Donald Trump ratificó como presidente de los Estados Unidos de América (EUA) lo expresado como candidato presidencial: desconocer acuerdos comerciales con México, imponer aranceles a las importaciones mexicanas, otorgar privilegios fiscales a los empresarios para que en lugar de invertir en México lo hagan en EUA; continuar con la construcción del muro que divide ambos países, que éste sea pagado por México; deportar entre 2 y 3 millones de mexicanos indocumentados, medidas de cooperación entre autoridades estatales y federales para perseguir migrantes, cambios en el proceso administrativo migratorio (encarcelar y procesar) y disminuir los fondos federales a las ciudades santuario que se niegan a deportar migrantes.
La construcción del muro fronterizo entre ambos países empezó hace un cuarto de siglo y fue avalada por demócratas y republicanos: George H. W. Bush construyó el muro de la tortilla en Tijuana en 1990, Bill Clinton lo continuó en 1994, y George W. Bush la intensificaría en 2006. Hasta el año pasado se habían construido mil 51 kilómetros de cercas y muros (la tercera parte de la frontera común) en las entidades de California, Arizona, Nuevo México y Texas. El muro fue insuficiente para impedir la entrada de migrantes a Estados Unidos, que era su objetivo explícito y entre 1995 y 2007 el saldo neto migratorio de México con EUA fue negativo de casi cinco millones. Lo que frenó el flujo migratorio indocumentado fue la crisis económica de 2008-2009 y la política de intimidación, persecución y deportación ejecutadas por las administraciones del presidente republicano Bush hijo y Barak Obama: 1.4 y 2.2 millones de mexicanos deportados, respectivamente; la tasa de emigración de mexicanos hacia el exterior pasó de 0.64 por ciento en 2008 a 0.36 en 2015 (INEGI. Estimaciones con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2008 a 2016. Bases de datos).
Trump amenaza con deportar a más de dos millones de mexicanos residentes en EUA, cifra equivalente a las deportaciones realizadas en los ocho años del gobierno de Obama. De realizarlo, habrá complicaciones para las sociedades y economía de ambos países: siete de cada 10 mexicanos residentes en EUA están laborando y ganan en promedio 22 mil dólares anuales (el salario mínimo general para burócratas del gobierno es de 25 mil dólares), realizan por lo general trabajos peligrosos, mal pagados y sucios, y sus remuneraciones se ubican por lo menos un tercio por debajo del salario mínimo general (federal o estatal); este bajo costo salarial permite competitividad a sus empleadores, y la realización del sueño americano para los nativos de ese país que los contratan en tareas de reproducción social del grupo familiar. Para que México pueda darle trabajo a 500 mil mexicanos deportados anualmente la tasa de crecimiento de la economía y las remuneraciones salariales deberían ser el triple de las actuales, condiciones improbables de lograr en los próximos cuatro años. Además de crear programas especiales para reinserción educativa de los menores de edad que acompañan a los deportados y apoyar, a través de la red consular en EUA, a los connacionales que enfrenten procesos de deportación.
Las reiteradas expresiones de Trump sobre México son racistas, xenofóbicas, indignantes y beligerantes: nos ha llamado criminales, violadores, ventajosos y ha amenazado con invadirnos. De sujetos migratorios no documentados devenimos ilegales y, a los que disientan de sus acciones, los enfrentará excluyéndolos del presupuesto federal o reiniciará el macartismo de posguerra. La población de origen mexicano residente en EUA ha contribuido, al igual que las poblaciones de otras nacionalidades, a la grandeza de ese país, tienen un derecho de residencia ganado con el esfuerzo de muchas generaciones, a las cuales habrá que valorar y respetar. Existen instituciones y procedimientos para dirimir desacuerdos, Trump no puede imponer sus decretos ejecutivos violentando derechos humanos, laborales, migratorios y mercantiles, soberanías, autonomías y dignidades. Los mexicanos no somos delincuentes; los musulmanes no son terroristas; los alcaldes de las ciudades santuario no son apátridas, ni los migrantes no documentados son ilegales.
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