La oferta nativa de granos básicos es menor al consumo nacional: anualmente producimos 200 kilos de maíz por habitante y consumimos 300 kilos; dos kilos de arroz son generados y consumimos 10 kilos; generamos 37 kilos de trigo y consumimos 55, y de frijol producimos 10 kilos cuando nuestro consumo anual por persona es de 12 kilos. El déficit en la producción lo cubrimos comprando alimentos de las empresas trasnacionales, mismas que fijan precios especulativos a sus productos, con lo cual genera una mayor dependencia alimentaria y un creciente déficit en balanza agropecuaria.
El incremento de precios de los granos básicos es superior al del ingreso de la mayoría de la población, y partes crecientes del gasto de las familias de menores recursos se canalizan a la adquisición de alimentos, lo que disminuye el gasto en otras áreas, como salud, educación, vivienda, transporte y comunicaciones. El Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social estima que entre el primer semestre del año 2005 y el mismo periodo del año 2012, los ingresos laborales en México han perdido 23 por ciento de poder adquisitivo, si el deflactor utilizado para tal propósito es la canasta básica de alimentos: a uno de cada cinco mexicanos le es insuficiente el ingreso para adquirir los alimentos necesarios para su reproducción.
Aumentar la oferta nativa de alimentos y garantizar un precio de los mismos acorde a nuestro ingreso es una prioridad nacional. Requerimos políticas de fomento agropecuario que generen volúmenes crecientes de producto sin deterioro de los recursos naturales empleados, y que al mismo tiempo les reditúen a los productores un ingreso suficiente para una vida digna. Los alimentos generados, además de nutrir, deben corresponder a las preferencias del consumidor y tener un precio accesible. Hay suficiente evidencia de que los precios internacionales de los alimentos tienden a incrementarse en mayor proporción que otro tipo de bienes, ya sea por especulación, ya por cambios en el clima o por aumento de la demanda; también hay suficiente información de que los incrementos del precio de los alimentos se transfieren al consumidor final y deterioran su poder adquisitivo. El fomento a la producción de alimentos y su distribución a precios concordante al ingreso exigen un gasto público incrementado y un poder de compra magnificado, ya sea por incrementos nominales al ingreso superior al de la inflación o por transferencia de recursos vía precios. Incrementar el gasto público para fomentar el crecimiento económico y una mayor recaudación fiscal es una definición prioritaria de política económica.
