En la entidad poblana se registraron intensas y persistentes movilizaciones cuyas demandas centrales no se han resuelto aún, entre las más significativas destacan las luchas en torno al agua y la educación, derechos constitucionales no plenamente ejercidos y cuya exigencia ha sido motivo de ostracismo, criminalización, detenciones y persecución política.
El acceso, disposición y saneamiento al agua para consumo personal y doméstico es un eufemismo; las instituciones que legalmente deben proporcionarlo, aun cobrando el servicio, no lo hacen en los términos consignados en el artículo 4º Constitucional (suficiente, salubre, aceptable y asequible) y el saneamiento es insuficiente o inexistente. Diversos movimientos y organizaciones que consideran que el acceso al agua es un derecho se han pronunciado por su cumplimiento; sin embargo, el agua sigue considerándose una mercancía y hay complicidad y displicencia gubernamental con las operadoras de agua que incumplen la concesión pública otorgada.
La descarga de aguas contaminadas en ríos, lagunas y presas generan impactos negativos diversos en salud, agricultura, acuicultura, pesca, apicultura, biodiversidad y ecosistemas, lo cual conculca el derecho Constitucional a un medio ambiente sano. Ecologistas locales y vecinales han demandado el saneamiento de aguas tanto por parte de los contaminadores como de las operadoras de agua, exigencia no atendida por las autoridades responsables. La explotación de agua (legal o no) para actividades agropecuarias, mineras, industriales, turísticas o desarrollos inmobiliarios ha generado no pocos conflictos con consuetudinarios propietarios del agua, con resultados trágicos para los pueblos y comunidades que han exigido sus derechos de prelación.
Instituciones educativas de enseñanza media superior y superior (autónomas, descentralizadas, privadas, federales o estatales) han sido inmovilizadas por diversos movimientos estudiantiles que, entre otras demandas, exigen la democratización de sus órganos de dirección y ejecución; honestidad y eficiencia en el manejo de los recursos; calidad del quehacer académico; infraestructura, insumos y conectividad; seguridad intramuros; cese al acoso de género y reivindican el derecho a la educación (gratuidad y acceso a la educación pública en todos los niveles). El movimiento sigue latente en los municipios de Puebla, Ajalpan, Libres, Ciudad Serdán, San Martín Texmelucan, Teteles de Ávila Castillo, Tlatlauquitepec, Zacatlán y Tehuacán, son demandas sentidas y seculares de los estudiantes que cualquier campaña electoral, disputa de cacicazgos o confluencia intramuros de intereses puede reanimar. Hay demandas de expedita resolución, en particular las relacionadas con infraestructura, seguridad, acoso y probidad, urge que las autoridades educativas y de presupuesto las atiendan.
