Un primer aspecto a comentar es que en el Programa Mesoamérica partimos de la premisa de que en México se vive un colapso socioambiental, que está afectando el entorno y el conjunto de condiciones de vida, los cuales permiten realizar y garantizar la territorialidad de los pueblos, barrios y comunidades; sin embargo, este colapso no es más que la manifestación de una situación de despojo y saqueo que se está viviendo como respuesta a una serie de crisis económicas que se han establecido desde mediados de la década de 1970.
Aspecto que se fue gestando en un colapso socioambiental con el saqueo y despojo y en la consolidación de una economía rentista. A través de la extracción de capital por medio de la deuda pública, la privatización de los servicios públicos y de las condiciones naturales y finalmente con el neo-extractivismo, lo cual ha dado lugar a un sinnúmero de proyectos de desarrollo e infraestructura, entendidos “aquellos emprendimientos que impulsados desde empresas privadas y/o el Estado, en zonas urbanas o rurales, que tengan fines comerciales o se lleven a cabo bajo el argumento del bien común, y supongan la adquisición, disposición, arriendo u ocupación de espacios territoriales, generan un impacto en la vida de las personas o comunidades que en ellos habitan, o de las que ellos dependen, y una posible afectación sobe sus derechos humanos” (Suprema Corte de Justica de la Nación, 2014).
Situación que se fue manifestando en dos aspectos principales: i) el surgimiento acelerado de conflictos socio-ambientales y el aumento de emergencias ambientales por contaminación.
Respecto a los primeros (Toledo, 2014), considera la existencia de más de 280 casos, entre los que se encuentran el aprovechamiento desmedido del agua, la multiplicidad de sustancias toxicas en sitios de trabajo, emisiones industriales, minería a cielo abierto, carreteras, plantaciones forestales y agrícolas, hidroeléctricas, gasoductos, termoeléctricas y vivienda masiva que han transformado los ecosistemas, provocando alteraciones en la salud humana y un deterioro en la calidad de vida de las personas.
Respecto a las emergencias ambientales, Lilia Albert y Marisa Jacott, en un libro próximo a publicar, y que llevara por título México Tóxico, señalan que en México el número y frecuencia de las emergencias van en aumento, han alcanzado grandes proporciones y han provocado afectaciones graves en la salud y el ambiente. Para ellas, los daños provocados por las emergencias químicas son causantes, en segundo lugar, de la generación de sitios contaminados en el país. Un análisis del periodo de 2008-2011 señala que en esos años se registraron 514 sitios contaminados a causa de estas emergencias. En tanto que en los primeros 632 días de la administración de Enrique Peña Nieto ocurrieron mil 124 emergencias ambientales. Lo que da como resultado casi 2 mil emergencias ambientales en ocho años, es decir casi dos emergencias ambientales por día (Blancas Madrigal, 2014).
El despojo y saqueo de recursos naturales y capital no es un proceso nuevo. Sin embargo, lo diferente durante este gobierno son tres aspectos.
El primero de ellos es la dimensión y magnitud del despojo y la degradación de las condiciones ambientales y sociales. Lo cual ha generado un punto de inflexión en la historia del país.
En donde por supuesto, como lo menciona (Bartra, 2013), esta forma de despojo no es una situación accidental sino que existe una propuesta política y de territorialidad de empresas, corporaciones y del propio Estado que da forma a este despojo.
El segundo es la forma en que se ha operado desde el gobierno de Enrique Peña Nieto para lograr intensificar las condiciones legislativas, de ordenamiento del territorio y de aprobación de proyectos, utilizando su poder. Ejemplo de ello fue la aprobación de 132 reformas legislativas hasta el mes de octubre de 2014 (Espinoza Hernández, 2014). Entre las que se encuentran las 21 leyes secundarias de la reforma energética, que se publicaron el 11 de agosto de 2014; todas ellas fueron reformas que cambiaron las condiciones de las relaciones políticas, finanzas, laborales, telecomunicaciones, educación petroleo y electricidad; es decir, casi todos los ámbitos de la vida pública del país (Hernández Avendaño, 2015).
Aspecto que, autores como Magdalena Gómez u Octavio Rosas Landa han caracterizado como de desvío de poder, en donde hacen referencia a que el Estado deja de cumplir su función de buscar el bien común para la población que habita en el territorio; en lugar de ello, la política pública que realiza se encuentra orientada a favorecer el despojo, a hacer invisibles los costos socioambientales, la promoción de leyes y normativas que los hacen posibles y criminaliza a quienes se oponen a su realización. O como lo menciona Bartra (2013) retomando a Walter Benjamín, en un estado de excepción permanente, en donde el estado de derecho es la excepción con una violencia gubernamental, pero que pretende sin embargo estar aplicando el derecho.
Por supuesto que este proceso de colapso socioambiental, este desvió de poder no está exento de resistencias por comunidades, pueblos y barrios, que con el fin de evitar condiciones de exclusión, discriminación e injustica, ponen en juego su propia territorialidad, y por tanto su forma y condiciones de vida. Ya que de concretarse el despojo, este afectaría de tal forma su entorno, que pondría en riesgo la existencia de sus condiciones de vida y su propia propuesta política.
El último aspecto es que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha enarbolado en su discurso la protección y garantía de los derechos humanos, sin embargo las personas que defienden el territorio consideran que el actuar del gobierno de Peña Nieto es un actor antagónico, que por su propia condición no garantizará ni protegerá los derechos humanos, además de una situación constante de amenazas, hostigamiento, represión y despojo con la utilización de mecanismos legales y la modificación de la legislación.
Debido a ello, son los propios defensores del territorio quienes están reconfigurando los derechos humanos, luchando por cambiar el contexto y las condiciones de la realidad histórica que permiten su realización y más concretamente, la justicia como elemento central de los derechos humanos. En donde son innumerables los casos en que son las propias personas de las comunidades que han asumido los costos socioambientales de los conflictos y emergencias socioambientales.
Bibliografía
Bartra, V. A. (2013). Rosa de Luxemburgo y el Despojo. Reproducción, crisis, organización y resistencia. Distrito Federal, México: Universidad Autónoma Metropolitana.
Blancas Madrigal, D. (01 de 09 de 2014). Van 1,124 emergencias ambientales este sexenio. Crónica.com.mx. Obtenido de http://www.cronica.com.mx/notas/2014/854288.html
Espinoza Hernández, R. (2014). Las reformas energética y laboral. Una mirada desde los derechos humanos. IX Foro de derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita. Puebla: Universidad Iberoamericana Puebla. Obtenido de http://livestream.com/iberopuebla/events/3488049
Hernández Avendaño, J. L. (2015). El concepto del «mal común» de Elalcuría y las reformas estructurales en México. En C. C. Luis, Los legados de Ignacio Ellacuría para encargarse de la realdiad. Puebla, México: Universidad Iberoamericana Puebla.
Suprema Corte de Justica de la Nación. (2014). Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de desarrollo e infraestructura. Distrito Federal, México: Suprema Corte de Justica de la Nación.
Toledo, V. (04 de 09 de 2014). Devastación ambiental y resistencias ecopolíticas. (L. H. Navarro, Entrevistador) Obtenido de http://rompeviento.tv/Bienvenidos/a-contracorriente/
Toledo, V. M.-B. (2008). La memoria biocultural de los pueblos. La importancia ecológica de las sabidurías tradicionales. Barcelona, España: Icaria Editorial.
