El Ejecutivo federal y los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional promueven dos reformas concatenadas: energética y fiscal. Sobre la primera, el PAN ha avanzado lo sustantivo de su propuesta: modificar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales para que particulares usufructúen los yacimientos de hidrocarburos en todas sus etapas, y privatizar la renta petrolera; el PRI promueve lo mismo bajo otra modalidad: la modernización del sector energético a través de la asociación de Pemex con las empresas extranjeras. Respecto a la reforma fiscal, el PRI ha delineado sus ejes: aplicar IVA a los alimentos y medicina, eliminar los privilegios fiscales, combatir la evasión y aumentar la base tributaria.
La privatización del sector energético es un compromiso del Ejecutivo federal con las empresas trasnacionales, quienes exigen que les sean concesionadas las áreas que actualmente son exclusivas del Estado; como la privatización genera rechazo popular, el eufemismo empleado es modernización, asociación, eficiencia y libre mercado. Las reservadas probadas de petróleo en México se estiman en 10 mil millones de barriles (las probables y factibles son aún mayores) y les generarán a las empresas transnacionales una ganancia neta de por lo menos 350 mil millones de dólares (30 por ciento del PIB), ese es uno de los motivos para privatizar la renta petrolera. Actualmente la renta petrolera financia el gasto público, al compartirla con las empresas transnacionales, mermarían los ingresos públicos, por ello el Ejecutivo federal pretende gravar alimentos y medicina para compensar la merma de la renta petrolera.
Gravar alimentos y medicina es regresivo: castiga a los de menores recursos económicos y polariza la distribución del ingreso. En el mejor de los casos, los ingresos generados con tal medida equivaldrán al uno por ciento del PIB (la cuarta parte de lo que no se recauda por créditos fiscales). Cualquier iniciativa para eludir la evasión y elusión fiscal es encomiable, además de justa; de aplicarse y cumplirse, por esta vía pueden generarse ingresos cuatro veces superiores al de gravar alimentos y medicinas; aplicar una tasa de Impuesto sobre la renta superior al 30 por ciento actual para aquellos que devengan 60 salarios mínimos o más también es plausible y necesario, tanto como gravar la actividad bursátil o el de eliminar el régimen de privilegios especiales, pero gravar alimentos y medicinas es castigar otra vez a los secularmente expoliados. Oficialmente hay 61 millones de pobres si se estiman por el ingreso disponible o 53 millones si el método es el de carencias sociales, en cualquier caso, una de cada cinco personas residentes en México carece de los recursos monetarios necesarios para alimentarse adecuadamente, aumentarle su capacidad de compra y no reducirla es lo prioritario en cualquier estrategia de cualquier gobierno que se proponga como meta dignificar la vida.
Emilio Lozoya, director de Pemex, declaró que la inversión anual requerida por esa empresa es de 37 mil millones de dólares y que actualmente se invierten 28 mil millones de dólares (La Jornada, 31/07/2013, página 12), la diferencia entre lo requerido y lo programado es menor a un punto porcentual del PIB, ese faltante puede obtenerse al eliminarse la evasión fiscal o el régimen de privilegios fiscales especiales; conservando así el Estado la totalidad de la renta petrolera, sin cambios en la Constitución y sin gravar alimentos y medicinas.
