La producción de energía primaria en México en 2011 fue 15 por ciento superior al consumo nacional; las importaciones de energía aumentaron más que proporcionalmente a las exportaciones, aun así, todavía hay un saldo positivo en términos de energía, el cual podría ser más elevado si hubiera la determinación del Ejecutivo federal de incrementar la producción doméstica de gasolina y gas. Cabría esperar que la reforma energética se orientara a abatir las importaciones de gas y gasolina, ya sea por la edificación de la tan prometida refinería Bicentenario; por la promoción de fuentes energéticas sustentada en recursos renovables y/o una política energética sustentable; en su lugar, lo que se ofrece es devolverle a las empresas extranjeras el control en la extracción, exploración y transporte de gasolina y gas, y en la producción de derivados básicos de los hidrocarburos, actividades exclusivas de Pemex según la Constitución.
La propiedad de la Nación sobre el subsuelo, la exclusividad de las empresas públicas para la extracción y procesamiento de los hidrocarburos, y la renta petrolera (equivalente a 40 por ciento de los ingresos tributarios) han permitido financiar el gasto público y el abasto oportuno de hidrocarburos para generar la energía para la producción de bienes y servicios (PIB): 89 por ciento de la energía primaria producida en México se sustenta en gas, carbón y petróleo. La futura extracción de petróleo en aguas profundas y de gas shale (esquisto o lutita) será a costos unitarios más elevados, lo que reducirá la magnitud de la renta petrolera, la cual además habría que compartir con las empresas privadas; hoy la renta petrolera es de ocho puntos del PIB, con la Asociación de Pemex con las empresas extranjeras, 5.6 puntos del PIB serían para el Estado y 2.4 puntos para las empresas extranjeras. El ingreso público menguaría y, para compensarlo, el Ejecutivo federal pretende aplicar el Impuesto al Valor Agregado a los alimentos y a las medicinas, lo que deteriora aún más el ingreso, en especial, de 15 millones de familias que no logran satisfacer a plenitud sus necesidades básicas.
Las reservadas probadas de petróleo sólo garantizan 10 años de producción; desde hace seis lustros la tasa de explotación de petróleo es más intensa que la tasa de crecimiento de dichas reservas. Desde una perspectiva sustentable y de planeación económica de largo plazo, lo sensato sería disminuir la intensidad en la producción de hidrocarburos y orientar la producción hacia el consumo interno, el cual debería de abatirse a través de un uso más eficiente del energético y por la generación de energía renovables, consideraciones no registradas en el Plan Nacional de Desarrollo ni en el proyecto de reforma energética que Enrique Peña Nieto le esbozó a la prensa inglesa. La asociación de Pemex con empresas privadas implica cambios constitucionales con repercusiones inmediatas en el presupuesto de ingresos y egresos de la Federación y en la dieta de millones de mexicanos. Lo menos que puede hacer Enrique Peña Nieto es alentar un debate nacional sobre dicha privatización y legitimar los cambios a la Carta Magna a través de un referéndum: se privatiza o no Pemex.
