En la región de Tehuacán se ha levantado un amplio frente ciudadano para impedir el avance del proyecto de invernaderos agroindustriales de la empresa Colorado Ecoterra, que ocupa alrededor de 25 hectáreas en San Marcos Necoxtla, junta auxiliar de este municipio, donde no ha podido iniciar su producción, pero mantiene su estructura. Desde inicios de este 2025 que inició la lucha hasta esta fecha la resistencia ha unido a seis municipios que se oponen por considerar que existe un riesgo real de sobreexplotación de las fuentes hídricas de la región donde el agua es escasa y por lo tanto la defensa de ese recurso se mantiene firme.
Pobladores, ejidatarios y asociaciones de la región se han movilizado tanto para frenar la instalación de los invernaderos, como para exigir a las dependencias federales con facultad para intervenir a cancelar definitivamente esos invernaderos, tal es el caso de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). En el caso de la primera por ser la que debe normar la extracción del agua y no permitir la perforación de pozos por parte de la empresa; a la segunda la exigencia es que finque responsabilidades por el supuesto derribo de decenas de árboles en los terrenos rentados para instalar los invernaderos.
Los pobladores en resistencia expusieron que hay una amenaza seria al recurso hídrico, ya que el valle de Tehuacán reporta signos de agotamiento de los mantos freáticos por lo que temen que la perforación de pozos o la extracción intensiva para sostener la producción de los invernaderos reduzca la disponibilidad tanto para uso doméstico como agrícola.
El actor institucional más visible es el Comité Central del Agua de San Gabriel Chilac: su presidente, Isidoro Romero Rosales, advirtió que el manantial “La Taza” es la fuente de agua que dota a decenas de miles de habitantes y se encuentra a menos de un kilómetro de los invernaderos, por lo que definitivamente ser verá afectado si se echa a andar ese proyecto que se anunció sería para la producción de arándano, una fruta que requiere de cantidades importantes de agua.
La empresa, además, ha actuado de forma poco transparente; durante meses nadie sabía a quién pertenecían los invernaderos; en un inicio su propiedad fue atribuida por los lugareños a empresarios chinos, debido a que proyectos similares de inversión asiática se han asentado desde hace más de 10 años en la zona de Tepanco de López, Tlacotepec de Benito Juárez y Magdalena Cuayucatepec.
Fue hasta mayo pasado luego de que más de 5 mil personas se movilizaron bloqueando carreteras y autopistas para exigir la cancelación de esos invernaderos en Necoxtla, cuando en redes sociales salió a dar la cara Alfonso Celis Enecoiz, pero de nada sirvieron sus argumentos, ya la decisión de los pueblos estaba tomada y el gobierno municipal tuvo que colocar los sellos de suspensión en las instalaciones que a la fecha se mantienen sin operar.
En otro momento también lanzó amenazas de procesos penales por las pérdidas que registra, dado que su producción la tiene contemplada para exportar hacia Estados Unidos; su abogado Jesús Pacheco Tenorio sostuvo en mayo que había interpuesto un amparo contra la suspensión aplicada por el ayuntamiento, pero se desconoce cuál ha sido el resultado de ese recurso legal.
Alfonso Romero es parte del consorcio avícola y porcícola Socorro Romero Sánchez, que en esa misma zona tiene instaladas algunas de sus granjas, para el presidente del Comité Central del Agua está claro que la empresa no eligió esa zona por casualidad, sino por conocer perfectamente el sitio y la disponibilidad de agua que existe.
Confluyendo con la lucha, el Movimiento de Autogestión Social Campesino Indígena Popular (MASCIP), dirigido por José Luis Leyva Machuca, ha logrado articular la protesta en una óptica regional, incorporando pequeños productores, ejidatarios y comuneros de varios municipios del valle. Leyva Machuca describe la estrategia empresarial como un «modelo de agua bajo control privado», y sostiene que la gestión hidráulica debe seguir siendo administrada por la comunidad, tal como ocurre en San Gabriel Chilac.
Por su parte, el Comité de Defensa de los Mantos Acuíferos del Valle de Tehuacán ha insistido en una auditoría técnica, pública y vinculante al acuífero regional, porque de acuerdo con sus registros, el nivel freático ha descendido en diversas zonas de forma persistente, y advierten que la instalación de invernaderos extensivos —como los de la empresa Colorado Ecoterra— puede acelerar un “día cero” para el agua en la región si no se regula el volumen de extracción.
La empresa, por su parte, argumenta que empleará tecnologías de riego por goteo, captación de aguas pluviales y contempla utilizar el agua que corresponde a los ejidatarios que le rentaron las tierras, son 10 hectáreas en Tehuacán y 15 en Chilac; promete no perforar pozos, ni tocar el manantial La Taza, pero es un discurso poco convincente para los pobladores, quienes también temen que con la operación de los invernaderos el agua de riego subirá de precio para que ningún campesino local pueda comprarla y toda se quede en manos de Colorado Ecoterra.
En Chilac hay integrantes de sociedades de agua que no cultivan sus tierras, ellos venden sus horas de agua hasta en mil pesos, lo cual no está permitido, entre esos socios están quienes tienen tratos con la empresa, por lo cual también hay una solicitud a Conagua para revisar ese tema ya que la ley indica que se debe quitar la concesión de agua a quien no cultive sus campos.
Ha sido una larga lucha de los pueblos, que lejos de debilitarse, con el tiempo se ha ido fortaleciendo, así se hizo notar en la concentración más reciente realizada en septiembre pasado, cuando se tuvo la representación de los municipios de San Gabriel Chilac, Ajalpan, San Francisco Altepexi, San José Miahuatlán, San Sebastián Zinacatepec y Tehuacán, quienes se congregaron en la llamada Asamblea Comunitaria Regional de los Pueblos Originarios del Valle de Tehuacán, realizada en el Arco de Seguridad de Altepexi, para exigir el retiro definitivo de la empresa Colorado Ecoterra. Desde ese lugar se expuso también la falta de acción de los tres niveles de gobierno a los que se señaló de traicionando los derechos de los pueblos originarios al no frenar ese proyecto agroindustrial.
La Conagua salió días más tarde a informar que, hasta ese momento, no ha otorgado concesión de explotación de agua al proyecto de Colorado Ecoterra en la zona. La decisión fue celebrada por las comunidades como un triunfo parcial, aunque advirtieron que eso no es suficiente ya que el problema sigue latente mientras no se garantice la salida definitiva de la empresa de esta zona.
Para las comunidades, la defensa del agua no es un asunto cualquiera, sino una condición de vida: “El agua no se vende; se defiende”, es la consigna repetida en asambleas y manifestaciones, por lo que incluso han considerado unir esfuerzos con organizaciones estatales y nacionales que defienden el agua y la tierra, para ir fortaleciendo su resistencia. Mientras tanto la gente de Chilac y otros municipios mantienen guardias constantes por los invernaderos, con el fin de asegurarse de que no se retomen los trabajos, esto implica un recorrido entre polvo y viento.
En un contexto más amplio, el conflicto responde a una expansión creciente de invernaderos en la entidad, donde se calcula que hay más de 15 empresas, muchas de ellas de capital extranjero, que desde hace años han arrendado grandes superficies territoriales por hasta diez años, y han puesto en riesgo hasta 30 mil hectáreas de cultivo por la sobreexplotación del agua.
En la zona de Tlacotepec de Juárez, apicultores y activistas advirtieron sobre la muerte constante y masiva de abejas, hecho que llevó a la aplicación de una investigación por parte del Consejo de Ciencia y Tecnología estatal y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), misma que reveló como causa el uso del pesticida Florasulam, pero esa fórmula no se comercializa en México, por ser una sustancia prohibida en el país; sin embargo, se presume que es adquirido en el mercado negro para uso en invernaderos de inversión extranjera en esa región del estado.
