Corresponde exclusivamente a la nación la ex-ploración y explotación del petróleo, carburos de hidrógeno sólido, líquido y gaseoso, y de minerales radioactivos. Para esas actividades “no se otorgarán concesiones ni contratos”, consigna el artículo 27 constitucional. Hoy, el Ejecutivo federal y el PRI pretenden devolverle a inversionistas privados un bien expropiado hace 75 años.
De toda la energía primaria consumida en Mé-xico 93 por ciento procede de combustibles fósiles y solamente 7 por ciento está asociado a los recursos renovables. Preservar los recursos no renovables y no explotarlos intensamente es una estrategia que debe discutirse ampliamente, tanto por seguridad energética como por las emisiones de gases de efecto invernadero que este tipo de energía genera. La eficiencia de los hidrocarburos es decreciente: cada vez se requiere más energía para explotarlos y cada vez la calidad de lo extraído es menor, lo que reduce la energía neta. El costo de los energéticos es al alza, lo que motiva mayores presiones de las empresas extranjeras petroleras por la explotación las reservas petroleras probadas en México. Desde hace 40 años hay un agotamiento de las reservas mundiales de petróleo, y la demanda mundial de petróleo sigue aumentando, tanto por el crecimiento de la población mundial como por un mayor consumo por persona del mis-mo: hoy se consumen 4.75 barriles de petróleo por habitante en el mundo y dentro de 25 años dicho consumo será de cinco barriles diarios.
Pemex es una empresa estatal ineficiente en el manejo de sus recursos: sus costos de operación son altos; la mayor parte de sus funciones las en-dosa a particulares; sus inversiones financieras son discrecionales; los contratos con proveedores son a precios sobrevalorados; hay una permanente ordeña de sus ductos y su saldo de operación es negativo después de pagar impuestos. Tanto el PRI como el PAN se niegan a que el país sea autosuficiente en la producción de gasolina y obstruyen la construcción de las refinerías para lograrlo; la reforma petrolera de 2008 pretendía darle autonomía fi-nanciera a Pemex, antes de ella, los impuestos y derechos sobre el total de ingresos de Pemex era del 60 por ciento, después de la reforma, la sangría fue de 56 por ciento.
Los ingresos públicos de que disponemos son exiguos comparados con otros países de América Latina y simbólicos si la comparación es con países como Dinamarca, Suecia, Noruega, Italia, Francia, Bélgica y Austria. Del total del ingreso público de este año en nuestro país, la carga tributaria es apenas del 44 por ciento y los ingresos derivados del petróleo del 34 por ciento. Hacer eficiente a Pe-mex, administrarla con probidad y eficiencia y dar-le autonomía financiera puede ser una opción pa-ra lograr autosuficiencia energética y rectoría del Estado, junto con una tasa impositiva progresiva al último decil de la población y la aplicación de un gravamen a las operaciones financieras.
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