El pasado 20 de abril fue publicada la Ley General de Educación Superior (LGES), que concreta las reformas realizadas al Artículo 3º Constitucional, en el cual se establece su obligatoriedad, universalidad y gratuidad, además de ser inclusiva y laica. Esta Ley viene a sustituir a las normas emitidas en 1978, siendo una regulación del derecho humano a la educación superior. Más allá de la indudable relevancia que tiene, debemos señalar que representa un fuerte reto para los diversos actores sociales, además de que existen varias críticas que fueron expresadas desde antes de su emisión. Al respecto, H. Casanova (UNAM) apuntaba la contradicción entre la política de gasto (restrictiva) y los objetivos de gratuidad y universalización, así como la falta de mecanismos para atender las desigualdades sociales de la juventud.
Pese a que oficialmente se argumenta que la LGES fue resultado de una amplia consulta, en realidad fueron escasos los espacios que promovieran el debate serio en torno a los problemas centrales de la educación superior (en adelante ES) y que incorporaran las voces de los principales actores sociales. Así, H. Aboites (UAM, 2020), investigador especializado en temáticas educativas, denunciaba la existencia de un pacto que beneficiaba a las burocracias institucionales y a los empresarios de la educación privada.
La ausencia anterior es central si consideramos que la LGES plantea una transformación en los fines y funciones de la ES, que pretende sostener como eje discursivo una perspectiva epistémica distinta a la predominante: “Artículo 7. La educación superior fomentará el desarrollo humano integral del estudiante en la construcción de saberes…”; asimismo, en el Artículo 9, se menciona que entre sus fines se encuentran la formación de profesionales, la generación y transmisión de conocimientos que contribuyan a la solución de los problemas locales, regionales, nacionales e internacionales; ampliar las oportunidades de inclusión social; entre otros.
Destacamos dos de los ejes que la administración federal actual ha enunciado como fundamentales en la transformación tanto del sistema de ciencia y tecnología como el de ES: una perspectiva distinta sobre la producción, generación e interacción del conocimiento tecnocientífico y los otros saberes sociales; su pertinencia social y utilidad pública. Ejes que implican una transformación profunda de dichos sistemas (y prácticas existentes), pero que no logra expresarse ni en la LGES y, mucho menos, en la incorporación de los distintos sujetos sociales.
Así, la relevancia de la LGES contrasta con los escasos debates, de manera particular podemos subrayar la ausencia de voces de sujetos sociales centrales de los espacios educativos (académicos y estudiantes) y del ámbito productivo laboral (ilustración de esto es la posición crítica de las federaciones sindicales universitarias). En este contexto, será importante la manera en que esos sujetos interpreten y concreten dicha ley.
Una de las críticas que planteó Hugo Aboites (2020) es la de no considerar las diferencias institucionales: “Las desigualdades entre instituciones son tan abismales que, al ignorarlas por completo, el sistema de educación superior que pretende crear la LGES sólo vendrá a perpetuarlas.” Un argumento central es la enorme desigualdad financiera, lo cual “implica la desigualdad en el derecho a la educación”; esta crítica nos permite comentar dos aspectos relevantes relacionados con la equidad: la creciente matrícula (cuya meta es la universalización) y la diversidad de la estructura de la ES.
En este contexto, nos parece interesante el análisis que hace Ana María Ezcurra (2020), que discute la relación entre la expansión y la democratización de la ES en Latinoamérica; considerando las tendencias de la matrícula y las formas de acceso, se pregunta si reproducen o contribuyen a vencer las desigualdades de clase. Identifica que existe una tendencia generalizada a la masificación de la educación terciaria, de tal forma que la tasa bruta de participación en ese nivel se ha elevado sustancialmente en los últimos cuarenta años, siendo Argentina y Chile los países con sistemas de alta participación (con una tasa bruta de matrícula del 89.9 por ciento y 88.5 por ciento, respectivamente), en tanto que nuestro país lo clasifica como de participación de masas avanzada (40.2 por ciento, datos de 2017).
En un primer acercamiento, Ezcurra encuentra que, efectivamente, la expansión de los sistemas educativos tiene un efecto inclusivo, es decir, sí permite el acceso a capas sociales de menores ingresos; sin embargo, en un segundo paso, muestra que surgen desigualdades estructurales de nuevo cuño. Recuperando distintas investigaciones, señala que, ante la masificación, se van generando “estructuras estratificadas”, se trata de capas institucionales con un estatus diferenciado según posición social, organizaciones con valor desigual: “una asimetría de recursos, prestigio y poder de las credenciales”, esta estratificación sigue patrones de clase, instituciones de élite y de masas. La selectividad académica (los procesos de acceso) juegan un papel central en la conformación de esta estratificación. Finalmente, identifica que en los casos de Brasil, Chile y México se generan sistemas de ES de configuración binaria, una segmentación institucional jerarquizada y clasista; concluye que “…el grueso de los sistemas de alta participación en el tramo superior logra cierta democratización en el ingreso: una inclusión progresiva. Sin embargo, por lo regular se trata de una democratización estratificada… un elitismo redoblado, que reproduce y refuerza desigualdades de clase”.
A la luz de los preceptos constitucionales de la universalización de la ES, de su gratuidad, del reconocimiento como derecho humano y de la responsabilidad del Estado para garantizarla, es pertinente debatir en torno a los alcances y limitaciones de la LGES. Además de los cuestionamientos ya mencionados, podemos mencionar algunos aspectos que son debatibles: el logro de la universalización se ve sujeto a los “requisitos que establezcan las instituciones de educación superior”; la permanencia de los organismos privados de evaluación (que han sido puntas de lanza tanto en la privatización como en la consolidación de las políticas neoliberales); las políticas y programas quedan sujetas a la “disponibilidad presupuestaria”; la instancia de coordinación, planeación y evaluación fortalece la jerarquía de las capas burocráticas estatales y de las instituciones de educación superior (incluidas las privadas, de paso anotamos que en 2019 estas han obtenido una ganancia bruta de 43 mil millones de pesos).
Las políticas educativas neoliberales de las últimas tres décadas han generado un sistema de ES diverso, privatizado y con una gran heterogeneidad en sus logros, impactos y alcances educativos y sociales (ver Acosta et al, 2017). Existe una gran diversidad de intereses en el conjunto de sujetos sociales que participan directa e indirectamente en él, muchos de ellos contrapuestos; en él predominan los intereses del capital hegemónico mundial (son defendidos por los organismos internacionales y sus programas de ayuda), de los grandes corporativos privados del país y de las capas burocráticas (gubernamentales e institucionales). Su transformación requerirá que los demás sujetos sociales expresen y participen activamente para definir y defender sus demandas y expectativas sobre la transformación de la ES, su reorientación en beneficio de las capas sociales más vulnerables e incidiendo en su fundamento de ser un derecho humano y un bien público.
Referencias:
Aboites, H. (2020) LGES: institucionalizar el conflicto, La Jornada, 24 de octubre.
Acosta, A. et al (2016) México: diversificación, descentralización e innovación institucional, en Varios, Innovando y construyendo el futuro, Universidad de Guadalajara.
Casanova, H. (2021) Declaración, en La Jornada, 24 de abril.
Ezcurra, Ana María (2020) Educación Superior en el Siglo XXI. Una democratización paradojal. Escenarios globales y latinoamericanos, RELAPAE, (12), pp. 112-127.
Presidencia de la República (2021) Ley General de Educación Superior, D.O.F. 20 de abril.
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