En América Latina durante las últimas dos décadas los conflictos socioambientales se han multiplicado en número y distribución (Paz, 2012; Tetreault, Ochoa y Hernández, 2012; Navarro, 2013). Todos podemos recordar imágenes de selvas, bosques, manglares y ríos devastados, especies animales extintas, grupos indígenas desplazados, manifestaciones, foros, encuentros de pueblos campesinos reivindicando derechos perdidos o disputas en proceso, así como fotografías de ambientalistas asesinados. Pero, qué son estos conflictos, qué los anima, a quién involucra y qué denuncian, son elementos que se esbozan en esta contribución, con la intención de ampliar la discusión en posteriores comunicaciones.
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Para Paz (2012), el cariz de los conflictos del siglo XXI, está dado por la visibilización por parte de los actores del deterioro ambiental y de los múltiples riesgos que esto implica para la humanidad, entre ellos la permanencia de territorios que representan condiciones materiales de existencia para poblaciones campesinas e indígenas, cuyas actividades productivas, formas de organización social, procesos de identidad; en resumen sus espacios de vida dependen de la estabilidad de los ecosistemas. Esta identificación la realiza a la luz de las diferencias de los conflictos presentes en el siglo XX, que van de conflictos donde se disputa quién, cuándo y por cuánto un actor accede a recursos particulares (tierras, aguas, bosques), a aquellos por su gestión, ante la emergencia de marcos normativos que modificaron los mecanismos tradicionales de acceso a los territorios.
Pero ¿qué son los conflictos socioambientales? Walter (2009), en una revisión del concepto, indica que inicialmente presentan las características de cualquier conflicto social: acciones colectivas públicas entre actores en disputa, controversia u oposición. En general, adquieren el apelativo de ambiental o socioambiental porque se relacionan con daños y degradación del ambiente o los recursos naturales e involucran a organizaciones ambientalistas y comunidades directamente afectadas, respectivamente. Martínez Alier (1992) desde el ecologismo de los pobres puntualiza que esos daños y degradación ambientales tienen su causa en el sistema económico que exige la extracción no sustentable de recursos destinados a las metrópolis, a la par de la generación creciente de residuos transferidos a las periferias, por lo que los califica como ecológico-distributivos.
Estos conflictos manifiestan la contienda entre los usuarios y/o poseedores tradicionales del territorio, con aquellos que promueven proyectos de infraestructura residencial, turística, vial, energética, hidráulica o extractiva, dado que implican la modificación y redirección de la vocación y uso tradicional de los territorios, y en algunos casos implican la desaparición de bosques o áreas con algún estatus de protección ambiental, zonas de cultivo, de captura de agua y sitios arqueológicos o sagrados, entre otros.
Esto forma parte de una estrategia de despojo de los bienes comunes a través de su mercantilización y privatización, que han derivado en la expropiación de territorios a actores rurales por causas de utilidad pública, cuyo sustento es por un lado, la modificación de marcos normativos que regulan la propiedad social y el acceso a recursos naturales, el impulso agresivo de proyectos extractivos a partir de la disponibilidad de tecnología que permite obtener grandes volúmenes de materia prima en el menor tiempo posible aunque con un alto costo ambiental, así como en el embate de las formas comunitarias que permiten la regulación autogestiva del acceso colectivo y privado a diferentes bienes.
Como se observa, en este tipo de conflictos lo ambiental es fuente de disputa, en asociación con elementos culturales que resultan una particular relación sociedad-ambiente de grupos campesinos e indígenas, en el marco de una etapa de expansión del capitalismo, el que para Machado (2015:15) “…nace de y se expande con y a través del extractivismo … dispositivo del coloniaje moderno…” desde la definición del tipo de relación que prevalece entre la sociedad y el ambiente (instrumental, a corto plazo, rentable económicamente) y un patrón de apropiación desigual/asimétrico del mundo, que revela un imperialismo ecológico y económico insustentable.
Los problemas que esto conlleva se manifiestan en distintas dimensiones: en la ambiental porque los volúmenes de extracción son mayores a la regeneración o renovación ecológica de los recursos, por lo que compromete su permanencia en el tiempo, en tanto no asume los costos ocultos que implica; en la social y económica porque históricamente ha reportado magros beneficios para los países proveedores de bienes primarios al orientarse al mercado externo, no absorber fuerza de trabajo y no articular las actividades económicas, por lo que no contribuye a resolver el tema de la pobreza ni de la dependencia, dada su lógica de enclave; finalmente en el ámbito político porque llega a impulsarse a costa de los deseos, intereses, necesidades y opinión de las comunidades locales, deteriorando no sólo su ambiente, sino su estructura social, al dividir comunidades y familias (Acosta, 2011).
La respuesta de las poblaciones afectadas, así como de los actores solidarios, se basan inicialmente en estructuras organizativas y mecanismos de funcionamiento locales, comunitarios, que les permiten percatarse, cohesionarse y entablar acciones de resistencia o contenciosas a través de las cuales defienden su territorio y el control de los bienes comunes. Desde ellas denuncian los efectos e impactos del despojo de bienes comunes histórica e identitariamente relevantes; reivindican su vínculo con el ambiente, a su derecho a acceder a información y a participar de las decisiones que sobre sus territorios se toman. De esta manera se contribuye a la creación de ciudadanía, a procesos de democracia participativa, a la adquisición o fortalecimiento de capacidades políticas, así como a la autoorganización y la articulación regional, estatal, nacional e internacional.
Como se observa, los conflictos socioambientales, son luchas no sólo por el acceso a una fuente de recursos y medios de subsistencia, sino por espacios de vida, formas de organización, de existencia y recreación de cosmovisiones, de culturas, identidades, historias, sentidos, memorias, de entornos de creación de estrategias de sobrevivencia, de prácticas basadas no en la instrumentalidad y racionalidad económica, sino en los valores de uso, que evidencian no sólo las necesidades o derechos de los humanos, sino de otras formas de vida, incluso las del propio ambiente.
¿Puede tener éxito la propuesta de alternativas al desarrollo que emergen desde los conflictos socioambientales? Para Gudynas (2011) y Acosta (2011) la respuesta es afirmativa, en tanto nos acerquemos a economías en las que se abandonen paulatinamente los proyectos extractivistas y se impulsen actividades sustentables, diversificadas, respetuosas (protectoras) del ambiente y las culturas, desde un cambio de paradigma en donde lo económico no sea privilegiado sobre lo ambiental y en donde la calidad de vida se obtenga a partir de lo necesario, no del hiperconsumo. Es decir, que comencemos a pensar (y actuar en consecuencia) en las desventajas del actual sistema económico para la reproducción ampliada de la vida, dado su alto impacto social, cultural, económico y ambiental.
Referencias
Acosta, A. (2011). Extractivismo y neoextractivismo: Dos caras de la misma maldición. En Lang, M y Mokrani, D. (Comps.) Mas allá del desarrollo (pp. 83-118). Ecuador: Abya Yala y Fundación Rosa Luxemburg.
Gudynas, E. (2011). Sentidos, opciones y ámbitos de las transiciones al postextractivismo. En Lang, M. y Mokrani, D. (Comps.) Mas allá del desarrollo (pp. 266-323). Ecuador: Ediciones Abya Yala y Fundación Rosa Luxemburg.
Machado, A. H. (2015). Ecología Política de los regímenes extractivistas. De reconfiguraciones imperiales y re-exsistencias decoloniales en nuestra América. Bajo el Volcán, Año 16/Num. 23/Septiembre 2015-Febrero 2016, 11-51.
Martínez-Alier, J. (1992). El ecologismo de los pobres, Seminario-Taller de la nueva izquierda latinoamericana. Lima, en Centro de Estudios “Miguel Enríquez”.
Navarro, M. (2013). Las luchas indígenas y campesinas contra el despojo capitalista en México: subjetividades políticas en al defensa y gestión de los bienes comunes naturales. Boletín Onteaiken No. 15- Mayo, 71-84.
Paz, S. Ma. F. (2012). Deterioro y resistencias. Conflictos socioambientales en México. En Tretreault, D., Ochoa, G. H y Hernández, G. E. (Coords.), Conflictos socioambientales y alternativas de la sociedad civil (pp. 27-47). México: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.
Tetreault, D. Ochoa G. H. Y Hernández, G. E. (2012). Introducción. En Tretreault, D., Ochoa, G. H y Hernández, G. E. (Coords.), Conflictos socioambientales y alternativas de la sociedad civil (pp.13-26). México: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.
Walter, M. (2009). Conflictos ambientales, socioambientales, ecológico distributivos, de contenido ambiental. Reflexionando sobre enfoques y definiciones, Boletín ECOS no. 6, febrero-abril. Consultado el 7 de julio de 2016 http://www.crana.org/themed/crana/files/docs/252/180/2009_conflictos_ambientales_enfoques_definiciones.pdf
