilizados para intentar justificar represiones posteriores.
La nueva afrenta: imponer matrícula externa
Este año el conflicto escaló cuando la SEP estatal impulsó el ingreso de matrícula externa, permitiendo que estudiantes no internas —y en algunos casos con perfiles ajenos al origen rural— ocuparan espacios educativos de un plantel concebido para jóvenes campesinas de escasos recursos.
Para las normalistas de cepa, esto representa una amenaza directa al modelo histórico de la FECSM (Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México).
Las alumnas recuerdan que la razón de existir de la Carmen Serdán es formar maestras rurales mediante un sistema de internado, beca alimentaria y vida colectiva, y que introducir matrícula externa rompe el espíritu fundacional de la institución.
La ola de hostigamiento en 2025 y la ruptura del diálogo
En agosto de 2025, tras múltiples mesas sin avances, la SEP estatal rompió de manera unilateral el diálogo con el Consejo Estudiantil. Las estudiantes denunciaron públicamente que, durante tres meses completos, la dependencia se negó a entablar comunicación, revisar expedientes de hostigamiento interno o escuchar sus demandas sobre infraestructura y matrícula.
Durante este periodo se acumularon señalamientos de vigilancia indebida, hostigamiento hacia líderes estudiantiles, indiferencia ante la falta de agua potable y alimentos suficientes, omisiones en la atención médica y psicológica, retraso injustificado en la convocatoria de nuevo ingreso.
El conflicto más reciente: la reunión “publicitaria” de la SEP
La noche del 13 de noviembre de 2025, la SEP estatal difundió en redes una fotografía del subsecretario de Educación Superior, Gonzalo Amador Juárez Uribe, reunido con el Consejo Estudiantil, y aseguró que se abría un “diálogo permanente, respetuoso y abierto”.
Sin embargo, las normalistas rechazaron públicamente esa versión. Señalaron que: no autorizaron la difusión de la fotografía, el secretario Manuel Viveros no acudió, pese a que él mismo se comprometió a encabezar las mesas desde septiembre, no hubo respuestas sobre sus demandas centrales, se trató más de un acto para redes sociales que de una negociación real.
En palabras de las estudiantes: “No se avanzó casi nada. El Subsecretario llegó tarde y el Secretario no se ha sentado a escucharnos desde el 23 de septiembre”.
Demandas vigentes y pendientes históricos
Las estudiantes enumeran cuatro ejes centrales que siguen sin resolverse:
- Destitución de autoridades hostigadoras
Piden la salida de: la directora Brenda Inés Nájera Torres, el subdirector académico David Amado Sánchez Juárez, el subdirector administrativo Fernando Cruz Ortega.
Las acusan de intimidación, acoso, abuso de autoridad, menosprecio hacia la organización estudiantil y obstaculización del régimen interno.
- Defensa del internado y rechazo a la matrícula externa
La matrícula externa representa, para ellas, una desnaturalización de la escuela.
- Condiciones dignas de infraestructura
Agua potable permanente, dormitorios funcionales, insumos educativos completos, comedor equipado, camión para prácticas, mejoras urgentes en instalaciones académicas.
- Alto a la criminalización
Exigen garantías de seguridad y no represalias por la movilización estudiantil.
Un sexenio marcado por la resistencia
A seis años del inicio de este ciclo gubernamental, la Normal Carmen Serdán se mantiene como un foco de resistencia estudiantil en defensa del proyecto histórico de las normales rurales: educación gratuita, campesina, socialista y comunitaria.
Pese a los golpes mediáticos, a la criminalización y a los intentos de modificar su estructura interna, el Consejo Estudiantil sigue siendo uno de los movimientos más sólidos y articulados del país.
Mientras la SEP insiste en que “hay diálogo”, las alumnas señalan que no se ha resuelto ni uno solo de los puntos centrales expuestos desde 2019. Lo que para el gobierno puede ser un gesto político, para ellas es una simulación que prolonga un sexenio de promesas incumplidas.
Su diagnóstico es contundente: “Nos quieren desmovilizadas, divididas y sin internado. Pero no vamos a permitir que desaparezcan la esencia campesina de nuestra normal.”
La historia, las cifras y los hechos publicados durante estos años les dan la razón: la Normal de Teteles ha enfrentado no solo abandono, sino una estrategia de desgaste que, hasta ahora, no ha logrado quebrar su organización.
