No solo los migrantes internacionales retornados son vulnerables y requieren apoyos públicos para mejorar sus condiciones de vida; toda la población ha sido expoliada y precarizada por el neoliberalismo: mujeres, niños, jóvenes, ancianos, indígenas, discapacitados, estudiantes, pobres, campesinos, madres solteras, migrantes en tránsito y emigrados retornados.
Exportar fuerza de trabajo no puede ser la estrategia de desarrollo de ningún país, mucho menos cuando la integridad física de los emigrados es riesgosa por la modalidad no documentada del flujo y no hay derecho de residencia en el país de destino para quien así lo desee. No se puede acasillar a los emigrados a la temporalidad de los requerimientos del capital y negarle los más elementales derechos humanos, y cuando los exigen, deportarlos. Los emigrados laborales no son solo agentes económicos a quienes se sobreexplota para reducir costos salariales; son sujetos que viven en familia y generan arraigos, también derechos y obligaciones; deportarlos es negarle el derecho de convivir con sus hijos, que son ya ciudadanos por nacimiento o naturalización.
El retorno de mexicanos procedentes de Estados Unidos ha aumentado en el último decenio, algunas veces esa acción obedece a una decisión personal, otras veces a una compulsión externa: son deportados. Algunos vuelven a las localidades de origen, otros buscan otros destinos nacionales donde puedan integrarse al mercado de trabajo y labrar un mejor futuro para la familia. En todos los casos, los retornados requieren generar ingresos, ya sea por autoempleo o trabajando para un tercero, y las ofertas de empleo no abundan ni son dignamente remunerativas. Algunas veces los emigrados laborales retornados demandan certificación de sus habilidades y destrezas; otras, cursos de capacitación que les permitan ser más competitivos o financiamiento públicos a tasas blandas para generar proyectos productivos.
A los deportados los acompañan algunas veces su familia, que en muchos casos no nacieron en las localidades donde residen actualmente ni tienen la comprensión y manejo del español, fueron educados en otros contextos y su incorporación al sistema educativo requiere de programas especiales; otras veces demandan revalidación de estudios y acreditación de identidad. Como la mayoría de mexicanos, los deportados no tienen acceso a la seguridad social y demandan servicios de salud. Estas exigencias ya las formularon al Ejecutivo federal pero no se han generado los programas ni los fondos públicos para solventarlas: 300 millones de pesos para atender las demandas de los inmigrados, emigrados, transmigrantes y retornados es una suma ridícula, es menor al costo del Paseo del Teleférico en la ciudad de Puebla.
La emigración es un derecho, no un deber. El Estado tiene la responsabilidad de generar las condiciones para que todas y todos puedan acceder a los bienes y servicios que les garanticen una vida digna, ya por su ingreso salarial o por transferencias públicas a través de políticas sociales orientadas a grupos vulnerables. Todos (retornados o no migrantes) tenemos derecho a la vida, a la alimentación, a la educación, a la salud, a la vivienda, a la seguridad pública, al trabajo, a la seguridad social, al servicio de agua potable; la plenitud de estos derechos disminuiría sin duda la posibilidad de emigrar a otros países y culturas.
Los que emigran al extranjero no necesariamente son apátridas, conversos, cónyuges fugitivos o padres claudicantes de paternidad. Una internación no documentada, aun asistida como lo es en cuatro de cada 10 casos, tiene riesgos: muerte, violación, acoso sexual, agresión física, robo y extorsión del crimen organizado. El costo actual del cruce de la frontera norte equivale al menos a 10 semanas de trabajo en EEUU cuando 15 años atrás se pagaba con solo dos semanas de trabajo. Las estancias se prolongan y la probabilidad de aprehensión y deportación son más altas: dos de cada tres mexicanos deportados fueron aprehendidos por la policía migratoria fronteriza; uno de cada tres, por la policía de seguridad en una ciudad distinta a las fronterizas. El estatus no documentado de 5 millones de mexicanos residentes en EEUU garantiza la sumisión y acriticidad de éstos por el temor de ser deportados; son los sujetos adecuados para ser sobreexplotados por el capital, marginados por la sociedad e ignorados por el ente público. Legalizar el estatus migratorio de todos los indocumentados y garantizarles su derecho de residencia es una acción no solo humana, sino también justa: se la han ganado.