Por vez primera elegiremos por voto universal, directo y secreto a los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF), al menos, a la mitad de ellos; tres de cada cuatro ciudadanos están convencidos de que la reforma judicial es necesaria y que es correcto que las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean también electos de esa manera. Es un axioma la corrupción del PJF y sus nexos con las élites financieras, las empresas trasnacionales y el crimen organizado: las encuestas del Inegi (Nacional de Confianza en la Administración Pública y Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública) registran que dos terceras partes de los ciudadanos perciben corrupción en los jueces; la mayoría de ciudadanos cree que la Suprema Corte de Justicia de la Nación toma sus decisiones por influencias políticas y dos de cada cinco ciudadanos considera poco o nada efectivo el desempeño de los jueces.
Con la reforma judicial se elegirá a cinco ministras y cuatro ministros por un periodo de 12 años para integrar la SCJN; se crea el Tribunal de Disciplina Judicial que suple al Consejo de la Judicatura Federal y se aprobaron nuevas reglas procesales para que la justicia pueda ser más expedita, haya más equilibrio entre los poderes de la Unión y se observe más austeridad y eficiencia en el gasto público ejercido por el PJF. Es ostentosa la estructura salarial del PJF y las prestaciones autoasignadas en uso de su autonomía; con la reforma en curso, habrá una disminución de los altos salarios para que en ningún caso violenten lo consignado en la Constitución.
No hay mucho conocimiento sobre la estructura orgánica de este poder y hay que elegir en Puebla a 37 togados entre un total de 882 candidaturas propuestas por los tres poderes de la Unión; no están permitidos gastos privados o públicos en la campaña; los partidos políticos no pueden hacer proselitismo y son seis las boletas que el ciudadano debe de llenar, en dos de ellas (las de Circuito y Distrito), el voto es por especialidad: Administrativo, Civil, Mixto, Penal y Trabajo en los magistrados y magistradas de Circuito; Amparo Civil, Administrativo y del Trabajo y Juicios federales; Laboral y Penal en el caso de las juezas y jueces de Distrito. El llenado de boletas, con apunte en mano, será lento y si consideramos que las urnas a instalar serán la mitad de las usadas en elecciones federales, la espera en fila podrá ser mayor al de la pasada elección presidencial.
No hay garantía que todos los ungidos por el voto popular sean probos y eficientes, pero hay la certeza de que comparados con los actuales, sean menos corruptos. En cualquier caso, habrá un Tribunal de la Disciplina Judicial encargado de recibir e investigar denuncias por hechos de corrupción, nepotismo, encubrimiento de delincuentes y cualquier acto contrario a la ley y a la impartición de justicia perpetuado por quienes imparten justicia. Además, en seis años habrá elecciones de magistradas y magistrados y en nueve de ministros y ministros, juezas y jueces de Distrito, por lo que es factible no reelegir a quienes percibimos corruptos.
La Reforma no resuelve el rezago en la impartición de justicia, tampoco fija límites para dictámenes (salvo los fiscales); pero sí garantiza otra manera de impartir justicia, más apegada a normas procesales que a la colusión de intereses. La justicia devino en un servicio mercantilizado, negada para quienes no pueden comprarla, la reforma judicial trata de llevar la justicia a los expoliados, injuriados y negados, esperemos que sea de esa manera.
