Durante el sexenio de Felipe Calderón la producción de bienes y servicios por habitantes no se modificó: terminó su sexenio con un producto generado de 81 mil 389 pesos constantes del año 2003. En seis años, la economía creció tanto como la población. El saldo de esa administración es trágico: el desempleo abierto incluye a uno de cada cuatro personas económicamente activas; la población con ingresos insuficientes para adquirir una canasta básica de alimentos, cubrir gastos básicos de salud y educación, así como los de vestido, vivienda y transporte, aumentó en 12 millones 800 mil en tan sólo cuatro años (2006-2010); más de la mitad de las entidades de la República son inseguras: no recomendable para recibir turismo ni para habitar en ellas; el saldo de la compra y venta de bienes y servicios con el exterior es negativo; se renuncia al déficit público para promover el desarrollo, y la democracia formal en su más elemental expresión de asepsia y respeto a la voluntad ciudadana no se observó. La administración de Enrique Peña Nieto deberá atender con prontitud y eficacia el legado de su antecesor.
El exceso de gasto sobre el ingreso público es usualmente utilizado para fomentar el crecimiento de la economía, la creación de empleo y el aumento de la masa salarial, y con ello de la demanda de bienes y servicios. Se complementa con acciones de fomento de la banca central, un uso estratégico de la renta petrolera y una política redistributiva del ingreso. El déficit público no es necesariamente inflacionario y expandirlo en lugar de sanearlo propicia desarrollos de largo plazo con equidad y justicia. El déficit comercial con el exterior destruye planta productiva y fuentes de empleo; no podemos depender eternamente de la importación de todo tipo de bienes de consumo; requerimos generar internamente los de carácter semiduradero y los de la canasta básica de alimentos; en esa perspectiva, revisar los acuerdos y tratados comerciales.
La distribución del ingreso es altamente regresiva: unos cuantos poseen mucho y demasiados tienen muy poco: el 10 por ciento de los hogares más ricos tiene 19 veces más ingresos que el 10 por ciento de los hogares más pobres. Revertir esa situación es una prioridad que no se resuelve con la universalización de los servicios de salud y los educativos de nivel medio superior. Gravar al capital especulativo, mayores tasas tributarias al capital, regular el funcionamiento de la banca y garantizar el acceso físico y económico de la población a bienes que los alimenten y nutran se hace necesario. La banca central debe asumir funciones no sólo de control de precios, sino de fomento al desarrollo. Es insultante que 51 por ciento de la población viva en condiciones de pobreza y los funcionarios públicos se otorguen salarios que no corresponden a la estructura salarial ni al trabajo que devengan. La relación salarial se flexibiliza y se precariza el salario mientras los presidentes de la República se autoasignan ingresos y prestaciones a perpetuidad. Si un sexenio de antigüedad laboral es la norma para devengar salario y prestaciones a perpetuidad como si estuvieran activos, dicho precepto debe generalizarse a la población ocupada y no modificar la Ley Federal del Trabajo negando las más elementales prestaciones laborales. Generar una tasa de ocupación similar a la demanda exige crecimientos del producto mayores a 6 por ciento, y esto necesariamente requiere un rol protagónico de la inversión pública, no una política de despilfarro e ineficiencia administrativa.
Los dos últimos procesos electorales para renovar al Ejecutivo federal fueron fraudulentos, y los órganos electorales creados para generar certeza y certidumbre a los comicios los convalidaron. Enrique Peña Nieto asumirá la presidencia en condiciones obvias de ilegitimidad y de subordinación a los poderes fácticos: los que lo ungieron para el cargo. El contexto en que asume la presidencia lo obliga a establecer estrategias y políticas para atender urgentemente los problemas de desempleo, desigualdad, déficit en cuenta corriente, déficit presupuestal y los básicos de una democracia procedimental. No es el IVA generalizado a los alimentos y medicinas lo que debe impulsar, sino gravar al capital rentista, el que expolia nuestros excedentes y limita la formación bruta de capital y la generación de demanda efectiva.
