Dos terceras partes de nuestro ingreso corriente proceden básicamente del trabajo, subordinado en su mayor parte. Para disponer de ingresos en la vejez (65 años y más), en los años en que somos económicamente activos (15 a 64) generamos un fondo de pensiones y jubilaciones (FPJ) con nuestras aportaciones, las del patrón y del gobierno (cuota social). La cantidad que se pueda acumular en ese fondo depende de la edad del trabajador al jubilarse, del tiempo que haya cotizado, del porcentaje tripartita que se aporte, del salario base de cotización y del rendimiento financiero que genere; salvo la última causal, las otras corresponden al ámbito laboral y están signadas en los contratos de trabajo, en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley de IMSS y Ley del ISSSTE.
Con el neoliberalismo, las condiciones para la jubilación cambiaron en detrimento de las finanzas y la salud de los trabajadores: la edad para el retiro pasó de 55 a 65 años; el periodo exigible de cotización aumentó 10 años (de 25 a 35); el salario base de cotización disminuyó en términos reales, ya que el aumento nominal de los salarios contractuales fue menor al de la inflación y el empleo informal, el que no aporta fondos para cesantía en edad avanzada y vejez (CEV), sobrepasa al empleo formal. En 2020 hubo una reforma para aumentar el fondo de CEV, que era de 6.5 por ciento del salario base de cotización (SBC) para que en 2030 sea de 15 por ciento, serían los patrones quienes subirían anualmente su aportación hasta llegar a 13.875 por ciento en 2030, los trabajadores seguirán aportando 1.125 por ciento del SBC y el gobierno su cuota social para cubrir las aportaciones de los trabajadores que ganan menos de 4 unidades de medida y actualización, las UMA, que hoy es de 115.37 pesos diarios. La reforma fue para subir las aportaciones de los patrones, no la de los trabajadores y darle viabilidad financiera al régimen de pensiones.
El IMSS es la institución de seguridad social más importante de México, le da servicio a 60 por ciento de la población en calidad de derechohabientes y 52 por ciento de los trabajadores asegurados están ahí inscritos. Fue precisamente en esa emblemática institución donde se trasmutó la pensión solidaria en una sistema de cuentas individuales, el punto de quiebre fue el 1 de julio de 1997 y, desde entonces, en materia de pensiones y jubilaciones, rigen dos leyes, la de 1973 aplicable a quienes ingresaron a trabajar antes de julio de 1997, y la Ley de 1997, que norma las pensiones y jubilaciones de quienes ingresaron a trabajar con esa fecha y cuyo fondos para la CEV, entre otros, serán administrados por empresas privadas y los reintegrarán al trabajador cuando se jubile; ya no hay pensión vitalicia ni heredable a los dependientes económicos, la pensión finiquita con la extinción de la cuenta individual; que es finita y se puede entregar en su totalidad o a plazos.
Para quienes ingresaron a trabajar antes del 1 de julio de 1997 y estuvieran desempleados después de la fecha mencionada, el IMSS creó el programa de continuidad voluntaria al régimen obligatorio del IMSS, mejor conocido como Modalidad 40 y aplica a quienes han cotizado al menos 52 semanas y estuvieron desempleados en los últimos cinco años; ellos pueden inscribirse al IMSS aportando la cuota obrero–patronal correspondiente al último salario devengado en el momento de causar baja u otro más alto; por su parte, el Estado aportará la cuota social que le corresponda.
Como la ley lo permitía, la mayoría de los inscritos al IMSS en la Modalidad 40 en 2024 se inscribieron con un SBC cinco veces más alto con relación al percibido al momento de causar baja (Auditoría Superior de la Federación. La Jornada, 22/10/2026, página 4). Situación que se repitió en los años posteriores. La frecuencia de estos hechos, sustentados muchos de ellos en prácticas fraudulentas, motivó que el IMSS presentará 115 denuncias contra empresas privadas (La Jornada, 25/10/2026, página 5); por su parte, el Consejo Técnico del IMSS acordó (10/10/2026) que las personas que en lo sucesivo se inscriban en la Modalidad 40, deben limitar el aumento del SBC a una UMA (115.37 pesos diarios), que no se pueden pagar cuotas atrasadas, sino a partir de su inscripción a la modalidad 40 y que todas las personas que ya están inscritas en dicha modalidad conservan sus condiciones hasta concluir el periodo contratado.
La cuestión de fondo son los pasivos contraídos que limitan el ejercicio del gasto público cuando se requiere ampliarlo para promover el crecimiento económico. La deuda pública del año entrante se estima en 55 por ciento del PIB y el costo de su servicio será de 4 puntos del PIB; a la inversión pública se destinará 3.3 puntos del PIB; a programas sociales 2.6 puntos y a jubilaciones y pensiones 4.6 puntos del PIB, estos cuatro programas equivalen a 14.5 puntos del PIB y a 54.2 por ciento del gasto total. Hay poco margen de maniobra en el gasto público y los pasivos pensionarios, que van a la baja (49 puntos del PIB en 2017, 37 puntos del PIB en 2026), se pueden colapsar, en parte, por los SBC elegidos por los recién inscritos en la Modalidad 40, por otra, por las seculares y generosas pensiones vitalicias de la CFE y de Pemex. Pero el problema no está en las pensiones solidarias, sus usufructuarios agotaron o están por lograrlo, su esperanza de vida al nacer. El problema latente son los trabajadores activos que no tendrán pensión por CEV, o de tenerla, expirará, en el mejor de los casos, a los siete años de jubilarse, cuando todavía le quedan otros tantos años de vida.
Las pensiones y jubilaciones están asociadas al trabajo formal (el que paga cuotas de seguridad social) y a su cualificación. En promedio, 18.5 por ciento de los hogares percibieron ingresos por pensión y jubilación(IPJ) en 2024 (Inegi.ENIGH) y este representó 8 por ciento del ingreso corriente del hogar. En los deciles que percibieron mayores ingresos (IX y X), los hogares que recibieron IJP fueron 29 por ciento, en tanto que en lo deciles de menores ingresos (I y II), los hogares que percibieron ese tipo de ingresos fueron 8.5 por ciento. El IJP está más polarizado que el ingreso corriente, la relación entre el decil X y el decil I en ingreso es de 14 tantos y la de IJP es de 47.7 veces. El problema de las pensiones no es tanto de los hogares de la población pobre, sino de los que, por sus ingresos, pueden considerarse media alta o alta y estos grupos tienen acceso a medios de comunicación, se hacen notar y defienden cualquier disminución de su poder de compra.
Una de las reformas al régimen de pensiones y jubilaciones en curso es la de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) y por su impacto negativo en los ingresos de los académicos, es plausible que la rechacen. Es un convenio signado por el representante de la Asociación Sindical el Personal Académico de la BUAP y la rectora de esa institución y para surtir efectos legales, debe ser aprobado en votación presencial por la mayoría de los académicos.
Básicamente propone cinco modificaciones al contrato colectivo de trabajo vigente (CCT) de los trabajadores académicos: cambio en el salario base de cotización (SBC) y en el salario regulador de la pensión (SRP), aumenta la cuota de aportación del trabajador del régimen pensionario, disminuye los días de aguinaldo y la antigüedad laboral la cambia por años cotizados.
Antes de 2003 los trabajadores académicos de la UAP solo pagaban 2 pesos a la quincena por servicios bancarios. Con Enrique Doger el sindicato de los académicos firmó un convenio para que estos trabajadores aportaran 3 por ciento de su salario base para constituir el Fondo de Pensión y Jubilación (FPJ), la cuota subiría cada año un punto hasta aportar 8 por ciento en 2008. En 2007 se firma otro convenio, esta vez con Enrique Aguera, para destinar 4 por ciento a seguridad social y darle funcionalidad al Hospital Universitario, con lo cual la aportación del trabajador al FPJ quedó en 3 por ciento, en 2008 dicho fondo subió a 4 por ciento y hasta el momento ese es el porcentaje aportado. Ahora se pretende que cada año dicho fondo suba un punto del SBC hasta llegar a 15 por ciento en el año 2037.
Actualmente las aportaciones al FPJ y seguridad social se calculan sobre el salario base o tabulado. A este ingreso, se agrega lo percibido por antigüedad, prima vacacional y canasta básica, es el llamado SBC, que es por lo menos, 60 por ciento más alto que el salario tabulado cuando se tienen los requisitos para jubilarse. Si el porcentaje de aportación del trabajador al FJP no cambiara (4 por ciento), el cotizarlo sobre el SBC y no sobre el salario tabulado, significa ya un aumento del 1.5 por ciento en la aportación.
Según el CCT vigente en la UAP, la pensión se otorga con base en el SBC, la propuesta del Convenio en curso es que el SRP sea el 85 por ciento del SBC. Actualmente el aguinaldo es de 90 días para todos, el Convenio propone 75 días para trabajadores activos y 40 días para trabajadores pasivos. Ahora la antigüedad laboral para el retiro es de 35 años, el Convenio propone 35 años cotizados y, como ya mencionamos, la cotización inició la segunda quincena de febrero de 2003, por lo que este requisito se logrará en 2037 y en estos momentos hay al menos 885 académicos que tienen los 35 años trabajados y solo 24 años cotizados. (Germán Sánchez Daza. Sustentabilidad financiera a costa de las pensiones universitarias. Nuestro Mundo. Octubre 2026)
La reforma, de aprobarse, no surte efecto sobre los trabajadores que, según el CCT vigente, tienen ya los requisitos para jubilarse (17 % del total de académicos activos) ni sobre los actualmente pensionados.
Los salarios contractuales perdieron poder adquisitivo durante el neoliberalismo, entre ellos, los de los académicos de la UAP. Para compensar ese deterioro, se otorgaron diversos estímulos al quehacer académico cuyo monto es igual o superior al SBC, dichos estímulos se pierden al jubilarse, esa es una de las razones para no hacerlo. El SRP del Convenio es inferior al SBC, a las que se le deducirá la aportación de 15 por ciento para FJP y del 4 por ciento para seguridad social, lo que vuelve a mermar la pensión. Durante su vida activa, el Convenio adiciona una merma de 15 por ciento al SBC y ya jubilado, de 30 por ciento. Quizá una propuesta de aportación máxima del 10 por ciento al FJP y de igualdad entre SBC y SRP tenga mayor viabilidad. De lo contrario, las unidades académicas pueden tornarse unidades de cuidados intensivos ante la negativa de los académicos a jubilarse.
