La propuesta más representativa del actual gobierno en materia migratoria es el Programa Especial de Migración (PEM) 2014-2018, publicado el 30 de abril del presente año y derivado del Plan Nacional de Desarrollo; plantea una política migratoria centrada en el aprovechamiento de las oportunidades que brindan las migraciones.
Dicho programa es referido en el punto 5.4.4 del 2º Informe de gobierno, denominado Diseñar mecanismos de coordinación interinstitucional y multisectorial, para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política pública en materia migratoria. Las líneas de acción del PEM 2014-2018 son cinco y se refieren a la promoción de: 1) el paso formal y ordenado; 2) el ordenamiento fronterizo y una mayor seguridad para los migrantes; 3) protección y acción social a favor de los migrantes; 4) corresponsabilidad regional, y 5) coordinación interinstitucional. De entre estas líneas de acción destaca la intención de impulsar los institucionalmente denominados regímenes migratorios “legales”, “seguros” y “ordenados”.
Las consideraciones presentes en PEM 2014-2018 concuerdan con el herramental teórico neoliberal que permea no solo los discursos y prácticas de la política económica y democrática, sino que trata también de regir y administrar, a través de la presión ejercida por los organismos supranacionales, los movimientos transfronterizos de personas bajo lo que se ha denominado la gobernabilidad migratoria. Este enfoque puede entenderse como una articulación entre la perspectiva de Derechos Humanos y la perspectiva de Seguridad y securitización, estos últimos potenciados a nivel mundial después de los sucesos del 9/11 en los Estados Unidos, para el análisis y control de las migraciones promovidos principalmente por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (Domenech, 2012).
Desde este enfoque, la migración que las agencias internacionales como la OIM denominan irregular se vuelve tema central en las agendas de las agencias nacionales de control migratorio, donde se da un desplazamiento de la idea de migración como problema a la concepción de migración como oportunidad, que bajo los enfoques de costo-beneficio y de ventajas-desventajas, tratan de administrar y controlar los flujos migratorios.
Tal intencionalidad, que intenta ser legitimada más en términos discursivos que prácticos bajo el argumento de los Derechos Humanos, puede resumirse en lo que el consultor encargado de elaborar y difundir tal perspectiva desde la OIM, Bimal Ghosh, plantea:
(..) la protección de los derechos de los migrantes y una administración efectiva de la migración (en el sentido de asegurar que los traslados sean ordenados y predecibles y por tanto más manejables) —están estrechamente entrelazadas. La violación de los derechos humanos con frecuencia desemboca en flujos migratorios desordenados y no deseados; y cuando los traslados son desordenados y no deseados (como lo son la mayoría de los movimientos desordenados) el riesgo de una violación posterior de los derechos humanos es mucho mayor. Además, cuando eso pasa, la administración de la migración se hace más difícil y costosa, tanto en términos humanos como financieros (Gosh, 2008: 50).
Desde esta perspectiva, lo que se observa en la práctica es que la actual política migratoria está caracterizada por otorgar un rol preponderante al mercado, superior al que otorga a los derechos fundamentales de las personas, pues éstos son reconocidos en la medida en que se encuentran encaminados y permiten cumplir el objetivo de gestionar los movimientos transfronterizos de personas. Bajo esta lógica, las fronteras tienen que ser “business friendly” y abiertas tanto al comercio como al turismo internacional.
Lo anterior evidencia el rol funcional que los derechos humanos juegan para un enfoque que busca el aseguramiento de mano de obra y permite pensar las políticas migratorias nacionales ligadas a una estructura de instituciones supranacionales que, en el caso de México, se asocian a los lineamientos de la OIM y de manera particular al marco reciente de la Alianza del Pacífico (AP). En el segundo informe presidencial de Peña Nieto se mencionan acciones dentro del marco de la AP, como la que permitirá que 300 jóvenes mexicanos entre 18 y 30 años puedan viajar a Chile, Colombia o Perú con una visa de hasta un año, con la finalidad de conocer su cultura y trabajar mientras tato para solventar su manutención, condición a la que también tendrán acceso los jóvenes de esos países. Esto sin mencionar las visas para viajes de negocios con la finalidad de concretar transacciones comerciales o de promocionar distintos bienes y servicios como parte de las metas a cumplir por parte de los países que conforman la AP. Lo que nos arroja solo un pequeño ejemplo del intento por construir este tipo de fronteras y del impulso de los regímenes migratorios “legales”, “seguros” y “ordenados” que realiza el gobierno de Peña Nieto.
Tanto el discurso como las acciones de las políticas migratorias que actualmente se plantean no solo de México, sino a nivel mundial, encasillan y diferencian a los migrantes a través de la construcción de categorías mediante las cuales se les concede o niega el acceso a cierto tipo de derechos, tales como la ciudadanía, el apoyo humanitario, el refugio, etcétera. Tal contexto obedece a la lógica y a las prácticas capitalistas propias del neoliberalismo, en el que la clasificación y la categorización de la fuerza de trabajo han sido fundamentales para permitir la cada vez mayor flexibilidad laboral que busca el mercado. A partir de tal clasificación es que la mayor parte de los migrantes en el mundo son construidos jurídica y políticamente como “ilegales”. Dicha construcción afecta, desde la política migratoria de nuestro país, a la mayoría de los centroamericanos en tránsito hacia los Estados Unidos, mismos que a la vez parecen estar obligados a “agradecer” la posibilidad de acceso al retorno asistido tan mencionado en el presente informe y que al final no es más que un mecanismo que acompaña a los procesos de deportación. Sin embargo, la construcción de la condición de “ilegales” alcanza también a los mexicanos que no tienen papeles y que habitan en el territorio del vecino del norte, situación sobre la que por cierto el gobierno de Peña Nieto no ha mostrado ninguna postura firme que intente modificar tal condición.
Sin embargo, lo que no se plantea la política migratoria fundada en el enfoque de la gestión de los movimientos transfronterizos de personas es la manera en que la dinámica neoliberal ha impuesto en los países de la región, especialmente en México y Centroamérica, procesos de desregulación, desestatización y en general la anulación de las experiencias del modelo de Estado desarrollista, contribuyendo al aumento de la migración transnacional (Marroni y Cruz, 2011).
En realidad lo que este tipo de política oculta es el carácter que actualmente adquiere el neoliberalismo que entabla una guerra abierta contra las economías de subsistencia bajo el argumento de que son la causa de la pobreza y que arremete con una ola de despojos sobre los distintos recursos y bienes comunes. Ambas situaciones son parte de la tendencia creciente a mercantilizar los distintos recursos necesarios para la vida y que empujan a la proletarización de cada vez más personas propiciando e intensificando los flujos migratorios que, ante el despojo tanto material como de derechos y el detrimento de su acceso a los servicios de bienestar básicos, se vuelven una fuente de fuerza de trabajo en constante abaratamiento. La norma en esto parece ser la búsqueda del control de los recursos del mundo y la disposición de una fuerza de trabajo global prácticamente sin derechos a partir de la reducción constante de los bienes comunes.
Bibliografía
Domenech, Eduardo, 2011, “Crónica de una ‘amenaza’ anunciada. Inmigración e ‘ilegalidad’: visiones de Estado en la Argentina contemporánea”, en Feldman-Bianco, Bela et. al. (compiladoras) La construcción social del sujeto migrante en América Latina. Prácticas, representaciones y categorías, FLACSO, Sede Ecuador, CLACSO, Universidad Alberto Hurtado, Ecuador.
Gosh, Bimal, 2008, “Derechos humanos y migración: el eslabón perdido”, en Migración y desarrollo, Red Internacional de Migración y Desarrollo Zacatecas, Latinoamericanistas, No. 10, pp. 37-63.
Marroni, Gloria y Cristina Cruz, 2011, “La migración internacional: la sangría neoliberal de la población latinoamericana”, en Figueroa, Carlos y Blanca Cordero (editores) ¿Posneoliberalismo en América Latina? Los límites de la hegemonía neoliberal en la región, BUAP, México.
Presidencia de la República, 2014, Segundo Informe de Gobierno 2013-2014, México.
